El Banco fue desarrollado por el proyecto Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia de Estados Unidos en colaboración con la Unesco y Dejusticia. La Fundación para la Libertad de Prensa(FLIP) y la Universidad Externado de Colombia también colaboraron en el proceso de análisis de las sentencias.
Banco de Jurisprudencia sobre libertad de expresión. Captura de pantalla.“Esta iniciativa demuestra la importancia de crear sinergias entre los múltiples actores interesados en el apoyo de la protección de la libertad de expresión en la región”, dijo Lidia Brito, directora regional de la Unesco en Montevideo, según un comunicado de prensa.
Para el análisis de las sentencias, en las que también se incluyeron algunas de países de otras regiones del mundo, se eligió un grupo de abogadas colombianas bajo la supervisión de Catalina Botero Marino, abogada internacional de derechos humanos y exrelatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El desarrollo de esta base de datos se logró luego de varias consultas con los jueces de América Latina en el marco de un proyecto de la Unesco que busca “fortalecer la protección jurídica de la libertad de expresión en el continente”, según el comunicado.
Finalmente, en abril de 2016 durante la Cumbre Iberoamericana de Jueces que tuvo lugar en Paraguay, 23 presidentes de los tribunales de América Latina apoyaron esta base de datos en español comprometiéndose a un intercambio de conocimiento y jurisprudencia.
“La protección del derecho a la libertad de expresión es una de las condiciones que posibilita una genuina democracia y los jueces son la última barrera de protección de esta libertad”, dijo Botero Marino según el comunicado. “La base de datos presenta una espléndida oportunidad para conocer la forma como los jueces, en los distintos Estados, están afrontando los temas relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Gracias a este instrumento es posible identificar las tendencias nacionales y regionales existentes”.
Botero Marino agregó que la base también permitirá aprender aquellas “lecciones” que se pueden tomar de las mejores prácticas de la región así como “prender alertas” en donde este derecho no se encuentre tan protegido. Asimismo, resaltó la importancia de consulta tanto para el diálogo entre poderes judiciales como para el público general que le permita entender “la importante tarea de defender la libertad”.
En 2014, la Universidad de Columbia creó el proyecto Global Freedom of Expression con el propósito de “avanzar en la comprensión de las normas y las instituciones que protegen de la mejor forma el libre flujo de información y de expresión”, según señala su misión. Entre otras actividades, el proyecto lleva a cabo comisiones de investigación, proyectos de política pública, organiza conferencias, entre otros.
“Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia está encantado de la posibilidad de trabajar con los socios latinoamericanos para poner en marcha esta maravillosa herramienta”, aseguró Agnes Callamard, directora del proyecto Global Freedom of Expression, según el comunicado. “La base de datos online en español reconoce nuestra comunidad global multicultural y multilingüística y al mismo tiempo destaca la necesidad de compartir las tendencias legales y judiciales sin consideración de fronteras, para proteger la libertad de expresión y fortalecer bases y normas comunes”.
Entre los casos más destacados se encuentra una de las más recientes decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relacionado con el canal RCTV de Venezuela. La Corte determinó que el Estado venezolano violó el derecho a la libertad de expresión de periodistas y directivas de RCTV cuando no renovó su licencia en una decisión que tuvo como base un criterio discriminatorio.
También se destaca la decisión de la Corte IDH en el caso del periodista e historiador Eduardo Kimel quien había sido condenado penalmente por el Estado argentino luego de escribir un libro en el que criticaba la actuación de un juez encargado de investigar una masacre durante la dictadura militar del país. Para la Corte IDH el Estado abusó de su poder cuando impuso una sanción de un año de prisión y una muy alta multa por el delito de calumnia al periodista.
Vea a continuación un video de presentación de esta base de datos en español:
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-17562-abierto-banco-de-jurisprudencia-sobre-libertad-de-expresion-de-america-latina - Enviado desde la Universidad de Texas.
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