Cárceles: universidades del delito

Lejos de favorecer a la reinserción de los reclusos, las prisiones argentinas son el marco perfecto para aprender a delinquir. Especialistas denuncian que entran como ladrones y se gradúan de homicidas
El sistema carcelario argentino es, a todas luces, ineficiente y precario. Su función debería ser clara: resocializar a los detenidos y facilitar su inserción en la vida pública, aportándoles las herramientas necesarias para encausar sus vidas en el marco de los códigos básicos de convivencia. Sin embargo, en la práctica, esa intensión está lejos de cumplirse y las ha convertido en auténticas universidades del delito.
Las cifras oficiales relevadas por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena (SNEEP) dan cuenta de esta situación. El 90 por ciento de los reclusos no culminó sus estudios secundarios y sólo un 50 por ciento se educa en prisión. Ocho de cada diez presos se encontraban desempleados al momento de ser detenidos y el 60 por ciento de ellos tampoco realiza trabajos dentro del ámbito carcelario.
“El paradigma constitucional es muy alto y en la realidad, si el Estado no puede proveer de trabajo al presidiario que cumple su condena, la verdad es que la reinserción de esa persona se hace mucho más difícil”, explicó a Hoy el abogado Eduardo Guarna, miembro de la Asociación Civil Fiscales sin Fronteras y exinspector de cárceles del Sistema Federal.
El perfil social de los detenidos es un reflejo de las notables contradicciones de la década ganada, que tanto pregona el actual Gobierno nacional. En una Argentina donde la pobreza afecta a más de 11 millones de ciudadanos –de acuerdo con los últimos relevamientos publicados por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina–, la cantidad de presos ha alcanzado su pico histórico.
En los últimos 15 años la población carcelaria se duplicó, pasando de 34.040 personas detenidas en 1999 a 64.263 reclusos en 2014. El mismo proceso se vislumbra en el territorio provincial, donde se encuentra alojado poco menos del 50 por ciento del total de presos. En la Provincia de Buenos Aires la cantidad de personas detenidas creció de 13.190 a 29.840 en ese mismo período de tiempo.
Asimismo, el 50 por ciento de los detenidos aún no ha recibido condena y “eso complica mucho el manejo de las instituciones –indica Guarna–, porque un preso condenado puede ser trasladado y uno que sólo fue procesado, no; por ello sucede que muchas unidades tienen altos niveles de superpoblación”.
La conflictiva, violenta y cada vez peor situación económica y social que viven millones de argentinos, producto de una década de pésimas decisiones y altísimos niveles de corrupción, favorece e incentiva el accionar delictivo.
En este marco, las cárceles argentinas se han convertido en auténticas instituciones educativas para los delincuentes. En la mayoría de los casos las unidades penitenciarias se encuentran superpobladas, en pésimas condiciones de infraestructura y son altamente inseguras. El precario control que ejercen las autoridades penitenciaras sobre muchas de ellas posibilita la continuidad de la actividad delictiva, e incluso facilita la coordinación y concreción de nuevos hechos. El reciente desvío de alimentos de la Fundación Felices los Niños, coordinado por el sacerdote Julio César Grassi, condenado por distintos hechos de pedofilia; es un claro ejemplo de la libertad con la que actúan cientos de reclusos.
Millones tras las rejas
El sistema carcelario supone grandes costos a la administración provincial. Especialistas en la materia indican que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) dispone de poco más de 540 millones de pesos anuales para su funcionamiento y 427 millones de ellos son destinados al pago de los casi 5 mil agentes que cumplen funciones en distintas unidades carcelarias.
Alimentar, alojar y garantizar las necesidades básicas de los reclusos no es una tarea sencilla y tampoco gratuita: se estima que cada una de los 64 mil personas detenidas en cárceles provinciales supone una erogación de 4.600 pesos mensuales.
En diálogo con Hoy, el abogado Eduardo Guarna, miembro de la Asociación Civil Fiscales sin Fronteras y exinspector del Sistema Penitenciario Federal, indicó que “el sistema carcelario funciona con las dificultades propias de un presupuesto escaso, que muchas veces no alcanza para cumplir con todas las garantías constitucionales”.
Cruces por la superpoblación carcelaria
El juez penal de Necochea, Mario Alberto Juliano, pidió que se conmuten las penas para determinados delitos, en busca de reducir la abultada población carcelaria bonaerense. La medida, sin embargo, fue rechazada por el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, quien se mostró sorprendido por el planteo.
El magistrado adelantó que el beneficio sería para aquellos presos que hayan cumplido la mitad de sus condenas, siempre que estas no superen los cinco años; mujeres en gestación o con niños pequeños; extranjeros dispuestos a dejar el país; y reclusos reincidentes mayores de 60 años y con más del 80 por ciento de su condena cumplida.
La polémica medida fue rechazada de plano por Casal, quien la calificó como “absurda” y “preocupante”, dado que “subvierte las decisiones de la Justicia y va a contramano de lo que espera la sociedad”.

FUENTE: Publicado en Diariohoy - http://diariohoy.net/politica/carceles-universidades-del-delito-35037