| El daño que está haciéndosele al país con todo este ir y venir de funcionarios que intentan negociar pero sin negociar por miedo a que se caiga la cláusula RUFO o tal vez porque si negocian se cae el cartelito de “guapos” esgrimido hasta el cansancio por Cristina Fernández y sus ministros, es muy grande. |
Por Héctor Blas Trillo
Confieso que en estas horas aciagas no termino de calmar mi ansiedad ante la cantidad de acontecimientos que se suceden en torno al asunto de los llamados fondos “buitre”. Me cuesta entender la impericia con la que se maneja un tema tan delicado. La increíble torpeza con que se discute, los agravios al juez Griesa, la levedad con la que se pretende encarar un hecho tan desgraciado.
Desde las usinas oficiales se pretende presentar una vez más el maniqueo discurso amigo-enemigo, sin tomar siquiera en cuenta que no estamos discutiendo entre nosotros, sino que estamos haciéndolo ante la Corte del país que elegimos para que juzgue en caso de discordia respecto de los bonos de deuda emitidos por la Nación Argentina.
Creo que ni vale la pena reiterar los discursos de barricada de un ministro de economía que ni de lejos está a la altura de las circunstancias. Mucho menos el jefe de gabinete, que se enreda una y otra vez en una verdadera tarabilla de sinsentidos.
Mientras por un lado se pretende la reinstauración de una medida cautelar (que en inglés se conoce como “stay”) que permita pagar a los bonistas que entraron en el canje sin alterar las cosas, por el otro se insiste en pretender que los fondos denominados “buitre” renuncien al derecho que la justicia neoyorkina les ha otorgado.
Ahora, desde los medios oficialistas el ataque se ha encaminado hacia el juez Griesa. Se dice que se trata de una persona muy mayor, cosa que ya se sabe. Y también que se encuentra “confundido” y parece no tener en claro cuáles son las consecuencias de su decisión.
El absurdo es alarmante. Porque sea como fuere, la Corte norteamericana avaló la posición del juez Griesa por encima de todos los reclamos y apoyos (amicus curiae) nacionales e internacionales recibidos.
Las ditirámbicas “movidas” de la presidenta, del ministro de economía, del jefe de gabinete o del mismísimo canciller, son nada más que grotescas puestas en escena para consumo local, ya que no tienen a nivel internacional importancia alguna.
La cuestión de fondo ya quedó planteada y hace demasiado tiempo. La Argentina borró a los bonistas que no ingresaron al canje de 2005 mediante una ley denominada “cerrojo”, luego abrió el canje en 2010 suspendiendo dicha ley por un año; y finalmente la puso en vigencia nuevamente. Pese a ello, días pasados la presidenta dijo muy suelta de cuerpo que “el canje está abierto si quieren ingresar” en las condiciones propuestas a los bonistas que sí ingresaron en los canjes. Pero resulta que por un lado el fallo les otorga a estos fondos “buitre” el 100% de sus acreencias, y por el otro el canje no está reabierto. El absurdo supera incluso la capacidad de asombro que pueda quedar.
La ya popular cláusula RUFO (rights upon future offers), que impone aplicar las mismas condiciones que se otorgaren a los bonistas que no entraron en los canjes, en el supuesto de que éstas sean superiores, vence el 31 de diciembre próximo.
Siempre me he preguntado para qué se puso ésta cláusula, si de todas maneras el canje de 2005 se cerraría mediante una ley que dejaría afuera a todos los acreedores que no aceptaran la propuesta argentina. Nunca nadie me lo explicó de manera convincente.
Lo cierto es que precisamente con esa cláusula se dejó abierta la puerta aceptando lo obvio: que los demás ahorristas no se quedarían de brazos cruzados. Lo que obviamente ocurrió y sigue ocurriendo.
La Argentina nunca salió del default declarado con vítores en el Congreso Nacional a fines de 2001. Esta es la realidad que el gobierno peronista no quiere terminar de reconocer.
El daño que está haciéndosele al país con todo este ir y venir de funcionarios que intentan negociar pero sin negociar por miedo a que se caiga la cláusula RUFO o tal vez porque si negocian se cae el cartelito de “guapos” esgrimido hasta el cansancio por Cristina Fernández y sus ministros, es muy grande.
No estamos en condiciones de seguir pretendiendo dar cátedra al mundo de cómo debe funcionar el sistema financiero internacional, señores. Asumámoslo de una santa vez. Nos queda grande nuestra propia soberbia.
Hasta no hace tanto la señora daba cátedra al mundo acerca de lo que debería hacer para resultar tan exitoso como la Argentina. Llegó a afirmar que nuestro país se encontraba en mejor posición que Canadá o que Australia. Pero ahora resulta que el orden financiero internacional se nos vino encima junto con el mundo, y estamos siendo extorsionados por la justica y el poder norteamericanos.
