IMPORTANTE JORNADA SOBRE SEGUROS AGROPECUARIOS.

En una jornada, organizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Superintendencia de Seguros de la Nación, el próximo jueves 30 de abril que se realizará a partir de las 9 horas, en el Hotel Panamericano (Carlos Pellegrini 551, CABA) hará foco no solo en el abordaje de instrumentos de cobertura tradicionales sino también en productos que todavía no han terminado de desarrollarse en Argentina, como los seguros índex o los paramétricos.
Por Arturo Navarro
Gabriel Delgado, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, sostuvo que "estamos trabajando en conjunto con la Superintendencia de Seguros de la Nación y con el sector privado en el diseño de nuevos seguros. Este es un trabajo articulado, interministerial y con las aseguradoras en donde todos aportan ideas. Queremos abaratar costos para lograr que todos los productores puedan acceder a nuevas alternativas de seguros".
Los asistentes podrán participar de charlas técnicas para informarse y aportar ideas con el fin de mejorar e incrementar la calidad de los seguros agropecuarios.
Adelantando mi aporte desde la producción a dicha jornada, que surgen de mi participación desde 1983 en el gremialismo rural confederado y que hoy lamentablemente asisto al mismo debate por las pérdidas por eventos climáticos, por falta de políticas de estado modernas para atenderlos en tiempo y forma. No cambiaron las políticas ni hay una propuesta consensuada por la dirigencia pública y privada. No asumen los dirigentes que la falta de políticas de estados para cubrir los riesgos climáticos, que castigan al sector rural como las zonas urbanas, agrava las pérdidas de todos los damnificados entre los cuales está el mimo estado. La ley de emergencia agropecuaria ha quedado totalmente obsoleta para atender la magnitud de las perdidas por los eventos, consecuencia de cambios climáticos que cada día son más frecuentes y de mayor magnitud.
Se descalifica la dirigencia empresaria, gremial y política, si pretende atender todos estos fenómenos naturales, muchos de ellos no previsibles, con la actual ley de emergencia agropecuaria que ha quedado totalmente desactualizada por muchos motivos. El principal, es pretender atender la dimensión de las pérdidas de cualquier evento ocurrido con un fondo de 500 millones de pesos, mientras el sector agropecuario y agroindustrial invierte todos los años 15.000 millones de dólares a cielo abierto para implantar las 36 millones de hectáreas.
El sector agrícola representa el 2% de una producción de casi 100.000 millones de pesos de prima que tiene el sector asegurador y de ese porcentaje, casi 97 por ciento está concentrado en cubrir solamente granizo con adicionales. La Argentina tiene 36 millones de hectáreas bajo cultivo de la cuales el 70% están aseguradas por un capital de solo $ 55.403 millones en 172.724 pólizas emitidas por 28 compañías que cubren los riesgos agrícolas, con una facturación $ 1.688 millones de prima para el ciclo 2012-2013 y $ 2.183 mil para el 2013-2014.
Esta acción de cobertura agrícola fue desarrollada casi en soledad por la actividad privada, cubriendo solamente el rinde de indiferencia en las zonas con información climatológica seria, para poder definir una prima técnicamente viable y económicamente aceptada para todas las partes. Como se podrá analizar, hay mucho para hacer en beneficio de todos los sectores involucrados, inclusive para los intereses del estado, si empezamos todos juntos a trabajar en una mesa de diálogo y consenso permanente público y privado, para ampliar esta cobertura.
La idea central de esta iniciativa que vengo difundiendo y que no practicamos, es que los productores tengan una cobertura integral por diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo.
Una política que proteja al productor y a la agroindustria, la más importante y eficiente de las industrias argentinas, debería diseñarse a través de dos instrumentos principales:
1. Política para incentivar el mayor uso de los seguros agropecuarios, para crecer en la actual cobertura en áreas y una mejora en los montos de la cobertura. Los incentivos pueden ser un subsidio directo a la prima, desgravación o eximición de impuestos nacionales y provinciales u otro incentivo para abaratar las primas del seguro agrícola para incentivar un mayor uso. De esa forma se iría cambiando la vocación aseguradora del productor y de los proveedores de insumos que son los directos damnificados.
2. Fondo Permanente por ley para poder atender los eventos y daños no previsibles, exclusivamente a los productores que tengan asegurados todos sus bienes asegurables. Tiene que haber premios y castigos con el que cubran sus bienes asegurando, para generalizar un sistema que debe ser solidario pero no obligatorio.
Un país que siembra más 36 millones de hectáreas que está para producir más de 100 millones de toneladas de granos manifiesta las siguientes contradicciones: (a) que los bancos oficiales sigan dando créditos sin seguro, (b) que se siga vendiendo insumos sin asegurar su cobranza con dicho instrumento y (c) que muchos productores inviertan sin tomar previsión alguna considerando que es una explotación a cielo abierto.
Mi experiencia después de tantos años de seguir este tema, me dice que se debe empezar como una casa por los cimientos, es decir mejorando los seguros existentes para no confundir al productor. Estas políticas son muy dinámicas, consecuencia del clima y los mercados, por lo tanto hay que adaptarlas todos los años, con la experiencia y constancia de los protagonistas específicos en dicha mesa de diálogo y consenso.
Todas las políticas de seguro deben tener como incentivo principal aumentar la vocación aseguradora del productor. La política debe ser que todo lo asegurable se asegure y lo no asegurable se cubra con fondos anticíclicos correspondiente. Esto no invalida poder ir trabajando simultáneamente con otros instrumentos de seguro índex o paramétricos, en planes pilotos por tipo de cultivo y regiones.
Todos los países desarrollados aplican este tipo de políticas activas. Algunos ya tienen seguros para cubrir los ingresos proyectados del productor como ocurre en EEUU. Dichas políticas potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación; a la vez que aumentan los recursos del Estado para que éste pueda atender en tiempo y forma problemas de índole social. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC): con subsidios de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.
Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más barato para el Estado la ejecución de un sistema mixto. Dicho sistema -público y privado- actúa con éxito como responsable de atender en forma directa los efectos de los riesgos climáticos.
Siempre repito que la argentina política ha manejado su relación con el campo bajo un doble supuesto. (a) Si los riesgos se transforman en siniestros son exclusivamente a cargo de los productores, incluso al costo de su propia quiebra, (b) Si el éxito acompaña la gestión de esos productores el Estado participa de las ganancias, no sólo a través de impuestos, sino mediante retenciones exorbitantes. Para que todos lo entiendan: "si hay perdidas no te conozco, si hay ganancias somos socios".
Si estamos dispuestos a cambiar esta relación del estado con el sector agropecuario, ha llegado la hora que nuestra dirigencia gremial ponga en agenda este tema, participe en estas jornadas y empecemos a trabajar en una propuesta para el largo plazo, en un tema muy caro para el productor especialmente para los más chicos.
Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.

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