La irritación contra los fondos “buitres” obnubila el análisis y hace perder de vista que muchas decisiones internas generan compromisos fiscales más difíciles de cumplir que los fallos de la justicia de EEUU. Un ejemplo concreto son las moratorias previsionales. Las obligaciones asumidas con estas jubilaciones sin aportes implican un enorme aumento de la deuda pública. La mayor parte de estos recursos quedan en manos de gestores, burocracia estatal y, especialmente, gente de la tercera edad de hogares de ingresos medios y altos. El Senado de la Nación aprobó por unanimidad una nueva moratoria previsional. Por este mecanismo gente que no realizó aportes a la seguridad social durante su vida activa accede a una jubilación en las mismas condiciones que una persona que aportó durante 30 o más años. Con las primeras moratorias del año 2005, se distribuyeron más de 2,6 millones de jubilaciones sin aportes. Cuando se aplique la nueva norma, que seguramente la Cámara de Diputados aprobará, el sistema previsional argentino habrá asumido compromisos de pago por más de 3 millones de jubilaciones sin aportes.
La jubilación tiene características muy diferentes al resto de los programas asistenciales. Por un lado, porque se asume un compromiso hasta que la persona fallezca y se agote el derecho a una eventual pensión a favor de un familiar. Por el otro, porque el monto de la prestación se actualiza automáticamente con la inflación gracias a la movilidad previsional. Por eso, más allá de que la contabilidad pública no las registre como tal, las jubilaciones sin aportes de las moratorias forman parte del endeudamiento del Estado.
Considerando el perfil demográfico de las personas que acceden a las moratorias y el monto del haber que otorgan, se puede estimar que:
Cada jubilación otorgada con la moratoria implica un compromiso de pago futuro de prestaciones por un monto no menor a los U$S 30 mil.
Por lo tanto, los más de 3 millones de jubilaciones sin aportes significan un compromiso fiscal superior a losU$S 90 mil millones de dólares.
De esta forma, la deuda pública generada con las moratorias equivale a aproximadamente el 19% del PBI.
Estos datos surgen de estimaciones muy aproximadas, pero alcanzan para mostrar la enorme masa de fondos públicos comprometidos con las moratorias. La deuda pública total registrada en la actualidad asciende a 213 mil millones de dólares (incluyendo la deuda defaulteada que no entró a los canjes, de los cuales una parte corresponde a los fondos “buitres”). Esto equivalente al 44% del PBI. Si se contabilizara la deuda no registrada de las moratorias, el endeudamiento del sector público nacional aumentaría al 63% del PBI.
La dimensión de la deuda pública contraída con las moratorias eclipsa la deuda con los fondos “buitres”. Esto no significa minimizar los impactos muy negativos que se derivan del manejo poco profesional de la deuda externa. Pero pone de manifiesto lo erróneo de la visión –ampliamente compartida– de que un rápido arreglo con los fondos “buitres” es positivo porque abre la oportunidad de tomar nueva deuda en los mercados internacionales a fines de financiar el déficit fiscal. El argumento de que la Argentina tiene un bajo nivel de endeudamiento es equivocado. Si se consideran las deudas no registradas, dentro de las cuales resaltan las previsionales, se llega a que la deuda pública es muy superior a la que había en el año 2001, cuando se decidió ir al default (54%).
Las moratorias producen daños y compromisos a futuro mayores que los fallos del juez Griesa. Distribuir de manera indiscriminada jubilaciones sin aportes es un mecanismo extremadamente rudimentario que no resuelve el problema de la baja cobertura previsional. Aporta apenas un paliativo transitorio (prueba de ello es que el Congreso está tratando una nueva ley), parcial (con la primer moratoria muchos adultos mayores pobres no accedieron a una jubilación) y promueve un enorme despilfarro de recursos públicos (la mayor parte del gasto beneficia a la burocracia, los gestores y a gente de clase media y alta).
El problema de fondo de la baja cobertura previsional es la alta informalidad y la inactividad laboral. Por eso, la prioridad es promover la creación masiva de empleos de calidad, para lo cual es imprescindible transformar las instituciones laborales y tributarias, eliminar los incentivos a no trabajar “en blanco” que generan los programas asistenciales (incluidas las moratorias) y promover una política fiscal más responsable. Hasta que estas políticas se instrumenten, un programa de pensiones no contributivas focalizado podría resolver la falta de cobertura social para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, con compromisos fiscales inferiores a los generados con las moratorias previsionales.
FUENTE: PUBLICADO EN www.idesa.org - Enviado por mail
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