Se podría hasta duplicar los impuestos a la riqueza

La estrategia de mantener el dólar estable con una tasa de interés de referencia del 40% puede ser atractiva para los que hacen negocio con la especulación financiera. Pero para los sectores de la producción, en especial las PYME, es extremadamente nociva. La evidencia, según el propio Banco Central, de que en el primer semestre del 2018 la tasa de cheques rechazados se duplicó respecto al promedio histórico es una potente luz de alarma de la urgencia con la que hay que reducir el déficit fiscal.
En el marco del ordenamiento de las cuentas públicas, el gobierno nacional anunció su predisposición a apartarse de la administración y financiamiento de servicios que están o deberían estar a cargo de las provincias y municipios. Para que esto no deteriore las finanzas de los gobiernos locales es fundamental tomar recaudos con la mejora de la eficiencia, la adecuación de tarifas y la ampliación de las fuentes de tributación.
Además de reducir la evasión, los espacios fiscales se pueden ampliar fortaleciendo los impuestos progresivos. Para apoyar esta afirmación se puede apelar a datos sobre presión tributaria. Según el Ministerio de Hacienda argentino y la OECD se observa que:
En Argentina la recaudación por impuesto a las ganancias es de 2,2% del PBI y de impuestos a la propiedad del 0,9% del PBI
En los países de la OECD (mayormente avanzados) la recaudación por impuesto a las ganancias es de 8,5% del PBI y de impuestos a la propiedad es de 2,0% del PBI.
Es decir que, mientras en Argentina los impuestos progresivos aportan 3,1% del PBI, en los países avanzados estos impuestos generan 10,5% del PBI.
Estos datos muestran que en la Argentina se recauda con impuestos progresivos apenas un tercio del monto que este tipo de tributo genera en el mundo desarrollado. Se trata de una flagrante contradicción con los discursos y las aspiraciones de construir una sociedad más igualitaria, inclusiva y con más justicia social. Una estructura tributaria más progresiva es condición necesaria, aunque no suficiente, para avanzar hacia una sociedad con mayor integración social. Por eso, sería muy pertinente tomar la urgencia de la crisis fiscal como la oportunidad para avanzar en la progresividad tributaria.
La debilidad se da tanto con el impuesto a las ganancias como a la propiedad. En el caso del impuesto a las ganancias, en la última década se dio un proceso desprolijo y parcial que generó polémicas y muchas resistencias. Pero en el caso de los impuestos patrimoniales se dio el proceso inverso ya que de manera gradual y silenciosa fueron perdiendo importancia. El debilitamiento se dio tanto en el nivel nacional (bienes personales) como sub-nacional (inmobiliario y automotor). Estos antecedentes más el hecho de que en la Argentina se cobran menos de la mitad de los impuestos a la propiedad que en países desarrollados hacen recomendable poner énfasis en este tipo de tributo.
Una propuesta técnicamente consistente y políticamente viable para ser implementada en muy corto plazo es suspender la reducción de la alícuota del impuesto a los bienes personales prevista para el año próximo y disponer que el monto recaudado sea derivado de manera automática a la provincia donde tiene domicilio el contribuyente. Junto con ello, se podría establecer que parte del impuesto inmobiliario y al automotor sea considerado como pago a cuenta de bienes personales. A futuro habría que avanzar en la total unificación de estos impuestos y trasladar su administración a las provincias.
Las evidencias internacionales muestran que en la Argentina hay excesos de impuestos distorsivos y regresivos y espacio para aumentar los progresivos. Ante la urgencia de reducir el déficit fiscal se generan justificadas dudas sobre la viabilidad de sostener el plan gradual de reducción de tributos distorsivos (cargas sociales, ingresos brutos, sellos, retenciones y cheque como pago a cuenta de ganancias). Para dar un paso estructural hacia un sistema tributario más parecido al de los países de mayor prosperidad, resulta pertinente fortalecer el impuesto a los bienes personales y avanzar en su integración con los impuestos patrimoniales que administran las provincias y los municipios.