ACUCIADO POR EL DÉFICIT, SIOLI PRETENDE GRAVAR A LAS COOPERATIVAS

Con la premura de hacerse de fondos el gobernador pone evidencia el menoscabo y desconocimiento sobre la esencia de la economía solidaria; confundiendo funcionamiento y propósito del cooperativismo con actividades lucrativas.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

El gobernador Buenos Aires, Daniel Scioli, en su impotencia por tapar los agujeros del erario provincial no ceja de lucubrar la instauración de nuevos tributos o hacer más gravosos los existentes. En materia de impuesto inmobiliario, el proyecto de ley impositiva 2015, recientemente enviado a la legislatura, se prevé un incremento del 30%; a tal fin lo previsto es aumentar 10,5% el valor fiscal de las propiedades y de 0,85 a 1% el coeficiente de ajuste de la base imponible. Asimismo procura gravar con el impuesto a los sellos a los actos y contratos, mediante los cuales se determine la cesión de derechos vinculados a deportistas profesionales.

Pese al incremento verificado en la presión tributaria durante los últimos años, el déficit no deja de crecer; consecuencia de la progresión del gasto público improductivo. La voracidad fiscal es tal, que una vez más intenta arremeter impositivamente contra las cooperativas bonaerenses, situación que ha generado la reacción del sector, a través de tres entidades representativas de tercer grado: Confederación Cooperativa de la República Argentina “COOPERAR”, Confederación Intercooperativa Agropecuaria “CONINAGRO” y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo “CNCT”, en un manifiesto titulado "Una burla a la Constitución Provincial".

Para poder concretar su propósito, previamente el Poder Ejecutivo bonaerense debe lograr derogar la Ley 13.360, norma que reconoce la naturaleza no transaccional del acto cooperativo, razón por la cual no grava con Ingresos Brutos a las operaciones entre las cooperativas y sus asociados.

Cabe consignar, que esta es la tercera oportunidad que Scioli pretende aplicar al cooperativismo el impuesto a los Ingresos Brutos, fracasando en sus dos intentos anteriores por sendos rechazos en la legislatura provincial. Siendo oportuno destacar que además de tratarse de una gabela improcedente, pues el cooperativismo no persigue fines de lucro, la medida es considerada anticonstitucional; partiendo de la base de que la vigente Ley 13.360, sancionada en 2005, convirtió en operativa la cláusula constitucional, estipulada en el Art. 41 (por el cual se fomenta la constitución y desarrollo de cooperativas, otorgándoles un tratamiento tributario acorde con su naturaleza.)

Con la premura de hacerse de fondos el gobernador pone evidencia el menoscabo y desconocimiento sobre la esencia de la economía solidaria; confundiendo funcionamiento y propósito del cooperativismo con actividades lucrativas. En los fundamentos del proyecto mencionan corregir “una renta diferencial”, soslayando una premisa cardinal del movimiento que no aspira a tener utilidades. Oportuno es hacerle notar al mandatario que las cooperativas son constituidas con el objeto de satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales de sus asociados.

Una vez más la decisión queda en manos de los representantes del pueblo, quienes tienen la potestad de rechazar la iniciativa del Poder Ejecutivo, tal como ya lo hicieran las dos veces anteriores que se presentaron proyectos semejantes, o en su defecto aprobarla, lo que daría lugar a una presentación judicial por inconstitucionalidad.

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