Argentina escribe el manual del perfecto “chanta”
Nelson Fernández Salvidio : El gobierno argentino no tiene límites en el ejercicio de la distorsión de los hechos y el uso de la mentira

ElPolitico

Es para ciencia política; la Cancillería de Argentina acaba de publicar todo un capítulo de un ‘manual del perfecto chanta’ (chanta es una expresión del cono sur de América para referirse a personas de escasa credibilidad), y aunque eso puede parecer simpático y de bajo impacto, en realidad se trata de un asunto muy grave.
Miente, miente, que algo queda. Así se maneja el canciller de un gobierno que miente en la inflación, que miente en el precio real del tipo de cambio, que miente cuando dice que cumple los tratados internacionales de comercio. Uruguay prioriza el buen relacionamiento, pero la falta de logros en esa estrategia, le complican su postura, incluso en la interna del oficialismo.
Es increíble que Uruguay y Argentina estén trenzados en estos días en una guerra de comunicados ajenos a los problemas que vive cada país, y que pierdan valiosísimo tiempo en analizar una carta y responderla, mientras los temas centrales de la relación bilateral, quedan estancados.
El gobierno de Cristina Fernández apeló a un mecanismo que dificulta a la administración de José Mujica la definición de una estrategia para contrarrestar.
Es que el actual gobierno de Argentina no tiene límites en el ejercicio de la distorsión de los hechos y en el uso de la mentira.
Y como si esto fuera poco, apela al chantaje público y a la extorsión, embarrando la discusión con asuntos que no tienen nada que ver con los problemas bilaterales, y que buscan mediante ataques personales y a la moral de funcionarios, asustar a cualquier otro que quiera contradecirlos.
No es una visión uruguaya ni una mirada contemplativa del país chico frente al grande; nada de eso.
Los dos gobiernos del Río de Plata están enfrentados por asuntos vinculados a la navegabilidad en sus ríos compartidos, en el uso de puertos como plataforma de comercio exterior, en temas energéticos y directamente en relaciones comerciales.
Pero el canciller Héctor Timerman, que ha jugado fuerte y sucio, saca comunicados en los que provoca confusión y apunta a la persona del jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, Francisco Bustillo, porque justamente fue este funcionario quien dejó constancia por escrito de todas las maniobras hechas por la delegación argentina en la comisión que administra el Río de la Plata (CARP).
Bustillo no había hecho pública denuncia alguna, pero ante cada operación argentina para favorecer a una empresa, frente a alguna extorsión o ante propuestas deshonestas, el diplomático lo hizo constar en las actas de la comisión o lo reportó por escrito a sus superiores, sean el canciller o el presidente de la República.
Eso trascendió lateralmente y fue la propia Argentina que en sus maniobras de confusión, cayó en su propio enredo y forzó a que el caso se hiciera público y formal.
Ante los trascendidos y un desliz de uno de los políticos de mayor confianza de Mujica, Timerman se golpeó el pecho y pidió que se hiciera una auditoría para despejar dudas.
El “desliz” fue casual, aunque en Argentina creyeron que había sido a propósito. En realidad, el gobierno de Mujica maneja bastante mal la comunicación pública y las expresiones “en on” y “off the record”, y en Montevideo no asombra esas cosas.
En el caso en particular de los trascendidos sobre soborno para favorecer a una empresa holandesa en las obras del canal Martín García del Río de la Plata, el “embajador itinerante” Julio Baraibar le quiso restar importancia y en una radio dijo que ese hecho era viejo y que todos lo conocían. Y dio algún detalle más.
Obviamente con eso no le restó trascendencia. Y fue lo que motivó que Argentina dijera que era necesario investigar.
Lo hicieron los dos países con sus órganos de contralor de la administración pública.
El de Argentina dijo que estaba todo bien.
El de Uruguay, con la mayor diplomacia posible, concluyó que la delegación argentina había dilatado los procesos de llamado a licitación y que eso había perjudicado los intereses de los países y favorecido a una empresa, entre otras observaciones.
Es llamativo como dos organismos de contralor llegan a conclusiones tan diferentes luego de analizar los mismos documentos e interrogar a los mismos funcionarios.
El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) entendió que no había indicios claros para una denuncia penal, aunque eso no fuera necesariamente por considerar que estaba todo bien, sino porque las irregularidades se habían cometido en Buenos Aires y los involucrados no eran los uruguayos, de los que dijo que actuaron ajustados a las normas y en defensa de la transparencia de los negocios con privados, sino que eran argentinos y diplomáticos, que tenían inmunidad diplomática.
El gobierno de Mujica quedó conforme con el fallo, porque no quiere más lío con Argentina sino que quiere que se hagan las obras de profundización del dragado porque en materia de navegación, Uruguay está en desventaja con su vecino país por la demora de esa ampliación.

