Por Arturo Navarro
Desde el año 1983 participo en el gremialismo confederado y asisto al mismo debate por el tema de las inundaciones. No cambiaron las políticas ni hay una propuesta consensuada por toda la dirigencia pública y privada. No asumen que la falta de políticas de estados para cubrir los riesgos climáticos, que castigan al sector rural como las zonas urbanas, agrava las perdidas por inundaciones. La ley de emergencia agropecuaria ha quedado totalmente obsoleta para atender en tiempo y forma la magnitud de la actual inundación. Según los cálculos de CARBAP las perdidas actuales superan los 11 000 millones de pesos.
Es realmente preocupante que el país no tenga una política anticiclica moderna para atenuar los riesgos climáticos y comerciales como los provocados por la actual inundación. El escurrimiento por canales aliviadores, si estuvieran terminados, es para sacar los excesos de agua. La teoría dice que el agua hay que retenerla en los reservorios naturales para mantener un equilibrio de humedad en las napas y que el productor debe asumir los riesgos de su explotación a cielo abierto acompañado por políticas de estado específicas.
La idea central de esta iniciativa que vengo difundiendo y que no practicamos , es que los productores tengan una cobertura integral por diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo. No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que sigue actuando como bombero ante cada evento climático.
Una política que proteja al productor y a la agroindustria, la más importante y eficiente de las industrias argentinas, debería diseñarse a través de dos instrumentos principales:
- Política para incentivar el mayor uso de los seguros agropecuarios , para pasar de la actual cubertura del 55% del área sembrada a un 70% y una mejora en los montos de la cobertura, cambiando de esa forma al mismo tiempo, la vocación aseguradora del productor y de los proveedores de insumos que son los directos damnificados
- Fondo Permanente por ley para poder atender exclusivamente a los productores que tengan asegurados todos sus bienes asegurables. Tiene que haber premios y castigos con el que cumple asegurando, para generalizar un sistema que debe ser solidario pero no obligatorio.
Estos fondos se construyen en momentos de excedentes con ingresos extraordinarios , como fue la suba de la soja el último año o con parte de los 60.000 millones de dolares recaudados de derechos de exportación de los ultimos 10 años, para consolidar un fondo de arranque y por medio de un mecanismo de recaudación permanente que se establezca, poder generar una reserva específica que dispare en forma inmediata y automática los beneficios al productor afectado, sin sesgo partidario y en forma ecuánime a todos los productores que les corresponda en cantidades proporcionales al fondo acumulado.
Un país que siembra más 32 millones de hectáreas que esta para producir 100 millones de toneladas de granos manifiesta las siguientes contradicciones: (a) que los bancos oficiales sigan dando créditos sin seguro, (b) que se siga vendiendo insumos sin asegurar su cobranza con dicho instrumento y (c) que muchos productores inviertan sin tomar previsión alguna considerando que es una explotación a cielo abierto. Después, todos reclaman, como está ocurriendo actualmente por las inundaciones, por los 500 millones de pesos del fondo de la ley de emergencia agropecuaria, que no alcanza para atender los riesgos no asegurables de todo el país.
Todos los países desarrollados aplican este tipo de políticas activas. Algunos ya tienen seguros para los ingresos proyectados como en EEUU. Dichas políticas potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación; a la vez que aumentan los recursos del Estado para que éste pueda atender en tiempo y forma problemas de índole social. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC) : con subsidios de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.
Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más barato para el Estado la ejecución de un sistema mixto. Dicho sistema -público y privado- actúa con éxito como responsable de atender en forma directalos efectos de los riesgos climáticos.
Siempre repito que la argentina política ha manejado su relación con el campo bajo un doble supuesto. (a) Si los riesgos se transforman en siniestros son exclusivamente a cargo de los productores, incluso al costo de su propia quiebra, (b) Si el éxito acompaña la gestión de esos productores el Estado participa de las ganancias, no sólo a través de impuestos, sino mediante retenciones exorbitantes. Para que todos lo entiendan: “si hay perdidas no te conozco, si hay ganancias somos socios ”.
Si estamos dispuestos a cambiar esta relación del estado con el sector agropecuario , ha llegado la hora que nuestra dirigencia gremial ponga en agenda este tema y empecemos a trabajar en una propuesta para el largo plazo. Para la actual coyuntura no hay solución concreta y posible en el actual contexto económico, salvo quienes tenían cubierto sus bienes con seguros en la actual inundacion, que lamentablemente por mi información, son muy pocos.
Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales . Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.
ENVIADA POR MAIL POR SU AUTOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario