| De sancionarse la ley tal como la remitió el PE, el instrumento resultaría un serio sojuzgamiento al ámbito de propia decisión de las empresas privadas, de tinte anticonstitucional, que vulnera el derecho de propiedad, contraponiéndose así por lo prescripto en la Carta Magna. |
Por: Aldo Norberto Bonaveri
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, haciendo caso omiso a la realidad política y económica del país, sigue impertérrita con su relato, apostando a la confrontación, buscando supuestos responsables de nuestras desventuras y, procura de establecer más intervención estatal, que le posibilite manejar a su arbitrio una mayor cuota de un poder que tiene fecha de vencimiento, pero que no se resigna amenguar por ninguna circunstancia.
En tal sentido, el proyecto oficial para reformar la ley de abastecimiento es una muestra clara de su propósito, conducente a instaurar la estatización del mercado; modelo que en Sudamérica sólo tiene parangón en el chavismo venezolano.
De evaluar la iniciativa oficialista, no es difícil inferir que la pretendida regulación de las re laciones de producción y consumo, podría traer aparejado aún mayor reticencia a la inversión y profundizar aún todavía la caída del empleo, que en lo que va del año viene arrojando una aceleración inquietante.
El proyecto plantea dispositivos de regulación de precios, márgenes de utilidad y cuantías, que marcan una peligrosa intromisión para el desenvolvimiento normal de la propiedad privada. Como no podía ser de otra manera, la cuestión genera una gran preocupación tanto en la industria, como en el comercio y la producción.
En la letra del proyecto se le asignan atribuciones a la Secretaría de Comercio que erizan la piel del empresariado, en el articulado especifico instituye, que "en caso de ser estrictamente necesario", quede facultada para "establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios" y "volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios". En otro artículo dictamina que el citado organismo podrá "requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico" autorizándola a "disponer la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales" y "a incautar, consignar e incluso vender bienes y servicios escasos o en infracción, sin juicio de expropiación previo".
En materia de sanciones a las empresas que infrinjan la ley, se establecen multas que podrían ascender hasta los $ 10.000.000, incluso contemplan la posibilidad de proceder a la clausura de comercios o empresas por un lapso de 90 días. También la norma prevé que "en caso de segunda reincidencia podrá llegarse a la clausura definitiva del establecimiento". Así mismo le otorga potestad a los gobernadores y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para "fijar en sus jurisdicciones precios máximos".
De sancionarse la ley tal como la remitió el PE, el instrumento resultaría un serio sojuzgamiento al ámbito de propia decisión de las empresas privadas, de tinte anticonstitucional, que vulnera el derecho de propiedad, contraponiéndose así por lo prescripto en la Carta Magna.
Nuestro país en el concierto internacional está mal considerado por entre otras razones por falta de transparencia, corrupción, inseguridad jurídica e imprevisibilidad; con la incorporación de la pretendida reforma, significará acentuar el retroceso en las calificaciones, lo que a la postre se traduce en ayuntar inversiones; situación siempre adversa, pero particularmente contraproducente en un tiempos en que atravesamos un período crítico de la economía.
Desde el poder se pretende endosarle la responsabilidad del contante incremento de precios a los sectores privados. Pero nada hacen para atacar las causas que retroalimentan la espiral inflacionaria: Descomunal aumento del gasto público, descontrolada emisión monetaria, subsidios exagerados, desaliento de la producción, etc.
Una vez más el Gobierno apela al leitmotiv de defender a usuarios y consumidores, con estos argumentos falaces el país desaprovechó innumerables oportunidades, anuló su competitividad, perdió 10.000.000 de cabezas de ganado, descendió insólitamente en materia de producción triguera y girasolera, evidencia un estancamiento perdurable en lechería y, malogró las posibilidades de las economías regionales.
En contraposición, hoy debemos contentarnos como han mejorado ostensiblemente su performance económica todos los países de la región; que además de padecer una inflación sostenida desde hace siete años, en el presente la incógnita es si el piso será el 35% o si el alza de precios supera la barrera del 40%, debemos sufrir una inflación en dólares, con todo lo que ello implica; las exportaciones en franca decadencia; nunca como en este tiempo se registra una desproporción mayor entre lo que percibe el productor y lo que paga el consumidor. Tampoco en otro tiempo los grupos concentrados obtuvieron más réditos que desde que se apela a la muletilla de “Defender la Mesa de los Argentinos”
En definitiva, el proyecto que intenta imponer el PE constituye un intento de avasallamiento a las empresas privadas.
ENVIADO POR SU AUTOR http://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=5566#cRHCdFfBveGS4Fh8.99
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