Monopolios estatales y privados

Por Gabriel Boragina
COLUMNISTA
La palabra monopolio produce un casi instintivo rechazo en la mayoría de las personas a las cuales el término se les pronuncia. Es un vocablo sensiblemente antipático, que despierta connotaciones negativas y que prácticamente sin excepciones se identifica popularmente con la actividad empresarial privada o -en expresiones más generales- con todo lo que tenga que ver con el sector privado de la economía, sean estos individuos, comercios o empresas. Curiosamente, poca es la gente que tiene conciencia que acepta principalmente de buen grado otros tantos monopolios estatales, como -por ejemplo- el impositivo y el monetario. Parecería que las personas razonan de manera dual cuando de monopolios privados y estatales se trata. Conciben la existencia y nocividad de los primeros y la inexistencia o -en el peor de los casos- la necesidad y/o inevitabilidad de los segundos.
No obstante, como hemos aclarado otras veces, solamente hay dos únicos orígenes para la formación de cualquier monopolio: el favor del consumidor, o el amparo del gobierno. En el primer caso, cuando los consumidores deciden -en número mayoritario- centrar sus compras en el articulo "X" que fabrica el productor "A" por encima o con exclusividad al del resto de sus competidores, el Sr. "A" tendrá como resultado las que se llaman ganancias de monopolio, las que -en un mercado libre- lo único que indican es que los consumidores, en forma masiva, lo prefieren al resto de los competidores. Si el mercado es completamente libre, no habrá –para esos mismos consumidores- nada malo en ello, dado que el precio que ellos pagan por el articulo monopolizado siempre –en esas condiciones- se considera un precio de mercado, pero, en cambio, es bastante probable que entre los competidores del Sr. "A" se despierten ciertos recelos y sean estos -en definitiva- quienes envidien el buen éxito empresarial de aquel, sobre todo entre sus competidores menos afortunados, que -casi con seguridad- buscarán la manera de acudir al gobierno, directa o indirectamente, para limitar de alguna forma el monopolio de "A", a quien –seguramente- acusarán de "competencia desleal" o de una u otra falacia por el estilo.
Sin embargo, como -en líneas generales- nuestros mercados hace tiempo que ya no son libres, sino que (en menor o superior grado) sufren la intervención de los gobiernos, lo más frecuente es que los monopolios que conocemos a nivel mundial no sean fruto del mercado, sino encuentren su origen en el estado-nación, o bien, siendo inicialmente privados, operen bajo la protección -de hecho o de derecho- del gobierno del que dependan. Este último tipo de monopolios –por lejos los dominantes a nivel planetario- afectan de manera muy regresiva la distribución de ingresos, entre otros efectos muy perniciosos:
"La distribución de ingresos en el mercado debe distinguirse claramente de las rentas obtenidas fruto del privilegio y la dádiva. Los mercados cautivos, las exenciones fiscales, los proteccionismos aduaneros y los monopolios artificiales constituyen herramientas devastadoras que inciden negativamente en los más necesitados".[1]
Como ya habrá advertido el lector, el autor citado denomina al último tipo de monopolios que venimos comentando, como "monopolios artificiales", y su característica principal -acorde también se señala en la cita- es que estos nacen y se sostienen en el tiempo como fruto del privilegio y la dádiva. Creo que será de gran interés subrayar que existe un nexo causal entre los "mercados cautivos, las exenciones fiscales, los proteccionismos aduaneros" y los monopolios artificiales, dado que se tratan de medios que implementados -separada o conjuntamente- conducen a la formación de esta última clase de monopolios.
Lo que debe destacarse, es que todos los mecanismos indicados (y no indicados en la cita) solamente pueden ser llevados a cabo por obra y "gracia" de un gobierno. Exclusivamente por vía de una imposición legal, que puede provenir de un decreto, una resolución, un fallo judicial o una ley formal del gobierno, es que podría adjudicarse un determinado mercado a un particular empresario, productor o comerciante. En ausencia de la fuerza o coacción legal ello sería absolutamente imposible. No hay manera alguna de limitar la competencia sino es a través de los mencionados instrumentos "legales" (en donde la palabra legal no es de ningún modo sinónimo de lo justo).
Lo mismo cabe decirse respecto de las exenciones fiscales. Dado que los gobiernos son los únicos que detentan el monopolio legal de cobrar impuestos, de idéntica manera son también estos los únicos que poseen la facultad de decidir quién los paga y quién no lo hará. Al eximir el cobro del tributo a un determinado productor, comerciante o empresario le está otorgando indebida ventaja por sobre sus competidores, privilegio que -si se extiende en el tiempo y, a su vez, hacia otros gravámenes- puede ayudar a contribuir grandemente a consolidar una situación monopolística a los eximidos de tributar. En este punto, resulta de interés detenerse en la curiosa actitud de muchas personas que justifican tanto la existencia de los impuestos como de las exenciones impositivas. Se trata de un monopolio raramente cuestionado por la ciudadanía, si bien la generalidad trata de eludir -como sea- ser alcanzada por los efectos del mismo. El monopolio de la moneda es un caso análogo al fiscal:
"En algunas oportunidades se ha argumentado en favor de la presencia gubernamental en el campo monetario sobre la base de que el dinero es un bien público. Como es sabido, la moneda no encaja en la definición de bienes públicos en relación a la noexclusión y la no-rivalidad. El activo monetario de una persona queda excluido de otra y el servicio de liquidez que reporta una unidad monetaria a una persona no la puede consumir simultáneamente otra. También se ha sostenido que el monopolio gubernamental del dinero reduce costos de transacción, pero basarse en esta conclusión conduciría al establecimiento de monopolios artificiales en todas las áreas (que además sacarían partida de la economía de escala) lo cual no permitiría la elección al consumidor quien al asignar sus ingresos está evaluando la relación costo-beneficio de contar con opciones y marcas múltiples."[2]
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[1]Alberto Benegas Lynch (h) "Economía, libertad y globalización". Especial para la Fundación Adenauer. Pág. 13.
[2] Alberto Benegas Lynch (h) Entre albas y crepúsculos: peregrinaje en busca de conocimiento. Edición de Fundación Alberdi. Mendoza. Argentina. Marzo de 2001. Pág. 141-142.

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