El Observador Global La violencia penitenciaria en Venezuela va en ascenso. De acuerdo con un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, 5.370 presos fueron asesinados desde 1999 hasta 2012, y 15.131 reclusos resultaron heridos en distintos conflictos.
A un año de la creación de un ministerio penitenciario, la violencia armada y los negocios ilícitos siguen reinando en los hacinados penales venezolanos, convertidos en derruidas sedes de protestas y encarnizados motines, señalan analistas y activistas.
Según ONG's que monitorean las cárceles, desde que el presidente Hugo Chávez creó el ministerio de Asuntos Penitenciarios, a cargo de Iris Varela, a finales de julio de 2011, entre 523 y 567 reclusos perdieron la vida y más de 1.200 resultaron heridos, lo que supera cifras de años anteriores.Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), afirmó que unas cárceles sobrepobladas y con pocos custodios crean "condiciones inhóspitas que son detonantes de la violencia", que se incrementa con las luchas entre presos por el control de millonarios negocios criminales.
Hay "demasiado dinero por el tráfico de armas y de drogas, y extorsiones y secuestros" que se dirigen desde el interior de los penales, afirmó Prado.
En estas cárceles, situadas en maltratados edificios sin servicios, muchos asesinatos ocurren en enfrentamientos entre bandas de reclusos armados con potentes arsenales, que, aseguran los expertos, son ingresados con la complicidad de la militarizada Guardia Nacional que custodia las cárceles.
El tráfico de "armas cortas y largas proviene de las autoridades civiles y militares que custodian; no son las madres, concubinas y esposas las que pasan armas", señaló el criminólogo Fermín Mármol.
El último motín dejó 28 internos muertos y 18 heridos en la cárcel de Mérida, según el OVP, aunque el gobierno solo admitió que murieron 12 reclusos por "enfermedades que se agravaron" durante la toma violenta.
El conflicto, que se originó con el asesinato de la jefa de personal del penal en mayo y siguió con enfrentamientos mortales en las últimas tres semanas, fue reseñado sólo de manera extraoficial en los medios, mientras que el gobierno únicamente dio cuenta de él hace pocos días para decir que ya tenía la cárcel bajo control.
Para Mármol, el episodio de Mérida es un claro reflejo de que "en las cárceles venezolanas mandan los reclusos", sobre todo, sus líderes -los 'pranes'-, responsables de crear, según él, "micro-estados dentro del Estado que se convirtieron en grandes monstruos" para las autoridades.
De las 34 prisiones del país, "los presos mandan en casi la totalidad", estima el director de la ONG Una Ventana por la Libertad, Carlos Nieto.
Los hechos en Mérida reflejan además que "la degradación del sistema penitenciario fue corriendo por todos lados y llegó a las cárceles que eran buenas", señala Nieto, resaltando que la prisión de esta ciudad andina fue hasta hace un par de años pacífica e incluso integraba un programa estatal de orquestas sinfónicas formadas por reclusos.
Varela, una antigua colaboradora de Chávez y ex diputada, asumió las riendas del control penitenciario luego de un sangriento motín en junio de 2011 en la cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, que dejó una treintena de fallecidos y varios reclusos fugados, en lo que fue la mayor tragedia carcelaria en la historia venezolana.
Un año después, Varela, que ordenó en mayo el polémico desalojo de una cárcel en el corazón de Caracas tras semanas de tiroteos, resalta que el gobierno ha "avanzado" en propinar "grandes golpes a las mafias".
Además implementó planes para aliviar los retardos judiciales, remodelar los centros y proponer empleo para los reclusos y anunció la construcción de 24 nuevas prisiones en los próximos dos años.
"Aunque la ministra insista que está eliminando las mafias y poniendo orden, nosotros no vemos el orden. Si hubiera orden no hubiera pasado lo que pasó en Mérida", afirma Nieto.
Los expertos advierten que los problemas en las prisiones, repletas en su mayoría de jóvenes provenientes de las zonas populares, se agravan por el reducido presupuesto que reciben -unos 7 dólares diarios por recluso, según OVP- y la administración centralizada.
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