Las consecuencias están a la vista y el problema profundizado; las obras de infraestructura no se realizaron, el estado de las rutas es calamitoso, el campo no resiste más el nivel de presión imperante y el Gobierno no está técnicamente en condiciones de resignar esos ingresos.
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Por: Aldo Norberto Bonaveri (*)
Las dificultades en la economía son cada vez más evidentes y sus consecuencias se esparcen por distintos sectores; los problemas de fondo no se asumen y cada vez es mayor la improvisación. Las condiciones favorables generadas por los excelentes precios internacionales de nuestros bienes de intercambio, fueron neutralizadas por el propio Gobierno mediante la desnaturalización de variables internas, dilapidación de recursos, instalación del populismo a ultranza e, impremeditación en asuntos estratégicos.
Si bien Argentina en 2001 se encontraba al borde del precipicio, los cambios de ecuación operados en el mundo que revalorizaron nuestras exportaciones a partir del año siguiente, abrieron un ciclo tan propicio que benefició palmariamente a los países productores de alimentos, permitiendo una recuperación más rápida que lo imaginado de la delicada situación en la que estábamos inmersos.
Pese a las crisis económicas desatadas en los países centrales (EEUU 2008 y Europa 2011), los precios de los alimentos, con oscilaciones lógicas, siguieron firmes hasta el presente, fundamentalmente por el crecimiento sostenido de China, India y toda la región del Asia Pacifico, por lo que la continuidad de indicadores positivos posibilitaron cambios substanciales de la coyuntura, a la vez de crear un contexto próspero para el desarrollo.
Con ese escenario la economía creció e inclusive en forma sostenida; naturalmente ello se reflejó en más puestos de trabajo y mayores oportunidades para varios sectores. Bien podría señalarse que el único parangón que podríamos recordar es el de los primeros años de post guerra; desde entonces ningún Gobierno tuvo frente así un panorama tan favorable. El problema que hoy tenemos es debido a como se han desaprovechados esas congruencias.
A la aplicación de absurdos subsidios indiscriminados, le siguió un gasto público exorbitante, incluyendo un despilfarro propagandístico inusitado; manejo de la chequera que sometió a la provincias, las que paulatinamente perdieron la mitad de la participación de la recaudación impositiva a manos del Estado central. Con los pretextos de “defender la mesa de los argentinos” y “la redistribución del ingreso”, (falacias totales, pues la inflación aunque negada carcome los salarios y, jamás se ha dado tanto concentración como la que ahora impera), se aplicaron al sector agropecuario tributos confiscatorios.
La historia es conocida, pero resulta útil recordarla. Cuando inició su primer Gobierno Cristina Fernández, el argumento más escuchado era desacoplar los precios internos de los internacionales y, la renta excepcional que tenía el campo. En virtud de ello pretendieron instaurar las retenciones móviles, que terminó frustrando en el senado el voto “no positivo” de Julio César Cobos, empero quedaron fijadas alícuotas exorbitantes.
Justo es reconocer que las cotizaciones de los granos por entonces eran muy convenientes para los agricultores, pero ello no justificaba que se perpetrara semejante exacción. El 35% impuesto a la soja en bruto es una gabela sin precedentes y fuera de toda racionalidad, de allí para bajo, todos los rubros grabados con derechos de exportación no guardan coherencia con la realidad de ese momento y, mucho menos del actual, con la tremenda pérdida de competitividad, producto de la desvirtuada realidad cambiaria. Solo basta mencionar el girasol que tributa el 32% (disparate total) o mantener gravada la carne.
Por ser el más emblemático me circunscribiré al caso de la soja en aquel momento; hubiera sido entendible una alícuota del 20% destinada a un fondo específico, por ejemplo construcción de autopistas, rutas y reparación de las existentes. En su lugar el Gobierno dedicó esos fondos excepcionales a costear gastos corrientes de presupuestos que crecieron exponencialmente, manejando así la caja a voluntad.
Además de haber sido éste un aporte mucho más procedente, al no estar comprometido tal como ocurrió para financiar erogaciones estables y crecientes, en caso de una caída de los precios internacionales (que a Dios gracias no ocurrió) o incidencias económicas internas distorsionantes (lo que sí está sucediendo), disminuir la carga o suspenderla temporariamente no generaría mayores inconvenientes.
Las consecuencias están a la vista y el problema profundizado; las obras de infraestructura no se realizaron, el estado de las rutas es calamitoso, el campo no resiste más el nivel de presión imperante y el Gobierno no está técnicamente en condiciones de resignar esos ingresos, ello se ve agravado con el rojo de las provincias, que ven menguadas porcentualmente lo que les correspondería por coparticipación. El desequilibrio está a la vista, Scioli acorralado por las endebles finanzas bonaerenses, no encuentra otro camino que incrementar el impuesto inmobiliario rural, retroalimentando así un círculo vicioso, que ahora impacta en Buenos Aires, preludio del contagio que se vislumbra cundirá en las demás provincias agrarias.
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