Se me reprocha mi postura a favor de utilizar los
mecanismos constitucionales para desalojar, ya mismo, a doña Cristina del poder,
y a juzgarla –con sus familiares, cómplices y funcionarios- por los hechos de
corrupción cometidos. Quienes piensan lo contrario invocan la posibilidad de
victimizarla y, con ello, darle la oportunidad de retornar en el futuro, aunque
creo que, al menos en la dirigencia, prima el miedo a asumir el pago de la
cuenta que la inevitable crisis pasará, sin dudas, a quien la
suceda.
No pretendo que, en Argentina, se replique lo sucedido
en Egipto, Túnez, Libia, Siria, Ucrania y está pasando en Venezuela, o sea,
desplazar al Gobierno con manifestaciones callejeras. Como sucedió en Honduras y
Paraguay, donde presidentes fraudulentos o incapaces fueron destituidos, quiero
que el pueblo se exprese libremente y, si una significativa mayoría así lo
quiere, logre que los legisladores asuman en papel que la Constitución les
asigna, es decir, la representación de los ciudadanos y de las provincias.
Mi posición, como sabe, tiene su fundamento en el enorme
costo que toda la sociedad argentina deberá asumir por sostener al régimen hasta
que finalice el período legal. Para que quede claro a qué me refiero, haré un
resumen de la historia de uno de los rubros más significativos que componen ese
costo aún cuando, en este caso, la suerte parece ya estar
echada.
Se trata, obviamente, del arreglo con Repsol, anunciado
con bombos y platillos por los mismos que, hace muy poco tiempo y con igual
verborragia, tomaron la sede de YPF militarmente y provocaron al mundo afirmando
que nada se pagaría –es más, se cobraría- por la confiscación (la expropiación
requiere el pago anticipado del precio) del 51% de las acciones. A priori,
declaro que llegar a un acuerdo era absolutamente
indispensable.
Esta historia comenzó, en la práctica, cuando don Néstor
(q.e.p.d.) se transformó, siendo Gobernador de Santa Cruz, en el factótum de la privatización de la empresa
dispuesta por el gobierno de Carlos Menem. Para “facilitar” la decisión de los
mandatarios de las provincias petrolíferas, el Turco inventó un gigante caramelo: la
liquidación de regalías mal liquidadas; eso sí, cuando firmó ese acuerdo, el
mismo quedó condicionado a la aprobación de la venta de YPF por el Congreso, es
decir, los gobernadores debían obtener los votos de los legisladores para poder
cobrar esas regalías.
El esfuerzo que realizó Kirchner fue tal que hasta llegó
a enviar el avión sanitario de su provincia a buscar a un senador del noreste
argentino, que resultaba indispensable para alcanzar la mayoría necesaria. Como
contrapartida, el santacruceño recibió US$ 500 millones en efectivo y acciones
de la propia YPF que, vendidas en el mercado poco después, le reportaron otros
US$ 600 millones; esos son los fondos de Santa Cruz fugados al exterior y
desaparecidos, sobre los cuales la ciudadanía no recibió explicación
alguna.
Como necesaria consecuencia de la crisis de 2001, las
tarifas de energía y combustibles, entre otras, fueron congeladas por Duhalde,
para proteger a quienes se habían caído del mapa en ese tsunami. Al llegar don
Néstor al poder en 2003 y pese a que la economía ya se había recuperado
fuertemente, mantuvo el congelamiento, al principio por razones
populistas.
Luego, la imaginación del Pingüino, que recibía permanentes
reclamos de las compañías petroleras, le permitió imaginar qué sucedería si ese
fenomenal apriete financiero empezaba a golpear los bolsillos de Repsol. Cuando,
finalmente, obtuvo ese previsto resultado, ofreció a los españoles una solución:
vender parte de YPF (primero 15%, con derecho a 10% más) a una empresa que, pese
a no saber absolutamente nada acerca de la industria del petróleo, “tiene mucha experiencia en operar en
mercados regulados”, como dijo luego el contrato de venta.
Como la adquirente, los Eskenazi –dueños del Banco de
Santa Cruz, carecían de los fondos necesarios para pagar la compra del
porcentaje comprado, la propia Repsol le prestó el importe necesario y,
sorprendentemente, le transfirió la total administración de YPF. Eso sí, para
garantizar la devolución del préstamo, la compradora y administradora debió
comprometerse a distribuir no menos del 95% de las ganancias anuales; en la
industria mundial, ninguna empresa distribuye más del 30/35%, ya que el resto
debe ser invertido en exploración y producción; además, Repsol exigió que el
contrato de compraventa estuviera confirmado por Kirchner y por Patotín Moreno.