Quedaba claro que había irregularidades, pero no por los uruguayos, y no había compromiso de llevar el caso a la justicia para enojar más a los argentinos.

Pero aunque la administración Mujica no llevara el caso a un juez, la justicia ha tenido que actuar porque un privado hizo una denuncia por su cuenta. Se trata de un abogado vinculado a sectores de izquierda radical, contrarios al gobierno, que periódicamente presenta denuncias contra el Estado.
El Juzgado del Crimen Organizado tomó la causa y activó una investigación. Como los documentos están en Buenos Aires porque ahí es la sede de la CARP, el juez pidió por exhorto la información de las reuniones de ese organismo. Lo pidió a la Argentina, no al gobierno uruguayo.
Pero para confundir las cosas, Timerman emitió una declaración en la que se reconfortó porque Uruguay –en su entender- iba a enviar el informe a la Justicia y en ese comunicado enredó todo con una vieja investigación en Buenos Aires sobre importación de vehículos, en la que estuvo involucrado Bustillo porque era embajador uruguayo en ese país, pero la causa fue archivada.
El gobierno de Mujica sabía que Argentina venía presionando (¿chantajeando?) al embajador Bustillo –jefe de gabinete del actual Ministerio de Relaciones Exteriores y presidente de la CARP- para que cediera a las pretensiones de los delegados de Timerman. Todo eso figura en las actas.
Este fin de semana se acabó la amenaza y se concretó la operación enchastre.
Mujica había definido una estrategia de baja tensión, sin seguir respondiendo las cartas públicas que día por medio divulga Timerman.
Empero, dentro del gobierno crece el malestar y la sensación de que no se puede seguir callado, porque además Cristina Fernández no da nada al Uruguay.
El comercio sigue trancado pese al acuerdo de libre comercio y las exportaciones uruguayas entran al mercado argentino por un embudo de pico fino y arbitrario.
La relación comercial de servicios se ha visto seriamente afectada por las restricciones argentinas a la venta de moneda extranjera.

Las obras que Uruguay tiene pendiente en el Puerto de Nueva Palmira sobre el Rio Uruguay, siguen frenadas por veto argentino y se corre el riesgo de perder millonarias inversiones y de complicar la salida de productos agrícolas por esa vía.
El acuerdo para comprar energía a Paraguay sigue sin llevarse a cabo porque Argentina no autoriza el pasaje de electricidad por su red, aun cobrando un peaje interesante por ello.
Las negociaciones por una planta regasificadora se fueron complicando en el tiempo y Uruguay perdió tiempo para concretar esa obra.
Y además, este fin de semana, Argentina elevó una protesta nueva sobre la planta de celulosa de Fray Bentos que generó un conflicto en el cual militantes oficilistas de ese país, bloquearon durante años un puente internacional. Argentina acusa de “contaminación”, pero los dos países hacen cada mes un monitoreo ambiental conjunto, cuyo resultado es examinado en Canadá por científicos independientes, y eso concluye que el resultado de las aguas del río da excelente. Ya llegaron 13 resultados mensuales y cada mes, la delegación de Argentina veta la divulgación del informe para que no se sepa que no hay contaminación.
Mujica mantiene la paciencia. En su gobierno crece el malestar ante los chantajes y la concreción de ataques. La oposición presiona al oficialismo para que sea más firme ante el kirchnerismo.
Argentina se golpea el pecho y se viste con la ropa del indignado que quiere transparencia. Pero justamente las actas de la comisión binacional dejan en claro que los uruguayos se aferraron al cumplimiento de lo jurídico y a la defensa de la transparencia, y que los argentinos hicieron todo lo contrario.
Todo está en papel, en letra negra sobre papel blanco.
FUENTE: Publicado en www.elpolitico.com