El Estado, entre los fines y los medios
Revista Criterio

La tendencia a confundir el Estado con los gobiernos lleva, entre otros males, a desconocer la importancia de la profesionalización de la tarea técnica en las áreas públicas. El discurso político tiende a amalgamar en un mismo concepto los vocablos Estado y gobierno. Esta mezcla tiene consecuencias relevantes en la vida política de nuestro país, y su correcta diferenciación permite poner el foco en lo que significa la capacidad del Estado, con independencia del gobierno que en un momento determinado ejerza el poder.

El Estado está integrado por una enorme cantidad de personas que, en sus distintas áreas, ministerios, secretarías, agencias, pueden trascender a un gobierno y acumular conocimientos específicos que permiten entender y llevar adelante los temas de su competencia.

Si consideramos al Estado, como decía Jacques Maritain (en El hombre y el Estado), como un organismo integrado por expertos y especialistas en ordenamiento y bienestar públicos, un instrumento al servicio del hombre, resulta fundamental distinguirlo de un gobierno coyuntural. De esta manera, la gestión de los bienes públicos podrá ser sanamente influida por un cuerpo de administradores públicos idóneos, con criterios de promoción meritocráticos, que entienda la materia de la que se ocupa, para articular eficazmente con la sociedad civil lo que resulte necesario y que –al menos– las necesidades básicas (como expresó la CEPAL oportunamente) puedan ser satisfechas.

Es que si el Estado está al servicio del hombre, además de trascender a los gobiernos que coyunturalmente sean bendecidos con el voto popular, requiere de enormes niveles de especialización.

En la Argentina, al observar las estadísticas del último censo de población (2010), o de otros organismos especializados, las necesidades básicas en materia de vivienda, educación e infraestructura no parecen estar en manos de un “Estado al servicio del hombre”. Por ejemplo:

·         más de 5,4 millones de hogares carecen de gas natural, por lo cual para cocinar o calefaccionarse deben recurrir a las garrafas –bastante más caras– o bien a la leña y al carbón.

·         5,7 millones de hogares dependen de un pozo ciego o de otra alternativa para el desagüe, porque no disponen de cloacas.

·         1,9 millones de familias no pueden lavarse o cocinar con agua potable, por falta de acceso a la red pública de agua corriente (estos tres datos corresponden al Censo 2010).

·         El 20% de las familias habita viviendas que padecen situaciones deficitarias (INDEC). En la ciudad de Buenos Aires, el 10,4% de los hogares se encuentra en situación de hacinamiento y el 11,7% reside en una vivienda de manera irregular o precaria (Encuesta Anual de Hogares, 2007). En la Región Metropolitana de Buenos Aires (Capital y 43 partidos bonaerenses, incluyendo Navarro, Mercedes, Lobos, Zárate, Coronel Brandsen y La Plata), más de 2 millones de personas viven en barrios pobres, sin infraestructura urbana (aceras, calles pavimentadas, sistemas de drenaje) y escaso y deficiente acceso a los servicios públicos (gas, agua, electricidad).

·         La red caminera es muy imperfecta, por lo que miles de personas mueren al año en accidentes viales. La red responde a un diseño de los años ‘30 mientras que circulan vehículos del siglo XXI. El país carece de modernas autopistas, inteligentes y seguras.

·         El material rodante y de infraestructura ferroviaria tiene más de medio siglo, sin que haya habido inversiones de envergadura para modernizarla y dotarla de trenes seguros. Algo análogo ocurre con los subterráneos, salvando las proporciones.

·         En la Argentina hay hambre: 55 mil niños sufren desnutrición aguda, 700 mil desnutrición crónica y casi 2,5 millones de madres y niños tienen anemia que afecta su capacidad intelectual (Red Nutrición 10-Hambre Cero).

·         El país está en situación de indigencia educativa: el 50% de los chicos abandona el secundario, el 50% no comprende lo que lee y tenemos uno de los quince peores sistemas educativos, sobre un total de 65 evaluados por OCDE, según la Asociación Proyecto Educar 2050.

Estas cifras denotan, en cada una de las áreas identificadas, problemas estructurales que la Argentina arrastra desde hace más de medio siglo. Con algunas excepciones, en general los distintos organismos del Estado que debieran ocuparse de estos temas, ya sea por vía de la inversión directa, la regulación con el sector privado o la articulación con la sociedad civil, parecen presas de la coyuntura política, evitando de esta manera que se conforme una verdadera masa crítica de cuadros técnicos que sepan de lo que hablan.

Por el contrario, la realidad nos muestra que las distintas áreas del Estado son permanentemente colonizadas por los gobiernos que se van sucediendo a lo largo del tiempo, generando una verdadera política de fines, en donde el compromiso excluyente con el discurso predominante (cualquiera sea su bandería política), prevalece sobre la capacidad para gestionar los “medios” para alcanzar un verdadero servicio social.

Entendemos que la política en sentido amplio, en cuanto hace posible la convivencia de las personas en comunidad, no se refiere sólo a los fines sino también, y de un modo especial, a los medios. Es el “arte de lo posible” en el logro de los objetivos comunes. Si ante los problemas reales de los ciudadanos se debate en un clima épico, los aspectos técnicos de los temas quedan raleados, cuando no ignorados.

Nuestra tradición política ha colaborado mucho en esta amalgama Estado-gobierno, que soslayó al Estado como gestor capaz y eficaz de los reales problemas que afectan –sobre todo– a los que menos tienen. En efecto, la dinámica de los golpes militares iniciada en 1930 y concluida en 1983 no puede ser ajena a esta situación. Ya en democracia, el discurso amigo-enemigo, en donde pareciera que en cada decisión política se juega la esencia misma de la identidad nacional, hace imposible que en cuestiones técnicas pueda debatirse de manera razonable y eficaz.

Trabajar intensamente en diferenciar Estado y gobierno en el discurso político y promover la profesionalización de las distintas áreas públicas, pareciera ser una más de las asignaturas pendientes que como sociedad civil, en articulación con la clase política, deberíamos incluir en la agenda del debate.  
Fuente:Publicada en http://www.revistacriterio.com.ar/nota-tapa/editorial