Columnista
La suposición de que el mercado
opera dentro de un marco de anarquía es lo que ha dado origen al intervencionismo
y -dentro de este- a una subespecie del mismo que recibe el respetable título
de "políticas públicas". Sin embargo, como bien señala el Dr. Krause:
"Los mercados
no funcionan en un “vacío” de normas. Por el contrario, necesitan
de ellas para coordinar los planes de los individuos, de forma tal de articular
sus acciones y guiar sus decisiones de producción hacia la satisfacción de sus
necesidades. Los mercados no son perfectos, esto supondría que los seres
humanos lo somos. Entre los problemas que se presentan en su funcionamiento,
suelen mencionarse las imperfecciones en la competencia, externalidades, bienes
públicos e información asimétrica."[1]
Para "superar" estas
supuestas "deficiencias" es que se proponen las "políticas públicas".
"Pero la solución a
los problemas de fallas de mercado a través de políticas públicas no es tan
obvia. Aunque la “mano visible” del estado parece una solución, no
quiere decir esto que sea una solución efectiva. Puede haber serios problemas
para implementar una política pública adecuada, y además, puede ser muy difícil
lograr que se aplique en forma eficiente."[2]
La mera proposición
de políticas públicas no es -en rigor- suficiente y, como veremos más tarde, ni
siquiera es necesaria:
"Además, el
proceso de elaboración y decisión sobre políticas públicas necesita de sólidas
instituciones que permitan su implementación en aras del bien común, evitando
las presiones de los sectores afectados y superando los problemas de
información e incentivos que afectan al mercado."[3]
Este es un escollo
importante, ya que en los hechos, observamos a diversos grupos de presión y de
interés reclamar una política pública "a su medida y satisfacción",
generándose una suerte de "competencia salvaje" entre ellos, por ver qué
sector social logra cazar las mejores y mayores políticas públicas. La
competencia social se transforma -en este supuesto- en una lucha despiadada por
la captura de mayores y mejores privilegios. Como se observa en este caso, son
las ofertas de políticas públicas la que generan un ambiente social caótico.
Es importante no
confundir políticas públicas con normas y -en suma- con el concepto de calidad institucional:
"la calidad
institucional promueve la calidad ambiental en tanto consideramos a la primera,
como lo hace el ICI, no solamente como políticas públicas sino como la
existencia de normas que generan incentivos para la protección del medio
ambiente, tal como los derechos de propiedad claramente definidos, precios que
reflejen las valoraciones de los consumidores y la real escasez del recurso y
la libertad contractual."[4]
Estas normas
permiten que los actores sociales (no necesariamente ni deseablemente
políticos) sean quienes encaren las más idóneas políticas públicas.
El profesor A.
Benegas Lynch (h) explica la razón por la cual se destinan más recursos a las
políticas públicas que a la enseñanza:
"Es de gran importancia
conectar este análisis con las llamadas “políticas públicas” por
una parte, y por otra, con la investigación y la enseñanza. Si se analiza la
cantidad de fondos que reciben instituciones que se dedican a políticas públicas
o a propuestas coyunturales se observará que son cuantiosos en relación a los
magros recursos que reciben instituciones dedicadas a la investigación y la
enseñanza. Esto es así porque generalmente las políticas públicas y los
comentarios coyunturales se entienden mejor puesto que están más al alcance de
un mayor número de personas. Además, estos temas excitan a la gente que quiere
acercarse al calor del poder político. Por otra parte la investigación y la
enseñanza son más difíciles de abordar por el común de la gente y están alejadas
de los vericuetos del poder."[5]
Esto sucede porque,
en la mayor parte de los casos, las llamadas "políticas públicas" en
realidad no son otra cosa que políticas estatales, y de "públicas"
bastante poco tienen, puesto que en definitiva terminan beneficiando a ciertos
sectores sociales a costa de otros postergados. En última instancia, concluyen constituyendo
un sistema de repartos de prebendas y de privilegios a unos a costa de los
demás. Estos últimos, generalmente, son aquellos más alejados del amparo del
calor del poder político.
Los partidarios de
las políticas públicas suelen desdeñar la teoría a favor de la práctica. Pero:
"no hay
políticas públicas o análisis de coyuntura que no se basen en la teoría. Esta
podrá ser defectuosa o idónea pero no hay comentario práctico que no esté
sustentado en un esqueleto teórico. Pretender buenas políticas públicas sin
andamiaje teórico-conceptual es lo mismo que pretender que existan productos
farmacéuticos sin investigación médica. El menosprecio por la investigación y
la transmisión de teorías inexorablemente conduce a políticas públicas de peor
calidad. Revalorizar el estudio teórico es uno de los cometidos más importantes
de la sociedad moderna."[6]
Sin embargo, la experiencia
histórica demuestra que las llamadas "políticas públicas", confluyen
en el asistencialismo. Murray N. Rothbard nos da cuenta del fracaso de las "políticas
públicas" en EEUU, lo que desembocó la "explosión del
asistencialismo":
"Esta
"explosión" fue creada, en parte de manera intencional, y en una
mayor parte en forma inconsciente, por funcionarios y empleados públicos que
llevaban a cabo políticas públicas en relación con una "Guerra contra la
Pobreza". Y estas políticas fueron defendidas y promulgadas por muchas de
las mismas personas que luego se mostraron perplejas ante la "explosión
del asistencialismo". No es sorprendente que tardaran en darse cuenta de
que el problema que intentaban resolver era el mismo que habían creado."[7]
Este proceso
también fracasó en Latinoamérica, donde la "explosión del
asistencialismo" dio paso al clientelismo político, que explotan los
populismos de todo signo y color político hasta hoy.
[1]
Martín Krause. "Índice de Calidad Institucional" 2012,
pág. 8.
[2]
Krause M. Op. Cit. Pag. 8
[3]
Krause M. Op. Cit. Pag. 8
[4]
Krause M. Op. Cit. Pag. 41
[5]
Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 166.
[6]
A. Benegas Lynch (h) ob. Cit. pag. 166-167
[7] Murray N. Rothbard. Hacia una nueva libertad. El
Manifiesto Libertario. Pág. 171-173
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