La Auditoría General de la Nación detectó modificaciones en el status de conservación de las tierras, pese a que una ley impide esa posibilidad. Santiago del Estero armó mapas con zonas explotables en medio de terrenos protegidos. Ambas provincias autorizaron emprendimientos sin convocar a audiencias públicas. Nación envía fondos, pero hasta un 88% menos de lo previsto, y con demoras. A fines de 2007 entró en vigencia una ley que buscaba proteger a las casi 29 millones de hectáreas de bosques que tenía la Argentina en ese momento, sobre todo del avance de la frontera agropecuaria y de las crecientes extensiones de cultivos de soja. La norma dividió al país en seis eco-regiones, asignó distintos grados de conservación para establecer dónde podía haber explotaciones y prohibió a las provincias que se modifiquen esas categorías. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que Salta recategorizó por su cuenta unas 14 mil hectáreas, permitiendo así que se inicien tareas de desmonte.
La Ley
La norma en cuestión es la Ley Nacional 26.331, sobre Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. Entre otros aspectos, el texto delimita seis eco-regiones en todo el país: el Parque Chaqueño, las Selvas de Las Yungas y Misionera, las zonas Espinal y Andino-patagónica, y los Montes, que atraviesan unas nueve provincias (ver mapa).
A su vez, estas extensiones tienen, puertas adentro, tres categorías de protección: la Roja (I), con un valor muy alto de conservación, donde no puede haber aprovechamiento forestal; la Amarilla (II) con un nivel intermedio de cuidado; y la Verde (III), que habilita desmontes, siempre que se sigan las reglamentaciones vigentes.
Por su parte, cada provincia debe ser responsable de esta conceptualización, mediante la creación de su propio Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), una suerte de mapas donde se especifica en qué lugar puede haber explotaciones.
La AGN aprobó en mayo un informe que analiza cómo esta ley fue implementada por su autoridad de aplicación: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, desde 2007 hasta junio del año pasado.
En el documento se observa que, desde la vigencia de la norma, “hay una tendencia a la disminución en el ritmo de pérdida de la superficie de bosques nativos, aunque a un ritmo muy lento”. En ese sentido, la Auditoría explica que el avance de la frontera agropecuaria y los nuevos cultivos de soja atentan contra los objetivos de conservación postulados en la Ley, y completa que “esta situación pudo ser comprobada en Salta y Santiago del Estero, provincias que fueron seleccionadas para una verificación in situ”.
Es que, como ya se dijo, en esas jurisdicciones “se permiten los cambios de categoría de conservación de predios, sin explicitar la prohibición de modificaciones hacia abajo (es decir, pasar de un nivel de mayor conservación a uno de menor cuidado)”. En su informe, el organismo de control ejemplifica que “en la provincia de Salta se recategorizaron más de 14.000 hectáreas, mientras que en el mapa de OTBN de Santiago del Estero aparecen puntos verdes (correspondientes a la categoría III) en zonas amarillas (categoría II) dando lugar a los desmontes”.
Participación ciudadana
En lo que se refiere a la participación ciudadana, la norma analizada por la AGN se apoya en la Ley General de Ambiente, que es anterior, y que garantiza convocatorias a consultas colectivas para evaluar el impacto ecológico de los emprendimientos productivos.
Pese a esta característica, la AGN detectó que tanto Salta como Santiago del Estero “autorizan proyectos de desmonte sin cumplir con el requerimiento de la audiencia pública previa”. Sobre eso, el informe ahonda que “la Secretaría de Ambiente recibió las denuncias correspondientes, pero no se verificaron acciones tendientes a resolver irregularidades”, y añade el reclamo de las “comunidades indígenas”, que no fueron convocadas ni siquiera para la confección de los mapas OTBN.
Los fondos
Paralelamente, en el marco de la Ley investigada se creó Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), con el objetivo de compensar con dinero a las provincias que impulsaban tareas tendientes a proteger sus sistemas forestales.
Con respecto a este Fondo, la AGN observó que “falta la reglamentación de algunos de sus artículos”. No obstante, sí se sabe que, por reglamento, la partida asignada a las jurisdicciones “no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional”.
A partir de esta certeza y comparando con datos presupuestarios, la Auditoría descubrió la entrega de “asignaciones menores a las establecidas legalmente”.
Por ejemplo, en 2011 se destinaron al Fondo unos $ 300 millones, que representaron poco más de un tercio del piso previsto, porque el 0,3% del presupuesto de la Nación de aquel año ascendía a $ 821,2 millones.
La tendencia no sólo se repitió en los ejercicios siguientes, sino que además la brecha entre lo que correspondía y lo efectivamente enviado se amplió.
Fue así que en 2012, el 0,3% del presupuesto nacional equivalió a unos $ 1.520 millones, pero al Fondo de Conservación de Bosques se destinaron unos $ 271 millones, es decir, el 17,8%.
Y el año pasado debían enviarse a esta iniciativa $ 1.887 millones, pero lo que efectivamente llegó representó sólo el 12,1% de esa cifra, unos $ 230 millones.
Para colmo, sobre la distribución del dinero, los auditores observan “demoras en la asignación de los montos anuales”, lo que “perjudica en las tareas a las provincias, que no pueden planificar bien sus actividades anuales”.
Al margen, el informe señala que la Secretaría de Ambiente “no ha desarrollado procedimientos de medición del desempeño de los instrumentos de gestión”, como el Fondo de Conservación de Bosques, y“tampoco hay documentación sobre el cumplimiento de las metas presupuestarias”.
La decisión de la AGN, de hacer controles in situ en Salta y Santiago del Estero, no fue tomada al azar: las dos provincias fueron las más afectadas por el aumento de la deforestación entre 2002 y 2006, y las que más dinero del Fondo de Conservación recibieron en 2013.
Más sobre el dinero
Básicamente, con el mencionado Fondo se financiaban proyectos presentados por las provincias, destinados a la protección de los bosques nativos.
Cuenta la AGN que todas las jurisdicciones presentaron iniciativas y que se aprobaron para su financiamiento 113 ideas: “Entre las provincias con mayor cantidad de proyectos asignados se encuentra Santiago del Estero con 15 y Chubut con 10. Al visitar Santiago del Estero, se observó que, a septiembre de 2011, había solo cuatro proyectos monitoreados (sobre un total de 15) con ciertas dificultades, como por ejemplo problemas en la tenencia de tierras por parte de comunidades campesinas, falta de mano de obra y problemas en la facturación”.
Los Ordenamientos Territoriales
Como ya se dijo, la Ley 26.331 establecía que cada provincia debía determinar qué zonas podían ser explotadas mediante la confección de su Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. Pues bien, cuando la AGN cerró su investigación, la norma llevaba cinco años de vigencia y, para ese entonces, siete provincias aún no habían presentado su OTBN.
Y además, como desde Nación no se impulsó un criterio uniforme en la elaboración de los mapas, los que sí estaban eran “heterogéneos”.
FUENTE:PUBLICADO EN EL AUDITOR INFO http://www.elauditor.info/posts/show/6077
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