Por el Dr. Gabriel Boragina
Columnista
La prédica antiliberal y anti capitalista que campea por doquier siempre ha contribuido a generar una profunda confusión entre tres conceptos que son clave para poder entender correctamente cómo funciona la economía. El rol y la complementariedad existente entre el mercado, la competencia y la propiedad han sido tergiversados de continuo por los sistemas intervencionistas y dirigistas del mundo, por lo que será de interés remarcar su importancia.
"El mercado es como un plebiscito diario en el que la gente decide comprar o abstenerse de hacerlo, con lo que va estableciendo precios. Estos precios hacen de indicadores, precisamente para asignar los siempre escasos recursos a fines prioritarios. Quienes aciertan en el gusto de la gente incrementan sus patrimonios, quienes no lo hacen incurren en quebrantos y, por tanto, vía el cuadro de resultados, transfieren la propiedad a otras manos que puedan más eficientemente atender los requerimientos del público consumidor. Los precios van indicando, entonces, qué áreas o qué campos resultan más atractivos y cuáles no cuentan con el respaldo suficiente por parte de la gente."[1]
La condición para que el mercado produzca los resultados señalados en la cita, es que el mismo sea libre. Hoy en día, la mayoría de los mercados están intervenidos por los gobiernos, por lo que el sistema de precios sufre constantes y permanentes distorsiones que hacen que los efectos citados precedentemente no se vean cumplidos de la manera que allí se indica. El control del mercado por parte de los gobiernos afecta negativamente -y en forma directa- la competencia, que tampoco –de esta manera- es "libre". La interferencia estatal por vía de controles de precios o de cualquier otro modo, lo que produce es una alteración en los indicadores que (antes de la intrusión) orientaban correctamente a los productores adónde invertir y adónde no. Tales guías son precisamente los precios.
"Hay,.... ámbitos donde, evidentemente, las disposiciones legales no pueden crear la principal condición en que descansa la utilidad del sistema de la competencia y de la propiedad privada: que consiste en que el propietario se beneficie de todos los servicios útiles rendidos por su propiedad y sufra todos los perjuicios que de su uso resulten a otros. Allí donde, por ejemplo, es imposible hacer que el disfrute de ciertos servicios dependa del pago de un precio, la competencia no producirá estos servicios; y el sistema de los precios resulta igualmente ineficaz cuando el daño causado a otros por ciertos usos de la propiedad no puede efectivamente cargarse al poseedor de ésta."[2]
En otras palabras: si no existe competencia ni propiedad privada, lo que se produce de hecho es la desaparición de la responsabilidad personal e individual del que -de otro modo- debería ser propietario. Viene a la mente "la teoría de los bienes públicos" que precisamente tiene este mismo efecto, en el que nadie es ni responsable ni beneficiario individual de nada, con lo cual resulta un incentivo para el uso y despilfarro de los recursos sujetos a tal régimen de propiedad colectiva. Fuera de este caso, no visualizamos otro campo donde sea "imposible hacer que el disfrute de ciertos servicios dependa del pago de un precio" excepto el de los bienes libres, es decir –en términos de C. Menger- bienes no económicos. La otra situación es allí donde el gobierno prohíba directamente la competencia de tal suerte que –naturalmente- ante tal imposibilidad no aparecerán precios ni, por consiguiente, servicios algunos de los cuales beneficiarse.
