El ente estatal no interviene en la elaboración de informes de impacto sobre los ecosistemas, ni cuenta con trabajos de este tipo hechos por las propias empresas a las que está asociada en emprendimientos off shore. Tampoco se sabe qué grado de avance tienen esos proyectos, que además funcionaron sin seguros ambientales, pese a que era obligatorio. El 90% de la energía que se consume en el país proviene de los hidrocarburos y, entre ellos, el más importante es el petróleo. Existen dos métodos de exploración y explotación petrolífera: el llamado “on shore”, es decir tierra adentro, y el “off shore”, realizado más allá de las costas, en un área también conocida como plataforma continental.
Sobre este último caso, el Estado dispone de un organismo que tiene la potestad de operar las zonas marítimas en conjunto con empresas privadas. Se trata de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), cuya atribución se extiende, no sólo a la implementación de los proyectos y al seguimiento de las consecuencias que esta actividad, considerada riesgosa, tiene sobre el medioambiente. Sin embargo, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), sostiene que ENARSA no interviene en la elaboración de estudios de impacto sobre los ecosistemas, ni tampoco cuenta con relevamientos de este tipo hechos por las propias compañías asociadas, que incluso operaron sin contratar seguros ambientales, pese a que estaban obligadas a hacerlo.
Ojos que no ven
La exploración y explotación conjunta de hidrocarburos off shore se lleva adelante mediante la conformación de UTEs, o unión transitoria de empresas, entre ENARSA y las firmas privadas (ver Los proyectos). Cuenta la AGN, que aprobó su informe en mayo de este año, que cuando se celebran estos convenios deben presentarse ante la Secretaría de Energía de la Nación las llamadas Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), con detalles sobre pozos abandonados e incidentes ecológicos.
En este punto, el organismo de control remarcó la “falta de evidencia documental de que ENARSA haya intervenido en la elaboración de los EIA correspondientes a las áreas en exploración donde se registra actividad, ni que haya tenido vista de los informes antes de que sean presentados” a la Secretaría de Energía.
Los auditores tampoco lograron encontrar pruebas que demuestren que ENARSA tenga “registros ni copias de la documentación ambiental básica de las actividades desarrolladas por los operadores de las áreas en exploración”, haciendo referencia tanto a los EIA, como a planes de contingencia, monitoreo o informes de cierres de pozos.
Para completar, la AGN añade que “no hay evidencia documental de que ENARSA haya realizado acciones de seguimiento, medición y análisis de las acciones que desarrollan los operadores”.
En pocas palabras: ENARSA no participó en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, tampoco tiene -ni siquiera miró- los informes hechos por las empresas privadas y no hizo investigaciones por su propia cuenta.
Un saco roto bajo siete llaves
Asimismo, la Auditoría detectó que ENARSA tampoco tiene copias de los estudios de impacto ambiental realizados por la empresa GX Technology Corporation (GXT), y que la propia firma presentó ante la Secretaría de Energía nacional.
GXT fue la encargada de llevar adelante el Programa Argentino de Sísmica. Se trató del “relevamiento, procesamiento, visualización e interpretación de la información sísmica 2D sobre 11.000 kilómetros de la Plataforma Continental Argentina, con el objeto de obtener datos geofísicos mejorados y la comprensión geológica (de la zona) para promover el interés por la exploración de hidrocarburos en el país”, detalla la AGN.
La sísmica 2D, es un estudio en dos dimensiones que sirve para examinar la posición y geometría de las capas subterráneas, y así determinar la eventual presencia de depósitos de hidrocarburos. Una vez que hay certezas sobre un posible pozo petrolero, se delimita el área para comenzar la exploración.
Pues bien, dice el informe de AGN que, más allá de que ENARSA no tenga copias de los estudios ambientales hechos por GXT, el ente estatal “no ha provisto evidencia documental de acciones” relacionadas en cuanto los permisos que gestionó la misma compañía privada ante organismos nacionales y provinciales para poder realizar su trabajo.
