Me imagino que usted ya contestó la pregunta que le hice en la introducción de la columna respecto a por qué los funcionarios públicos en la Argentina no van presos mientras en el resto del mundo es mucho mas usual que terminen en la cárcel. Por las dudas de que no lo haya hecho, le hago la pregunta de nuevo:¿Los políticos argentinos roban menos o la justicia está cooptada por ellos mismos?
Las evidencias de corrupción que existen en las más altas esferas del gobierno argentino son abrumadoras. Casos como el de la imprenta tomada por el vicepresidente Amado Boudou y sus amigos, o como el escandaloso enriquecimiento del intimo amigo presidencial Lázaro Báez, son sólo algunos de los hechos que nos convencen a todos los argentinos que en lo más alto del poder político argentino hay una orgía de “dólares y euros para todos”…
A pesar de ello, el avance de la justicia es ínfimo. Todas las semanas leemos notas sobre las “negociaciones” entre el poder político y judicial, de mayores avances del ejecutivo sobre el judicial. Nos acostumbramos a ello. Nadie se sorprende y lo aceptamos como algo normal. Corriente.
Pero lo concreto es que esta convivencia entre ambos poderes tiene un efecto muy claro en nuestro país: los políticos pueden robar y no ir presos. Aunque le parezca mentira, eso que es tan “normal” en la Argentina, no pasa en todos los países del mundo. Mire la siguiente noticia que publicó el portal Infobae el miércoles pasado:
Juan de Dios Rodríguez, hombre de confianza del presidente Otto Pérez Molina y al mando del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) desde hace dos años, está acusado de irregularidades en un contrato de prestación de servicios médicos por 14,5 millones de dólares otorgado a la compañía Farmacéutica Pisa.
Rodríguez está bajo custodia en un hospital de la capital, horas después de que la policía allanara su hogar como parte de un operativo en el que fueron capturadas otras 15 personas; entre ellos, el presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez; el hijo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y algunos empresarios, informó el Ministerio Público.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el ente patrocinado por Naciones Unidas que lideró la investigación, tiene programado brindar una rueda de prensa para dar detalles de la trama.
El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre el caso. Este nuevo escándalo sucede al que sacudió Guatemala a comienzos de mes, cuando la vicepresidente Roxana Baldetti dimitió en medio de una fuerte presión ciudadana y política tras verse envuelta en una trama de corrupción aduanera dirigida por su ex secretario privado, en la que también participaban prominentes funcionarios.
Los nuevos arrestos podrían agitar aún más las calles en esta nación centroamericana, donde los guatemaltecos han protagonizado multitudinarias marchas en los primeros compases de la campaña electoral hacia los comicios de septiembre pidiendo la renuncia de Pérez Molina, quien asumió en 2011.
En Guatemala renunció la vicepresidente sospechada de corrupción (¿Le hace acordar a algún caso similar…?), acaban de detener por sospechas de corrupción al presidente del Banco Central, a la cabeza del organismo de jubilaciones de Guatemala, al hijo de un Juez de la Corte Suprema de Guatemala y a varios empresarios amigos del poder. Todos, hoy, están en la cárcel esperando su juicio.
Para que entienda la magnitud de estos acontecimientos, con una mirada argentina, que pase algo similar en nuestro país implicaría que el vicepresidente Amado Boudou tendría que renunciar, que la cabeza de la Anses Diego Bossio, el presidente del Banco Central Argentino Alejandro Vanoli y el empresario Lázaro Báez, por ejemplo, terminen presos por orden de un juez federal e instrucción de la Policía Federal.
¿Se imagina que algo así puede pasar en nuestro país? ¿Le parece que la justicia Federal que tiene jueces como Oyarbide entre sus miembros o que la Policía Federal que está liderada por un funcionario como Sergio Berni podrían tomar estas decisiones…?
Ninguna posibilidad, ¿no?
Si, estoy de acuerdo con usted. Hoy este escenario en la Argentina es simplemente imposible. Y estoy seguro de que las evidencias para encarcelar a todos los corruptos políticos argentinos son mayores que las evidencias que había en Guatemala….
Entonces, la pregunta central es ¿qué tiene que cambiar en la Argentina para que esto no ocurra? ¿Es posible que esto cambie? ¿Es posible que un político que roba termine preso?
Si, por supuesto que es posible. Si Guatemala lo pudo hacer, ¿por qué no la Argentina? Es posible, pero eso requiere de dos cambios importantes y radicales. Dos fuerzas que en Guatemala fueron determinantes para provocar la situación que el país está pasando en la actualidad.
La primera es la formación del La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según Wikipedia el rol de esta comisión internacional es el siguiente:
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007. Fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007.
La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.
Al igual que en Guatemala, en la Argentina, las mafias están tan dentro del poder, que si no es con ayuda internacional, con un organismo independiente de las mafias locales, es imposible desbaratar a los corruptos. Por eso Guatemala, en asociación con las Naciones Unidas, creó un organismo que apoya al poder judicial al investigar. Que acompaña a las fuerzas de seguridad en las detenciones. Que es garante que las investigaciones se van a dar con independencia y profesionalidad.
No imagino otra forma para que los corruptos, como Boudou, vayan presos en la Argentina. Está demostrado con creces que el poder judicial, o no tiene la voluntad o no tiene el poder para investigar a los funcionarios argentinos y sus amigos. La justicia argentina no quiere o no puede encarcelar a los corruptos. Pero, si contase con apoyo internacional, con la fuerza y los recursos que esto implica, todo podría cambiar.
Por supuesto que para hacer este cambio se necesita voluntad política. Ya que estas medidas de crear una comisión internacional tienen que estar dentro del marco legal de la Argentina. Y para eso se necesita el voto del Congreso, algo muy complicado. Está claro que nadie dentro del kirchnerismo , que domina el poder legislativo, va a permitir algo así.
“Pero el año que viene tenemos nuevo gobierno”, me dirá. Es cierto, mas allá de ello no está claro si este nuevo gobierno seguirá siendo kirchnerista o no. Y si no lo es, no está claro si podrá tener mayoría en el congreso, todo hace pensar que no. Por eso es un tanto complicado que el propio sistema político permita que una comisión como la de Guatemala surja en argentina.
La única forma que algo así pueda ser posible en la Argentina es con la segunda pata que permitió que en Guatemala los políticos mas importantes del país vayan preso: La movilización popular.
Miles de guatemaltecos tomaron las calles luego de cada hecho de corrupción que destapó la IGSS. Se necesita de repudio social para que los políticos reaccionen. Si la justicia no funciona, si los políticos roban y no van presos, los ciudadanos deberían presionar para que esto cambie.
En la Argentina, salvo excepciones, la corrupción no tiende a indignar a las masas. No parece haber una presión social fuerte para terminar con la impunidad de los políticos.
Parece que los argentinos “bajamos los brazos” y nos resignamos a aceptar la corrupción. Tal vez esa sensación de que no hay solución puede contribuir a que esto ocurra. Pero si miramos lo ocurrido en Guatemala nos podremos dar cuenta que todo problema, siempre, tiene solución. Y tal vez esto nos de las energías necesarias para tomar el camino que tomaron los guatemaltecos y exterminar de una vez por todas a los corruptos de la argentina.
Le deseo un excelente fin de semana, Federico Tessore
FUENTE: Publicado en Inversor Global - Newsletter semanal - enviado por mail
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