“Los 14 periodistas asesinados en Latinoamérica durante el último semestre – una de las cifras más altas de los últimos 20 años –, la confiscación secreta de archivos de llamadas a reporteros de The Associated Press por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como el acaparamiento de medios de comunicación por parte de gobiernos autócratas, la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador y la persistente carencia de acceso a la información pública en varios países fueron, entre otros, los mayores escollos para la libertad de prensa en el hemisferio occidental durante el último semestre.”"La asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada del 18 al 22 de octubre en Denver, Colorado, condenó el asesinato de 14 periodistas; tres en México, dos en Brasil, dos en Colombia, dos en Guatemala, dos en Haití y uno respectivamente en Ecuador, Honduras y Paraguay. Expresó también su total rechazo a la prescripción de 17 casos de asesinatos de periodistas (cinco en Colombia y 12 en México) por considerar que la impunidad y la acción de poderes judiciales débiles o sometidos son los motores generadores de la violencia.
"También durante este período tres periodistas debieron de abandonar Colombia y Honduras por amenazas y dos periodistas extranjeros fueron expulsados por el gobierno de Nicaragua.
"La SIP compartió la preocupación de organizaciones estadounidenses afines sobre el rumbo de la libertad de prensa en este país, sacudido por las revelaciones de espionaje contra periodistas e individuos. Así lo transmitió el presidente de The Associated Press (AP), Gary Pruitt, al manifestar ante la asamblea cómo el temor a la vigilancia gubernamental ha generado autocensura entre algunas de sus fuentes.
"La organización de la prensa hemisférica insistió que el Congreso de EE.UU. sigue mostrando resistencia a tramitar una ley de protección a la reserva de la fuente que evite el encarcelamiento de periodistas e instó al Departamento de Justicia a cumplir a cabalidad con las recomendaciones presentadas por delegaciones de la SIP que visitaron Washington, D.C. en los últimos años.
"Se observa con preocupación el acceso limitado a la información pública, un escollo para el trabajo periodístico en países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela, entre otros, mientras tanto en algunos países se carece de leyes de acceso a la información e impera una cultura gubernamental de secreto en la que, como ejemplo, los presidentes y funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela, se niegan a ofrecer entrevistas o conferencias de prensa.
"La libertad de prensa también se vio afectada por la coacción económica en diversas formas, como la adquisición masiva de medios de comunicación por parte de los gobiernos, ya sea directamente o a través de personas afines a los mismos en Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Argentina, para convertirlos no en medios de función pública sino que en herramientas de propaganda partidista e ideológica. Esta coacción se manifiesta también con actitudes de discriminación en la pauta de publicidad oficial contra medios independientes.
"En Venezuela, la discriminación oficial llega a la no autorización de divisas para la importación de insumos que no se fabrican en el país, como el papel. En el caso de Argentina, se registró una presión oficial a los avisadores para ocasionar perjuicio económico a esos medios. Otra herramienta restrictiva en Argentina, la ley de medios, está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que puede receptar los principios internacionales en la materia.
"Asimismo, en países como Colombia, Panamá y Brasil, entre otros, se aprecia una creciente industria de juicios y demandas judiciales como forma de acoso a los medios de comunicación.
"En Ecuador se constituyó la forma más severa de censura con la vigencia, a partir del 25 de junio, de la Ley Orgánica de Comunicación que crea dos instituciones del Estado, un consejo y una superintendencia, que sirven para controlar y censurar los contenidos de los medios, además de obligar a estos a autorregularse.
"En Cuba, como lo especificó Yoani Sánchez, las reformas económicas en esa nación no han ido acompañadas de un mejoramiento de la libertad de prensa que, por el contrario, se ha visto agravada por una represión constante y detenciones arbitrarias de periodistas.
"Finalmente, la Asamblea General reiteró varias veces la necesidad de enfrentar los embates de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), en su empeño por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es blanco de ataques permanentes.
"La Asamblea General destacó que durante este período la SIP ha apoyado el fortalecimiento del sistema interamericano mediante gestiones directas con jefes de Estado y representantes diplomáticos ante la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
SIP pide a la Argentina dejar de presionar a medios mediante publicidad oficialLa Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó hoy al Gobierno argentino a dejar de "discriminar" a medios en su sistema de asignación de publicidad oficial y aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del país favorece la "censura indirecta"
La asamblea general de la SIP, reunida desde el viernes en Denver (Colorado, EE.UU.), aprobó dos resoluciones publicadas hoy y relativas a Argentina.
La primera de ellas sostiene que "el Gobierno argentino sigue agravando su modelo de distribución arbitraria de la publicidad oficial, desconociendo fallos judiciales de la Corte Suprema que lo obligan a hacerlo respetando pautas objetivas y razonables para no afectar a la libertad de expresión".
Por tanto, la SIP instó "al Gobierno argentino a que cese en sus prácticas discriminatorias en materia de asignación de publicidad oficial, respetando criterios objetivos y equitativos" y no usando "los recursos públicos como sistema de premios y castigos".
Subrayó la necesidad de que el Congreso argentino sancione "una ley que, de acuerdo con estándares internacionales, regule la asignación de publicidad oficial", y aseguró que en el plano de los anunciantes privados existe un "cepo publicitario" desde "hace más de 8 meses".
Ese "cepo" está "derivado de las presiones del Gobierno a anunciantes privados para que se abstengan de pautar avisos en medios independientes", de acuerdo con la SIP, que repudió "la actitud de las compañías globales, regionales o argentinas que aceptaron ser sometidas a esas inadmisibles presiones".