Para completar, la Auditoría reveló que no pudo acceder a los resultados del emprendimiento de la empresa internacional: “Finalmente el 16 de marzo de 2010, GXT entrega los originales del informe final del programa, al cual el equipo de auditores no ha tenido acceso. ENARSA menciona que (ese material) se encuentra físicamente guardado en caja fuerte, alegándose la confidencialidad del mismo”. Al cierre de las tareas de campo, la AGN concluyó que “no hay evidencias de que ENARSA haya planificado actividades con esta información”.
Seguros
Según la Ley General de Ambiente, todas las personas físicas y/o jurídicas que realicen actividades riesgosas para su entorno o ecosistema, deben contar con un seguro ambiental. De hecho, el Manual de Procedimiento indica que la contratación del seguro “es una condición inapelable” en todos los emprendimientos en los que ENARSA sea responsable.
En función de esos datos, y a partir de información entregada por el propio ente estatal, los auditores detectaron que “ninguna de las compañías con las que se celebraron contratos de UTEs off shore cuenta con póliza de caución ambiental”.
Además, la AGN analizó la normativa vigente en este tema y concluyó que “es bastante confusa”. A pesar de todo esto, “ENARSA no ha efectuado gestión alguna ante las autoridades competentes a fin de resolver la inclusión o no en esta obligación (la de contratar seguros ambientales) que emana de la Ley General de Ambiente”, completa la investigación.
Los proyectos off shore
Por otra parte, gracias a un mapa brindado por ENARSA, pudo determinarse que al momento de la auditoría existían 33 áreas destinadas a licitación, tres que estaban siendo operadas y otra dos proyectadas; todas pertenecientes a la Plataforma Continental Argentina, donde es posible realizar proyectos off shore.
En las tres áreas explotadas (E1, E2 y E3, todas en la Cuenca del Colorado), ENARSA suscribió sendos convenios UTE para explotar hidrocarburos -los que, al margen, tenían cláusulas de confidencialidad-: en la E1, por ejemplo, en la que el ente estatal se asoció con YPF, Petrobras y Petrouruguay, el programa de trabajo incluía una primer etapa con el registro de 2000 kilómetros de sísmica 3D (más precisa, pero también más cara que la 2D), y un pozo exploratorio.
Con respecto a esta iniciativa, la AGN observó que, “luego de cinco años, se completó el procesamiento e interpretación de sísmica 3D, pero el pozo aún no se ha perforado, por las bajas chances de éxito y los altos costos de perforación”, y además “desde 2010 no se completan las actividades”.
Para la E2, ENARSA se volvió a asociar con YPF y con la chilena Enap Sipetrol. Esta firma desarrolló entre 2008 y 2009 trabajos en tres pozos. Narra la Auditoría, que en septiembre de ese último año “decidieron terminar con la exploración y abandonar el proyecto”. Ya para 2010 y 2011 se realizaron varios estudios, presentados incluso a la Secretaría de Energía y el Instituto de Energía de Santa Cruz.
Por último, en 2007 comenzaron actividades de investigación en la E3, que terminaron entre 2008 y 2009 registrando 7.500 Km de gravimetría y magnetometría (procedimientos destinados a determinar el espesor de las capas sedimentarias), que servirían para estudios de futuras perforaciones, de cara a un emprendimiento conjunto entre ENARSA, YPF y Petrobras. Pero, la AGN remarcó que “terminados esos estudios, no se registraron más acciones al respecto en el área”.
En relación a las tres zonas de trabajo, la Auditoría completa su informe diciendo que “ENARSA no cuenta con información actualizada del grado de avance y estado de situación de las actividades de exploración de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina off shore que realizan sus asociados”.
Y, sobre las áreas a licitar, se añadió: “No se ha puesto a disposición del equipo de auditoría soporte documental que dé constancia de la evaluación y selección de las zonas mencionadas, no se conoce el grado de avance del proceso licitatorio ni si forman parte de un plan de inversión o de un plan estratégico donde consten metas, objetivos y plazos”.
FUENTE: Publicado en elauditor.info - http://www.elauditor.info/posts/show/6037
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