Prácticamente, todas las provincias reclaman una revisión del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y todas ellas aspiran a una mayor porción de la torta.
Desde la reforma constitucional de 1994,
el eje de los reclamos provinciales pasa por lograr una nueva Ley que
amplíe su parte de la distribución primaria, en desmedro de la porción
del gobierno nacional. Sólo la provincia de Buenos Aires hace explícita
su aspiración a aumentar su porcentaje en la distribución secundaria,
reduciendo así el de todas las demás provincias. Se fundamenta para ello
en que el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense se ha
erosionado al quedar fijo y no ajustarse con la inflación.
La situación fiscal se ha agravado por
igual en la Nación, las provincias y los municipios. Todos han aumentado
notablemente su gasto y han exprimido al máximo el potencial tributario
de sus propios contribuyentes.
Ni el gobierno nacional ni los
provinciales parecen estar en condiciones de ceder una parte de sus
recursos ni tampoco es posible aumentar una presión tributaria que ha
llegado a niveles inéditos, mayor que la de cualquier país comparable.
El gasto público global en la Argentina ha pasado de 30% del Producto Bruto antes de 2002, a 43% actualmente. Parece así políticamente inviable una modificación de la coparticipación que resulte en una redistribución por modificación de los porcentajes de distribución primaria (entre Nación y provincias) y secundaria (entre las provincias). Desde 2003, el gobierno nacional se ha manejado mañosamente para aumentar recursos no coparticipables y que, por lo tanto, ha dispuesto de más fondos para su gasto y también para distribuir discrecionalmente entre los gobernadores afines. Los derechos de exportación que no son coparticipables, a excepción reciente de 30% de los de la soja, han sido un puntal fundamental de la recaudación.
El gasto público global en la Argentina ha pasado de 30% del Producto Bruto antes de 2002, a 43% actualmente. Parece así políticamente inviable una modificación de la coparticipación que resulte en una redistribución por modificación de los porcentajes de distribución primaria (entre Nación y provincias) y secundaria (entre las provincias). Desde 2003, el gobierno nacional se ha manejado mañosamente para aumentar recursos no coparticipables y que, por lo tanto, ha dispuesto de más fondos para su gasto y también para distribuir discrecionalmente entre los gobernadores afines. Los derechos de exportación que no son coparticipables, a excepción reciente de 30% de los de la soja, han sido un puntal fundamental de la recaudación.
Tampoco se coparticipan los aportes de
la ANSeS ni los del Banco Central o sea, el llamado impuesto
inflacionario. Hoy, el Tesoro Nacional se financia con estos fondos,
mientras las provincias los miran de afuera.
La Fundación Libertad y Progreso tiene
una propuesta de modificación de la Coparticipación Federal que consiste
en que las provincias debieran ser en su conjunto responsables de
recaudar los impuestos necesarios para cubrir todo su gasto y que la
Nación retenga sólo el cobro de impuestos para cubrir el suyo. Esto es
posible devolviendo potestades tributarias a los gobiernos provinciales.
Así, las provincias recaudarían los
impuestos que actualmente disponen, más el Impuesto a las Ganancias de
personas físicas, el de Bienes Personales, Combustibles e impuestos
Internos. El gobierno nacional retendría el IVA, Ganancias de personas
jurídicas e impuestos al comercio exterior. De esta forma, recaudaría
aproximadamente lo que hoy le deja la distribución de fondos de la
Coparticipación Federal y lo mismo sucedería para el conjunto
consolidado de las provincias.
La correspondencia fiscal plena (cada
provincia recauda lo suyo) tendría el severo inconveniente de dejar de
lado el efecto redistributivo hacia las provincias más pobres. Esto se
resolvería mediante un Fondo de Redistribución al cual aportarán las
provincias el producido del impuesto a los combustibles. El criterio de
distribución de este Fondo será que no se altere cuantitativamente la
actual situación en el empalme con el nuevo sistema. Esta estructura se
mantendrá inalterada y todo aumento del gasto de una provincia tendrá
que tener como contrapartida un aumento de sus propios impuestos,
mientras que el endeudamiento estaría estrictamente regido por las
reglas macrofiscales que la misma Ley establecería. Si un gobernador
deseara ganar el rédito político de un aumento del gasto, debería
también enfrentar el costo político de aumentar los impuestos.
La ventaja de un régimen de este tipo
será la supresión del crónico conflicto Nación-provincias, el correcto
alineamiento de incentivos para reducir y hacer más eficiente el gasto
público, un mejor control de la evasión y la creación de un más efectivo
control horizontal entre las provincias.
Fuente: Publicado en Libertad y Progreso http://www.libertadyprogresonline.org/2013/10/21/coparticipacion-una-torta-de-la-que-todos-quieren-mas-y-una-propuesta-para-que-cada-provincia-recaude-lo-suyo/
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