LA EXPANSIÓN DEL ESTADO IMPONE AJUSTES DE CONSUMO E INVERSIÓN

El vertiginoso aumento en el gasto público de los últimos años fue a costa del consumo de las familias y las inversiones de las empresas. Por eso, posponer el ajuste en el Estado implica fatalmente profundizar el ajuste sobre las familias y las empresas. La manera de mitigar este costo social es acelerando la modernización del Estado de manera que se reduzca la cantidad de recursos que absorbe y aumenten la cantidad de servicios e infraestructura que ofrece. El Ministerio de Hacienda dio a conocer el resultado de las cuentas públicas nacionales para el año 2016. Como aspecto positivo se destaca haber restablecido la institucionalidad, rota por la gestión anterior, de brindar transparencia cumpliendo con el cronograma que establece que el resultado fiscal de cada año debe conocerse en enero del año siguiente. El aspecto negativo es que se confirma que el déficit fiscal sigue aumentando. En el año 2015 el déficit primario (ingresos menos gastos sin contabilizar rentas ni intereses a pagar) del sector público nacional representaba el 16,5% de los gastos primarios, mientras que en el año 2016 llegó al 18,2%. Estos resultados son consecuencia de que los gastos del Estado nacional siguieron subiendo por encima de los ingresos fiscales. El fenómeno está asociado a que en el primer año de gestión del nuevo gobierno se mantuvo la inercia heredada del gobierno anterior de no desacelerar la expansión del gasto público. Una manera de aproximar el impacto social que causa el agrandamiento del Estado es a través de los agregados económicos de las cuentas nacionales. En este sentido, según datos del Ministerio de Hacienda y del INDEC para los años 2000 y 2016 se observa que: El consumo privado cayó del 69% al 67% del Producto Bruto Interno (PBI). La inversión se redujo del 16% al 15% del PBI. El consumo del Estado consolidando los tres niveles (nacional, provincial y municipal) pasó del 14% al 18% del PBI. Estos datos muestran que el aumento en el gasto público fue equivalente a la disminución en el consumo de las familias y en las inversiones de las empresas. Es decir, la mayor cantidad de recursos que asigna el sector público fueron posibles gracias a una menor disponibilidad de recursos asignados a gasto de las familias e inversiones de las empresas. Dado que el aumento en el gasto publico fue desordenado, centralizado y con poco apego a la eficiencia y la equidad no es exagerado afirmar que los “desajustes” en el Estado fueron financiados con crecientes “ajustes” aplicados sobre las familias y los planes de inversión de las empresas. Desde el punto de vista del bienestar de la población no es relevante la magnitud de los recursos que absorbe el Estado sino cómo son asignados y administrados. En los países más desarrollados, la presión tributaria es tan o más alta que en la Argentina reduciendo aún más los ingresos de las familias y las empresas. Pero esos recursos son usados para ofrecer servicios y obras de infraestructura que mejoran el bienestar de las familias y la competividad de las empresas. Es decir, el Estado disminuye capacidad de consumo de las familias e inversión de las empresas, pero devuelve buenos servicios e infraestructura. En la Argentina, se pagan muy altos impuestos pero la calidad de los servicios y la magnitud y pertinencia de la inversión pública es deficiente. Las familias sacrifican una relativamente alta proporción de sus ingresos para sostener al Estado, pero tienen que multiplicar esfuerzos para pagar servicios privados de educación, seguridad y salud que en países desarrollados son ofrecidos con altos estándares de calidad por el sector público. En el mismo sentido, las empresas no solo sufren el agobio de una muy alta presión impositiva sino también las consecuencias de una infraestructura muy precaria. Persiste la idea de que hay que avanzar con un “ajuste” gradual en el sector público. La estrategia puede tener sentido desde el punto de vista de la viabilidad política para que los intereses enquistados en el Estado no se sientan tan agredidos. Pero no reduce los costos sociales que el sector público impone cuando no usa bien los recursos haciendo pagar con menor consumo a las familias y menores inversiones a las empresas. Por eso, la mejor manera de contribuir al bienestar de la población es avanzando de manera más acelerada e incisiva sobre los derroches y la mala administración de los fondos públicos. Esta es la forma de aumentar la calidad de los servicios y la infraestructura y generar ahorros para reducir la presión tributaria sobre las familias y las empresas.