"El conflicto entre la justicia formal y la igualdad formal ante la ley, por una parte, y los intentos de realizar diversos ideales de justicia sustantiva y de igualdad, por otra, explica también la extendida confusión acerca del concepto de «privilegio» y el consiguiente abuso de este concepto. Mencionaremos sólo el más importante ejemplo de tal abuso: la aplicación del término privilegio a la propiedad como tal. Sería en verdad privilegio si, por ejemplo, como fue a veces el caso en el pasado, la propiedad de la tierra se reservase para los miembros de la nobleza. Y es privilegio si, como ocurre ahora, el derecho a producir o vender alguna determinada cosa le está reservado a alguien en particular designado por la autoridad. Pero llamar privilegio a la propiedad privada como tal, que todos pueden adquirir bajo las mismas leyes, porque sólo algunos puedan lograr adquirirla, es privar de su significado a la palabra privilegio"[3]
Resulta claro, entonces, que un privilegio solo puede ser otorgado por una autoridad estatal y deviene en la concesión de un beneficio exclusivo, ya sea para una persona o un grupo de ellas, de donde por necesidad se excluye al resto de la sociedad tomada como conjunto. Esto tiene una rigurosa actualidad, ya que, lejos de vivir en una sociedad liberal o capitalista, estamos en su antítesis, o sea una sociedad de castas privilegiadas. Las leyes modernas tienden cada vez más a restringir el uso y disposición de la propiedad, especialmente por vías tributarias o fiscales, pero también de otras formas en que los gobiernos atacan los mercados y los reducen, para convertirlos en cotos de caza de determinados pseudo-empresarios que cumplen el mismo rol –actualmente- que desempeñaban los cortesanos en la época de las monarquías absolutas. Doctrinas erróneas y perniciosas, como la ya analizada tantas veces de la "justicia social", son las que sustentan esta falsa noción de privilegio, y que contribuyen con su difusión a la destrucción de la propiedad privada, con lo cual se perjudican los más necesitados.
Es por eso que, como hemos dicho tantas veces, los oligopolios y monopolios resultan ser un producto exclusivamente de creación estatal, en un sistema estatista como en el que nos encontramos a nivel mundial. La mejor garantía contra los privilegios es liberar al mercado de las actuales ataduras burocráticas que los gobiernos le imponen, a la vez que dar rienda suelta a que la competencia forme los precios que serán consecuencia de la plena vigencia de la más absoluta propiedad privada, tanto de los medios de producción como de los de consumo.
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[1] Alberto Benegas Lynch (h) "EL LIBERALISMO COMO RESPETO AL PRÓJIMO". Especial para “Contribuciones”, Fundación Adenauer. pág. 4
[2] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 69
[3] F. A. von Hayek, Camino...Ob.cit. pág. 114
La prédica antiliberal y anti capitalista que campea por doquier siempre ha contribuido a generar una profunda confusión entre tres conceptos que son clave para poder entender correctamente cómo funciona la economía. El rol y la complementariedad existente entre el mercado, la competencia y la propiedad han sido tergiversados de continuo por los sistemas intervencionistas y dirigistas del mundo, por lo que será de interés remarcar su importancia.
"El mercado es como un plebiscito diario en el que la gente decide comprar o abstenerse de hacerlo, con lo que va estableciendo precios. Estos precios hacen de indicadores, precisamente para asignar los siempre escasos recursos a fines prioritarios. Quienes aciertan en el gusto de la gente incrementan sus patrimonios, quienes no lo hacen incurren en quebrantos y, por tanto, vía el cuadro de resultados, transfieren la propiedad a otras manos que puedan más eficientemente atender los requerimientos del público consumidor. Los precios van indicando, entonces, qué áreas o qué campos resultan más atractivos y cuáles no cuentan con el respaldo suficiente por parte de la gente."[1]
La condición para que el mercado produzca los resultados señalados en la cita, es que el mismo sea libre. Hoy en día, la mayoría de los mercados están intervenidos por los gobiernos, por lo que el sistema de precios sufre constantes y permanentes distorsiones que hacen que los efectos citados precedentemente no se vean cumplidos de la manera que allí se indica. El control del mercado por parte de los gobiernos afecta negativamente -y en forma directa- la competencia, que tampoco –de esta manera- es "libre". La interferencia estatal por vía de controles de precios o de cualquier otro modo, lo que produce es una alteración en los indicadores que (antes de la intrusión) orientaban correctamente a los productores adónde invertir y adónde no. Tales guías son precisamente los precios.
