kirchneristas proponen "cláusula de objeción de conciencia" en Ley de Medios
El objetivo es ofrecer a los periodistas la posibilidad de invocar la "cláusula de objeción de conciencia" ante un cambio de orientación informativa o línea ideológica que suponga "un riesgo para su independencia física o ideológica en el desempeño de su actividad"
Foto: Google
EFE - Senadoras oficialistas presentaron este viernes una propuesta para incorporar la "cláusula de objeción de conciencia" a la legislación argentina, en medio de un conflicto entre el Gobierno y algunos de los principales grupos de comunicación por la polémica aplicación de la Ley de Medios.
Las legisladoras kirchneristas Victoria Parrilli y Liliana Fellner propusieron un proyecto que permitiría a los periodistas negarse a hacer una información que atente contra sus principios éticos sin represalias de su medio.
El objetivo es ofrecer a los periodistas la posibilidad de invocar la "cláusula de objeción de conciencia" ante un cambio de orientación informativa o línea ideológica que suponga "un riesgo para su independencia física o ideológica en el desempeño de su actividad", según la agencia oficial Télam.
La iniciativa ampararía también al periodista "cuando sin su consentimiento se inserte o retire su firma o autoría; o atribuyere la autoría de un trabajo propio a otro".
La propuesta surge en un contexto de polémica entre el Gobierno y los grandes grupos de comunicación por la inminente aplicación de la llamada Ley de Medios, aprobada por el Congreso hace tres años, que fija para los medios privados de difusión nacional un tope del 35 por ciento del mercado, diez licencias de radio y 24 licencias de televisión por cable.
La aplicación de la Ley de Comunicación Audiovisual ha desatado un duro enfrentamiento entre el Gobierno y el grupo Clarín, el mayor del país y el más afectado por la regulación, que se han enzarzado en una batalla legal sobre los términos de la normativa.
El Gobierno ha anunciado que la ley entrará en vigor el próximo 7 de diciembre y que retirará y sacará a concurso licencias de radio y televisión de aquellos grupos mediáticos que decidan no cumplirla.
El grupo Clarín, que ha recurrido la ley, ha adelantado que no desinvertirá y ha denunciado que la normativa contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor multimedia del país.
En medio del enfrentamiento, el diario El Cronista Comercial conmemoró el jueves su 104 aniversario con una llamativa cubierta en la que cargaba contra la ley por considerar que "abrió la puerta a la discrecionalidad, a la presión mediante amenazas y a ataques sobre la tarea de los periodistas y de los medios y a la concentración del aparato propagandístico oficial".
De alrededor de 5.000 licencias de radiodifusión existentes en Argentina, unas 500 están manos de 20 conglomerados mediáticos que sobrepasan los límites impuestos por la ley.
Las legisladoras kirchneristas Victoria Parrilli y Liliana Fellner propusieron un proyecto que permitiría a los periodistas negarse a hacer una información que atente contra sus principios éticos sin represalias de su medio.
El objetivo es ofrecer a los periodistas la posibilidad de invocar la "cláusula de objeción de conciencia" ante un cambio de orientación informativa o línea ideológica que suponga "un riesgo para su independencia física o ideológica en el desempeño de su actividad", según la agencia oficial Télam.
La iniciativa ampararía también al periodista "cuando sin su consentimiento se inserte o retire su firma o autoría; o atribuyere la autoría de un trabajo propio a otro".
La propuesta surge en un contexto de polémica entre el Gobierno y los grandes grupos de comunicación por la inminente aplicación de la llamada Ley de Medios, aprobada por el Congreso hace tres años, que fija para los medios privados de difusión nacional un tope del 35 por ciento del mercado, diez licencias de radio y 24 licencias de televisión por cable.
La aplicación de la Ley de Comunicación Audiovisual ha desatado un duro enfrentamiento entre el Gobierno y el grupo Clarín, el mayor del país y el más afectado por la regulación, que se han enzarzado en una batalla legal sobre los términos de la normativa.
El Gobierno ha anunciado que la ley entrará en vigor el próximo 7 de diciembre y que retirará y sacará a concurso licencias de radio y televisión de aquellos grupos mediáticos que decidan no cumplirla.
El grupo Clarín, que ha recurrido la ley, ha adelantado que no desinvertirá y ha denunciado que la normativa contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor multimedia del país.
En medio del enfrentamiento, el diario El Cronista Comercial conmemoró el jueves su 104 aniversario con una llamativa cubierta en la que cargaba contra la ley por considerar que "abrió la puerta a la discrecionalidad, a la presión mediante amenazas y a ataques sobre la tarea de los periodistas y de los medios y a la concentración del aparato propagandístico oficial".
De alrededor de 5.000 licencias de radiodifusión existentes en Argentina, unas 500 están manos de 20 conglomerados mediáticos que sobrepasan los límites impuestos por la ley.
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