EL GOBIERNO PERSISTE INCLAUDICANTEMENTE EN OSTENTAR EL PODER TOTAL 
Desde el advenimiento de la democracia jamás hemos experimentado un clima de acoso del Estado tal como el de este año.
Por: Aldo Norberto Bonaveri- Pregón Agropecuario
Desde el arribo de los Kirchner al poder a quedado demostrado que la calidad institucional y, los valores republicanos no son precisamente virtudes destacadas del matrimonio, pero nunca como desde que Cristina Fernández logró la reelección, se ha evidenciado el propósito desmedido para ejercer el poder absoluto, haciendo por lo tanto una interpretación “sui generis” de la democracia y, obrando de manera tal “que el fin justifique los medios”

Dentro de las acciones más absurdas bien se puede catalogar a la sanción impuesta por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, (dependiente de la Secretaría de Comercio Interior que conduce el zafio Guillermo Moreno), a la Asociación Consumidores Libres, aplicándole una suspensión preventiva del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. ¿Cuál fue el ilícito cometido por la entidad que preside el Dr. Héctor Polino?, osar publicar el relevamiento de precios de la canasta básica de alimentos, reflejando los movimientos en distintos productos ocurridos entre enero y agosto. Medida que constituye un atropello de inusitada gravedad institucional y, flagrante violación al derecho constitucional de libertad de expresión.

Con arbitrariedades como esta, tan propias al Secretario de Comercio, no solo se pretende silenciar una fuente de información, sino que ello implica enviar señales intimidatorias a otras entidades o consultoras, que tuvieran el propósito de revelar las mentiras e inconsistencias del INDEC.

Sembrar el temor es la metodología predilecta de Guillermo Moreno, tampoco él se preocupa mucho por disimularlo, por el contrario, actúa como disfrutando de las groserías que profiere y las mentas que ellas instalan entre sus interlocutores. Naturalmente que es un secreto a voces que tan intempestivas prepotencias cuentan con el guiño de Balcarce 50.

Desde el advenimiento de la democracia jamás hemos experimentado un clima de acoso del Estado tal como el de este año. La caterva de medios y periodistas adictos no escatima oportunidad par la descalificación pública de personas, procedimiento que se ha visto potenciado a partir que la mismísima presidenta por cadena nacional efectúo referencias impropias; en tanto la AFIP actúa sin demasiadas sutilezas, dos meses atrás el titular de ese organismo, Ricardo Echegaray tuvo el tupé de revelar por televisión los datos fiscales del cineasta Eliseo Subiela. El escrache deviene como represalia de una declaración del director de “El lado oscuro del corazón”, que el poder consideró inconveniente.

El obstinamiento por entrometerse en la justicia no conoce límites, el ministro de Justicia Julio Alak, hasta hace poco tiempo atrás de bajo perfil; en cumplimiento de precisas instrucciones de la superioridad, se ha convertido en un ariete punzante que pretende disciplinar al Consejo de la Magistratura e, imponer la designación de jueces, especialmente en el que tiene que fallar sobre la causa de la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual, a la postre la máxima obsesión del Gobierno.

En su arremetida Alak no tiene miramientos, así es como sin recatos las emprendió contra un juez en la propia sede del Consejo de la Magistratura, institución que reglamentariamente debe preservar su independencia del Poder Ejecutivo Nacional; el magistrado embestido fue Raúl Tettamanti, quien como subrogante estaba al frente del juzgado que tramita la causa que desvela al oficialismo. Presionado finalmente éste dimitió, al momento que reveló que él y su familia habían sufrido "violencia moral".

Como consecuencia de la renuncia de Tettamanti la Cámara Federal designó en su remplazo a Roberto Torti, pero Alak también lo recusó, en su currículo consta una sentencia que favoreció a Fibertel, (empresa perteneciente al Grupo Clarín)

El ministro de Justicia tampoco tuvo escrúpulos en descalificar a los consejeros que se opusieron a la designación para el cargo de María Lorena Gagliardi, tal como pretendía el oficialismo. Es que en el corazón del poder no pueden digerir que la Justicia no se subordine a sus designios.

En menos de veinte días el Gobierno operó sin contemplaciones para impedir el acceso de cinco jueces del fuero Civil y Comercial, coincidentemente todos ellos serían designados en el juzgado donde podría dirimirse el pleito con el odiado multimedio. En pos del objetivo no descartaron apelar al ludibrio público a la minoría no oficialista, centrando sus dardos más filosos contra el Dr. Ricardo Recondo, a quien convirtieron en blanco de injurias, pretendiendo por todos los medios removerlo del cargo.

Tampoco tienen paz con la Corte Suprema de Justicia, la que están hostigando con la reglamentación del per saltum, lo que soslayaría todas las instancias judiciales para resolver directamente en las causas consideradas trascendentales por el Poder Ejecutivo.

No menos grave fue la arremetida para destituir Leandro Despouy al frente de la Auditoría General de la Nación “ADN”, un cargo que constitucionalmente corresponde designar a la principal fuerza de oposición. Sólo el comportamiento decidido y cohesionado de los bloques opositores en el Congreso de la Nación, imposibilitó que se perpetrara semejante usurpación. Despouy, es diplomático de carrera que llegó a la Auditoría en 2002 cumplimentando los requisitos estatuidos en la Carta Magna: lo designó la UCR, el partido que ocupa la primera minoría parlamentaria, desde entonces y hasta el presente.

El interés del oficialismo por deponer al auditor “ADN” está vinculado a los informes de ella emanados, los que cuestionan procederes de diferentes áreas del Gobierno nacional, como así también comprometen a varios funcionarios en casos de corrupción. Esta vez la arbitrariedad logró ser impedida, cerrando filas la oposición supo dejar de lado los individualismos que en varias ocasiones resultaron funcionales al poder, al tiempo que pone en evidencia como actuando conjuntamente en defensa de las instituciones de la república se evita el avasallamiento.

Si algo faltaba para patentizar hasta donde procura llegar el avance oficialista, ello quedó reflejado en la sesión de la cámara baja por el voto joven, allí el diputado Andrés Larroque no tuvo reparó alguno con la oposición y atacó desaforadamente a los socialistas acusándolos de narcotraficantes, intentando vincular al gobierno santafecino e indirectamente a Hermes Biner, de complicidad con los oficiales de policía implicados.

Seguramente este no es la primera vez que el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación resulta el escenario de agravios y vilipendios infundados, pero el “Cuervo” Larroque no es un integrante más del cuerpo. Se trata nada menos del N° 1 de La Cámpora, y en la actualidad el legislador más próximo a Cristina Fernández, con llegada directa a ella frecuentándola asiduamente como ningún otro colega y despacho en propia Casa Rosada.

Producto de esta escalada de autoritarismo, sumado a otros yerros cometidos en lo económico y lo político, el Gobierno en general y la presidenta en particular viene disminuyendo su imagen positiva, no obstante se persiste inclaudicablemente en ostentar el poder total.

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