No. Basta de mentiras por favor. Nadie está extorsionando a nadie. La Argentina debe dinero y nunca arregló sus cuentas como era debido que lo hiciera.
¿Es razonable suponer que un acreedor que rechazó los canjes se habrá de quedar con los brazos cruzados sin intentar jamás cobrar su dinero?
Los argumentos que pretenden sostener que los fondos denominados “buitres” jamás le prestaron dinero a la Argentina y ahora pretenden hacerse la enorme diferencia del 1608% obvian el hecho de que los tenedores originales de esos títulos perdieron su dinero. Vendieron muy barato lo que nadie quería porque la Argentina no les pagó.
Los argumentos que sostienen que habría que analizar si la deuda es legítima se dan de bruces con el hecho de que ya se negoció con el 93% de los acreedores sin discutir un centavo. Y también con el hecho de que aún encontrándonos con deuda ilegítima eso no cambia la realidad de que el país emitió títulos de deuda soberana, con lo cual si el dinero fue mal habido por alguien, ese es otro problema. Que el ministro de economía haya ido a la ONU a explicar que del préstamo de la Baring Brothers de 1827 sólo llegó la mitad al país es tan absurdo, tan ridículo, que no cabe sino imaginar la sonrisa sarcástica de los presentes durante la filípica.
Los argumentos acerca del tratamiento desigual a los fondos que ganaron el juicio con respecto a los demás bonistas se derrumban ante el hecho de que la Argentina no previó en la emisión de sus títulos qué ocurriría si fuera necesario recurrir a un default. Y va de suyo que si se hubiera previsto nadie hubiera prestado su dinero, por aquello de la teoría de la anticipación. Si tienes dudas de si vas a pagarme, mejor no te presto.
Si la Argentina tuviera intención de cumplir con el fallo, tal como se había comprometido a cumplir la última vez que solicitó y le fue concedido el amparo (stay), otro sería el camino. Los entendidos hablan de un depósito en garantía, o la intervención de un banco que compre los títulos y negocie luego con la Argentina, etc. Se trata de llegar a enero próximo para anular cualquier posibilidad de que alguien reclame por la RUFO.
El problema está en que si no se reinstala el amparo, no se les puede pagar a los bonistas que entraron en el canje. Y si pasan 30 días, el país entra nuevamente en un default, esta vez sobre la deuda canjeada.
Escuché al ministro de economía decir que si ello ocurre “no pasa nada”. También escuché a algunos economistas señalar algo parecido.
MI opinión es que pasa y mucho. Y que ya está pasando. La Argentina parecía haber retomado la buena senda al arreglar el entuerto con el Club de París, con el CIADI o con Repsol. No discuto acá si mal o bien, lo cierto es que arregló esos asuntos. Claramente estaba buscando reinsertarse en un mercado que presta dinero a países como Bolivia o el mismísimo Ecuador a tasas que van del 4 al 7% anual, algo impensado para esta Argentina en default permanente.
Mientras tanto, el déficit fiscal no para de crecer. La emisión de moneda se encuentra absolutamente descontrolada, al punto de que en 40 días se emitieron algo así como 41.000 millones de pesos. Algo que puede verse fácilmente en los cajeros automáticos, donde la mayoría de los billetes que entregan son absolutamente nuevos.
Se otorgan subsidios, se crean organismos del Estado, se asignan más y más recursos por fuera del presupuesto anual. Existe un descontrol increíble en las cuentas públicas.
La inflación pretende controlarse con acusaciones a los empresarios, con los “precios cuidados” y con el dólar planchado. Una verdadera bomba de tiempo que estallará más temprano que tarde.
Mientras tanto, claro está, no es posible reducir la presión tributaria, que agobia a los asalariados y a los autónomos, principalmente.
La verdad es que ya no se sabe hacia dónde vamos. Ni cómo ni por qué.
Quedan 5 días para que el país defina qué hará. El nuevo default al que parece encaminarse generará más penurias a la población, penurias que serán endilgadas, con toda seguridad, a la justicia norteamericana, a la que la Argentina recurrió y cuyas sentencias se comprometió a cumplir. Hasta que finalmente terminó diciendo que son incumplibles.
La economía se encuentra en recesión y los reclamos por mejoras salariales son cada vez más numerosos. La presión tributaria es insoportable y la inflación no se detendrá mientras siga el expansionismo monetario. A todo esto se suma la ligereza con la que se toman estos asuntos tan graves.
El rumbo elegido nos lleva a una colisión inevitable. El daño que resulte de ella puede uno imaginárselo, pero difícilmente sea posible describirlo en su totalidad.
Quizás convenga todavía tener alguna esperanza de que privará la sensatez.
ENVIADO POR PREGON AGROPECUARIO http://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=5492#fT81wB8MXtDPjlWw.99
No hay comentarios:
Publicar un comentario