Vergüenza sin fin. Cobraban tratamientos a MUERTOS y a NO NACIDOS

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"Les va a costar dibujar que un muerto cobre por un tratamiento". Esas fueron las palabras del diputado radical Manuel Garrido cuando presentó junto al senador José Cano una denuncia penal contra siete funcionarios, entre ellos la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, Liliana Korenfeld, por la administración fraudulenta de los fondos de la APE (administración de programas especiales).
Por la tarde del viernes, el diputado nacional de la UCR Manuel Garrido -junto al senador correligionario José Cano- presentó una denuncia penal contra siete funcionarios kirchneristas por el supuesto delito de administración fraudulenta en torno a la APE, organismo que controla los fondos destinados a los tratamientos de alta complejidad de las obras sociales de los sindicatos.
Se trata de Liliana Korenfeld, actual superintendenta de Servicios de Salud; su antecesor Ricardo Bellagio; el ex director del Hospital Argerich Donato Spaccavento; el gerente general de APE, Martín Alves; Alejandro Ferrari, Angel David Aragón y Cristian Asorey.
"La denuncia se presenta en base a las irregularidades que muestra el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). La verdad es que algunas son sorprendentes, como la atención médica a personas que no nacieron o que ya murieron; o la comprobación de tratamientos contra troqueles de medicamentos que no son legítimos", aseguró Garrido, en diálogo con la Web La Política Online.
El ex fiscal de Investigaciones Administrativas detalló que "los niveles de irregularidades son altísimos, y más teniendo en cuenta que los casos tomados por AGN fueron al voleo". En la denuncia se adjuntan muchos casos como ese. Y otro de los números que encienden todas las luces de alerta es que los gastos en enfermedades crónicas -como HIV, Hemofilia y discapacidades- tienen oscilaciones más que significativas.
"Se supone que ese tipo de patologías son más o menos regulares a lo largo de los años. No hay un aumento explosivo o una disminución tan sensible de los casos de HIV o hemofilia de un año para el otro. Y los números de los fondos que liberó la APE muestran otra cosa", afirmó Garrido.
Según los denunciantes, "es evidente que ese dinero que se saca de las arcas del Estado terminó siendo una fuente de financiamiento para los sindicatos y para cuestiones políticas, y no para la salud de los trabajadores. Por eso les cabe la figura de peculado -desvío de fondos-, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Garrido concluyó: "Estos delitos tiene una pena máxima de hasta 10 años de prisión. Pero sabemos cómo funciona la Justicia en la Argentina. Cayó en el juzgado federal 12, a cargo de Sergio Torres. Lo importante será el rol del fiscal. Hasta hace poco, estaba a cargo de Luis Comparatore. La verdad es que les será muy difícil dibujar que un muerto cobre por un tratamiento".
FUENTE: Publicado en www.pdeqdigital