correcto que fabricó la izquierda para silenciar la verdad sobre ella misma”.
Abel Posse
El Boletín Oficial confirmó que el Presidente había reconsiderado su decisión de transformar en “móvil” el feriado del 24 de marzo y, enmascarándolo con otros dos días patrios, dado marcha atrás manteniendo su condición de “fijo”.
En este caso, como con los dichos de Juan José Gómez Centurión, Mauricio Macri, por miedo zonzo frente al discurso “políticamente correcto”, pagó un precio absurdo. Mientras produjeron un intenso desagrado en su propia base electoral por la debilidad que demuestran, ambos gestos fueron efecto de las protestas que surgieron exclusivamente de pseudo organismos de derechos humanos, a esta altura probadamente delictuales; están integrados por personas que nunca votarán por él y están comandados por quienes, todos los días, convocan literalmente al derrocamiento (Hebe de Bonafini) o a la ¿resistencia? (Estela Carlotto).
Como ya había ocurrido con Darío Lopérfido cuando se refirió al tema, ahora le tocó el turno al Administrador de Aduana que, en una entrevista en televisión, sentenció: “No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras”. Se refería al número que determinó la CONADEP –probado por la incapacidad de los Kirchner de llenar las 30.000 chapitas del Parque de la Memoria, pese a haber retrotraído la fecha hasta 1955 e incorporado a terroristas muertos en combate o intentando copar regimientos, suicidados o asesinados por sus propias organizaciones- y el otro, inventado para acceder al concepto de “genocidio” y a los ingentes fondos que suministraron distintas ONG’s europeas, tal como confesara Luis Labraña (verhttp://tinyurl.com/ztbtwez), Si tiene interés en el tema, le sugiero “El negocio de los derechos humanos”, de Luis Gasulla.
El Gobierno, ahora a través del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, rápidamente aclaró que Gómez Centurión se había expresado a título personal y que, de ningún modo, representa el pensamiento oficial. Según parece, ningún funcionario está en condiciones de disentir con el discurso único, instalado desde la izquierda y hoy inconmovible, al mejor estilo gramsciano.
La represión de las organizaciones armadas era innegablemente necesaria, pero la aniquilación de su accionar no puede justificar el montaje de un plan para ‘desaparecer’ a los terroristas; por ello, debe ser repudiado y condenado, aún con el verdadero número, por cualquiera que crea que existen medios legalespara llevar adelante ese tipo de luchas. En los últimos cuarenta años, y salvo las declaraciones del Gral. Jorge Rafael Videla a Ceferino Rato, publicadas por éste en “Disposición Final”, no he conseguido que nadie me explicara con claridad cuáles fueron las razones que llevaron a adoptar una política criminal de semejante irracionalidad.
Pero también resulta indispensable recordar que, cuando Héctor Cámpora asumió el poder el 25 de mayo de 1973, una ley votada de apuro por el Congreso abrió las cárceles en las que se encontraban detenidos los escasos condenados (menos del 30%) de quienes fueran juzgados por terrorismo por la Cámara Federal Penal; en abril de 1974, los liberados mataron en la calle a uno de los magistrados que la integraban (Jorge Vicente Quiroga), y otros debieron exiliarse para evadir la venganza. En la medida en que uno de los miembros de ese Tribunal, el Dr. Jaime Smart, sigue en la cárcel a los 81 años pese a que la Cámara de Casación le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria, me siento habilitado a volver sobre un tema que ha sido recurrente en estas reflexiones semanales.
Presidentes que se disfrazaron (“La izquierda te da fueros”, justificó Kirchner) para obtener apoyo, y que controlaban un Congreso genuflexo y rastrero, lograron la derogación de las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, y procesos que se encontraban archivados se reabrieron y se amañaron para obtener condenas a los militares y civiles que lucharon para evitar que la Argentina se transformara en la Cuba de los Castro, pero dejaron impunes a los terroristas de la “juventud maravillosa”; el jefe del ERP, Mario Roberto Santucho, no hesitó al afirmar que, de triunfar, fusilarían a un millón de argentinos.
El título de esta nota, por ello, también abarca al irracional temor del Gobierno ante la necesidad de exigir a la Justicia sólo que aplique la ley vigente (la detención domiciliaria para los mayores de 70 años o la limitación de la prisión preventiva al máximo de dos años que garantizan los tratados internacionales) a los casi dos mil militares y civiles presos que hoy se pudren en las cárceles de todo el país.
Olvidados por una sociedad hipócrita (recordemos cuántos políticos de todos los pelajes –en especial, radicales- se convirtieron en ministros, gobernadores e intendentes entre 1976 y 1983) que no dudó en llamar a la puerta de los cuarteles cuando esas bandas terroristas –AAA, ERP y Montoneros- asolaban a la República, que vivía en democracia bajo el mando de la fórmula presidencial más votada de la historia, con sus bombas y sus asesinatos, con sus robos a bancos y asaltos a guarniciones militares, y que tantas víctimas civiles, nunca reconocidas por el Estado, produjeron. Felicito a Victoria Villarruel, Presidente de CELTyV y coautora -con Carlos Manfroni- de “Los otros muertos”, por sus participaciones en el programa Intratables de esta semana; ambas ediciones están disponibles en Youtube.
Para el control de legalidad de los fallos judiciales que hoy en este tema funcionan como instrumento de venganza de quienes perdieron la guerra en las calles, la sociedad dispone del Consejo de la Magistratura; por eso me permito sugerir a mis colegas, los abogados, presentarse ante él a título personal e individualmente, para denunciar a cada uno de los jueces que, en sus sentencias y resoluciones, se aparten de la estricta observancia de la ley, cualquiera sea la materia. Por lo demás, el Gobierno está en deuda con la sociedad por no haber enviado al Congreso un proyecto de ley para volver a la composición original de ese Consejo. En especial, hago mía una propuesta formulada esta semana, es decir, que los delegados de los bloques legislativos en el mismo sean juristas, y no diputados y senadores que deben faltar –demorando la tarea colectiva- cuando tienen sesión en las cámaras.
Si los magistrados se sienten estrictamente vigilados y controlados sólo tendrán dos opciones: renunciar para evitar ser removidos o ajustar su conducta a las normas vigentes; así como resulta repugnante el contrasentido del “periodista militante”, es más grave aún que existan tantos “jueces y fiscales militantes”, como los que nos legó el kirchnerismo a través de la farsa de “Justicia Legítima”.
Así lograremos recuperar un elemento esencial para la República: un Poder Judicial serio, independiente, confiable y rápido. Cuando contemos con él, no solamente los ciudadanos nos sentiremos -y estaremos- protegidos contra los abusos del Ejecutivo y del Legislativo, sino que los inversores podrán confiar en que los contratos serán respetados y que las normas que los rigen al momento de su firma no serán modificados con retroactividad, como tantas veces ha sucedido entre nosotros.
Bs.As., 30 Ene 17
Enrique Guillermo Avogadro - Abogado
ENVIADO POR SU AUTOR
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