"La SIP resuelve instar al sector privado a ser consecuente con los principios de libertad de expresión y libre competencia, resistiéndose a ser partícipe de medidas reñidas con los mismos", apuntó.
En una segunda resolución, la SIP aseguró que desde que se aprobó hace cuatro años la "Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como ley de medios, se ha producido en dicho país un creciente proceso de control oficial de medios de comunicación".
Aseguró que dicha ley "entraña supuestos de censura indirecta en los términos del Pacto de San José de Costa Rica, ya que afecta a la sustentabilidad de los medios privados" y "restringe sin razón técnica alguna el funcionamiento de medios que no utilizan espectro radioeléctrico, como el cable y las señales audiovisuales".
Asimismo, "favorece a las voces oficiales en desmedro de las restantes, y discrimina arbitrariamente entre distintos medios".
La SIP rechazó "la aplicación selectiva, como sistema de premios y castigos, de esa y otras normas legales" y reclamó "al Poder Ejecutivo de la Argentina el cese de las presiones al Poder Judicial, que amenazan el rol de este último como garantía de los derechos constitucionales".
También exhortó a "evitar el uso de la Ley de Mercado de Capitales para intervenir y tomar el control de empresas de medios" y pidió al Congreso argentino no "otorgarle el control de la fabricación de papel de diario a los gobiernos de turno".
Junto a la resolución, la asamblea general de la SIP aprobó y publicó hoy una serie de informes que analizan la situación de la libertad de prensa en cada uno de los países del continente durante los últimos seis meses, desde el pasado marzo.
En el caso de Argentina, afirmó que "el último semestre ha estado poblado de obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el gobierno nacional, que condicionan el desarrollo de la actividad periodística".
Entre ellos citó "el boicot publicitario que sufren algunos medios", como los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, que "lleva más de ocho meses y constituye el golpe económico más duro para los medios independientes en las últimas décadas".
Afirmó además que "el uso de recursos públicos como herramienta de coacción y disciplinamiento" o "las agresiones físicas y verbales contra periodistas conforman un cóctel que afecta a la libertad de expresión y que, en gran medida, deriva de la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso".
Sabbatella: “Es un lobby de empresarios de medios contra la democracia y la libertad”
“Hay que entender los pronunciamientos de la SIP como parte del lobby de grandes empresarios de medios contra la Democracia, la libertad de expresión y las leyes que rigen en nuestro país. En esa, como en otras asociaciones internacionales, no se pronuncian los periodistas sino las personas que se dedican, desde los medios, a hacer lobby a favor de los grupos económicos”, opinó Martín Sabbatella y consideró que “las denuncias de presiones y condicionamientos a la prensa suenan hipócritas ante una realidad en la que cualquier medio de Argentina publica lo que quiere, incluso más allá del respeto a las personas o el apego a la verdad”. “Vamos a seguir trabajando para que existan muchas más voces, para que todos y todas en el marco de la ley sigan teniendo el derecho que hoy tienen de expresarse en libertad, incluso aquellos que hacen de la mentira y la agresión su recurso más habitual”, aseguró el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, quien expresó que “a esta altura, esas expresiones no sorprenden a nadie, porque son propias de quienes buscan desestabilizar los procesos políticos transformadores que se viven en toda la región”.La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se pronuncia habitualmente contra todos los gobiernos populares de América Latina, se reunió en el estado norteamericano de Colorado y los representantes de algunas empresas argentinas volvieron a manifestarse contra la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Gobierno nacional.
“Hay que irse muy lejos del país para que suene creíble que los medios no tienen libertad de decir lo que quieren; porque en Argentina basta prender la radio, la televisión o pararse enfrente de cualquier kiosco de diarios para darse cuenta de que opinan con libertad sin que nadie les ponga un límite a la crítica o la agresión”, señaló Sabbatella y agregó: “La mayor parte de los periodistas argentinos no se suman a esa mentira de algunas empresas y de la propia SIP. En nuestro país, todos los periodistas informan y opinan cada día con absoluta libertad, y lo hacen al amparo de un Gobierno que no solo respeta el disenso, sino que impulsó una ley para garantizar la pluralidad y la diversidad de voces”. “Es más, fue este Gobierno, por ejemplo, el que despenalizó el delito de calumnias e injurias que significaba una grave amenaza contra el periodismo y la libertad de expresión”, detalló el funcionario nacional.
“Los mismos medios que generan y que multiplican los pronunciamientos de la SIP son los que esconden las opiniones de personalidades como el relator de la Naciones Unidas para la Libertad de Expresión Frank La Rue”, recordó el presidente del AFSCA y expresó que: “Le niegan a sus lectores y sus audiencias la posibilidad de conocer qué opina La Rue porque esa opinión es a favor de la norma que ellos enfrentan y se niegan a cumplir”.
En la asamblea de la SIP en Denver se llegó a considerar que el espionaje documentado del Gobierno de EEUU a la prensa independiente es “menos grave” que la supuesta presión a periodistas en Argentina y Latinoamérica, según consigna ayer el diario La Nación. “Manifestaciones como esas demuestran que no se trata de un colectivo de trabajadores que defienden de su labor, sino de un lobby empresarial contra los procesos políticos transformadores de América que establecen leyes para poner un freno a los monopolios mediáticos y así garantizar la plena libertad de expresión y el derecho a la información”, concluyó Sabbatella.
Fotos: Facebook SIP y AFSCA
Fuente: SIP, EFE, AFSCA
FUENTE: Publicado por Claudio Andrés De Luca en http://seniales.blogspot.com.ar/2013/10/la-sip-aprobo-sus-conclusiones-sobre-el.html
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