"Hay,.... ámbitos donde, evidentemente, las disposiciones legales no pueden crear la principal condición en que descansa la utilidad del sistema de la competencia y de la propiedad privada: que consiste en que el propietario se beneficie de todos los servicios útiles rendidos por su propiedad y sufra todos los perjuicios que de su uso resulten a otros. Allí donde, por ejemplo, es imposible hacer que el disfrute de ciertos servicios dependa del pago de un precio, la competencia no producirá estos servicios; y el sistema de los precios resulta igualmente ineficaz cuando el daño causado a otros por ciertos usos de la propiedad no puede efectivamente cargarse al poseedor de ésta."[2]
En otras palabras: si no existe competencia ni propiedad privada, lo que se produce de hecho es la desaparición de la responsabilidad personal e individual del que -de otro modo- debería ser propietario. Viene a la mente "la teoría de los bienes públicos" que precisamente tiene este mismo efecto, en el que nadie es ni responsable ni beneficiario individual de nada, con lo cual resulta un incentivo para el uso y despilfarro de los recursos sujetos a tal régimen de propiedad colectiva. Fuera de este caso, no visualizamos otro campo donde sea "imposible hacer que el disfrute de ciertos servicios dependa del pago de un precio" excepto el de los bienes libres, es decir –en términos de C. Menger- bienes no económicos. La otra situación es allí donde el gobierno prohíba directamente la competencia de tal suerte que –naturalmente- ante tal imposibilidad no aparecerán precios ni, por consiguiente, servicios algunos de los cuales beneficiarse.
"El conflicto entre la justicia formal y la igualdad formal ante la ley, por una parte, y los intentos de realizar diversos ideales de justicia sustantiva y de igualdad, por otra, explica también la extendida confusión acerca del concepto de «privilegio» y el consiguiente abuso de este concepto. Mencionaremos sólo el más importante ejemplo de tal abuso: la aplicación del término privilegio a la propiedad como tal. Sería en verdad privilegio si, por ejemplo, como fue a veces el caso en el pasado, la propiedad de la tierra se reservase para los miembros de la nobleza. Y es privilegio si, como ocurre ahora, el derecho a producir o vender alguna determinada cosa le está reservado a alguien en particular designado por la autoridad. Pero llamar privilegio a la propiedad privada como tal, que todos pueden adquirir bajo las mismas leyes, porque sólo algunos puedan lograr adquirirla, es privar de su significado a la palabra privilegio"[3]
Resulta claro, entonces, que un privilegio solo puede ser otorgado por una autoridad estatal y deviene en la concesión de un beneficio exclusivo, ya sea para una persona o un grupo de ellas, de donde por necesidad se excluye al resto de la sociedad tomada como conjunto. Esto tiene una rigurosa actualidad, ya que, lejos de vivir en una sociedad liberal o capitalista, estamos en su antítesis, o sea una sociedad de castas privilegiadas. Las leyes modernas tienden cada vez más a restringir el uso y disposición de la propiedad, especialmente por vías tributarias o fiscales, pero también de otras formas en que los gobiernos atacan los mercados y los reducen, para convertirlos en cotos de caza de determinados pseudo-empresarios que cumplen el mismo rol –actualmente- que desempeñaban los cortesanos en la época de las monarquías absolutas. Doctrinas erróneas y perniciosas, como la ya analizada tantas veces de la "justicia social", son las que sustentan esta falsa noción de privilegio, y que contribuyen con su difusión a la destrucción de la propiedad privada, con lo cual se perjudican los más necesitados.
Es por eso que, como hemos dicho tantas veces, los oligopolios y monopolios resultan ser un producto exclusivamente de creación estatal, en un sistema estatista como en el que nos encontramos a nivel mundial. La mejor garantía contra los privilegios es liberar al mercado de las actuales ataduras burocráticas que los gobiernos le imponen, a la vez que dar rienda suelta a que la competencia forme los precios que serán consecuencia de la plena vigencia de la más absoluta propiedad privada, tanto de los medios de producción como de los de consumo.
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[1] Alberto Benegas Lynch (h) "EL LIBERALISMO COMO RESPETO AL PRÓJIMO". Especial para “Contribuciones”, Fundación Adenauer. pág. 4
[2] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 69
[3] F. A. von Hayek, Camino...Ob.cit. pág. 114
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