En una nueva voltereta, al momento de la firma apareció
como compradora una empresa con sede en Australia que, estoy seguro, pertenece
al gigantesco patrimonio de la sucesión de don Néstor. A partir de entonces,
todos felices. En el primer año, YPF distribuyó 142% de las ganancias,
incorporando las reservas de ejercicios anteriores; por cada US$ 100 que se
repartían, US$ 75 se los llevaba Repsol por la propiedad de sus acciones, y los
otros US$ 25 también, en pago de la deuda de los
Eskenazi/Kirchner.
Como no quedaba dinero para el giro de YPF, ésta dejó de
buscar y producir gas y petróleo, y la Argentina perdió todas sus reservas
probadas y, sobre todo, el autoabastecimiento energético; la consecuencia de
ambos hechos llevó a que hoy, las importaciones alcancen la bonita suma de US$
14.000 millones anuales, y siguen creciendo.
Todo el mundo sabe que, en el mundo de la corrupción, no
hay papeles ni documentos que prueben el rol de cada uno de los actores de cada
hecho, tengo para mí que, cuando su marido murió, la viuda llamó a los Eskenazi
y les pidió la rendición de las cuentas non sanctas. La negativa de los
testaferros habría desatado la furia presidencial que terminó con la
confiscación de la empresa. Como el Bambino Kiciloff la había convencido que
había una importante suma en la caja de YPF, fue indispensable invadir con la
Gendarmería la empresa y echar a los funcionarios sin que pudieran tocar un solo
papel.
A partir de entonces, YPF pasó a pertenecer en un 51% al
Estado y a las provincias petrolíferas, un 12% conservó Repsol, un 7% terminó en
manos de Carlos Slim por la ejecución de sus propios créditos contra los
Eskenazi, y el resto está en las bolsas.
Los españoles, que de bobos tienen poco, armaron una
inteligente estrategia para forzar un arreglo con el Gobierno: inició demandas
preventivas ante tribunales de varios países, con las cuales amenazó a cualquier
compañía que pretendiera invertir en YPF, y bloqueó así todos los esfuerzos del
Mago Galucchio para conseguir
indispensables acompañamientos para Vaca Muerta.
El mismo aullante Bambino, ahora con cara compungida, nos
informó que se ha llegado a una solución para el problema. Argentina pagará a
Repsol, en bonos, US$ 5.000 millones netos, o sea, tendrá garantías suficientes
para que, cuando decida venderlos, siempre perciba esa suma. En resumen, nuestro
país emitirá deuda soberana por un importe cuyo monto se ignora, pero se estima
entre US$ 1.000 y US$ 3.000 millones adicionales, y con una tasa de interés que
supera –en realidad, casi triplica- la que pagan Bolivia, Uruguay, Paraguay,
Perú y Chile por su deuda a treinta años; si esto es un nuevo negociado, ya se
verá.
Lo más notable es que no se conoce quién y con qué
criterio valuó las acciones, pese a que la ley ordena que sea el Tribunal de
Tasaciones quien fije el monto de la indemnización a pagar.
Esta larga explicación justifica que doña Cristina sea
destituida, siguiendo los pasos previstos en la Constitución, ya mismo. Si ese
hecho se concretara, en realidad lo considero imposible por ahora, un nuevo
gobierno, confiable y serio, reduciría sensiblemente el riesgo-país que hoy
padecemos y, con eso, también la tasa de interés a pagar.
También, al sincerar las cifras de la inflación y del
crecimiento, nos evitaría tener que efectuar el pago –ya confirmado- por los
cupones atados al PBI, que he denunciado desde hace meses como un nuevo saqueo y
que alcanza a otra sideral suma: entre US$ 2,5 y 4.000 millones. Y lo califico
así por una respuesta que usted mismo podría dar a una pregunta elemental: si
todos los bancos y las agencias de riesgo decían que la Argentina no creció el
año pasado, ¿quiénes pudieron comprar esos cupones si no fueron aquéllos que
sabían que podían falsear las estadísticas?
Lo absurdo y más preocupante es que, en la práctica, la
ciudadanía nada sabe ni le interesan estos hechos, pese a que ellos son los
causantes de la inflación que hoy los azota. No vincula la corrupción al
deterioro de su propia vida. Tal vez, como alguien me dijo, se deba a que
“entre los pueblos sajones, la cosa pública es de todos;
entre los latinos, no es de nadie”.
Bs.As., 26 Feb 14Facebook: Enrique Guillermo Avogadro
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