Por Enrique Guillermo Avogadro
Los argentinos, que hemos sido capaces de convertir en “truchos” o falsos tantos aspectos de nuestra realidad, el viernes contribuimos muy eficazmente a este final anunciado.
Mediante un juicio político, realizado con estricto arreglo a la Constitución, el Congreso de la República del Paraguay destituyó al Presidente, el ex Obispo Fernando Lugo. Las cámaras legislativas llevaron adelante el proceso con enormes mayorías, que superaron el 90% en ambos casos.
Centrando sus objeciones en la rapidez con que se realizó el trámite y en una presunta violación al derecho de defensa del mandatario destituido, la vociferante alianza bolivariana encabezada por Venezuela e integrada por Nicaragua, Ecuador, Bolivia y la Argentina, intentó aplicar insólitas sanciones económicas a la República del Paraguay, que frenó la firme decisión de Dilma Rousseff. Y eso después de la fracasada tentativa del Canciller chavista, Nicolás Maduro, en intentar que las fuerzas armadas paraguayas desconocieran la resolución del Congreso, cometiendo una nueva e ilegal intromisión en sus asuntos internos.
El error en el que, intencionadamente, se hizo caer a la opinión pública de la región fue confundir un juicio político con un proceso penal, en el cual deben –en ninguno de los cinco primeros países nombrados es así- regir los principios de inocencia, de igualdad ante la ley, de ley anterior al hecho del proceso, de legalidad, de juez natural, etc.. En un juicio político lo que se cuestiona es la actuación política del acusado que, si además tiene imputaciones penales, será investigado, juzgado y eventualmente condenado por la justicia común.
Lo que sucede es muy simple; Manuel Noriega, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner, que se sienten emperadores, ignoran olímpicamente que la representación soberana del pueblo se encuentra en el poder legislativo, y no en el ejecutivo, como sucede en los países que presiden. Al negar esta verdad se curan en salud, y visten con los colores de golpe de Estado hasta la protesta más legítima. Se hizo en Honduras, cuando la Corte Suprema de Justicia condenó a su Presidente por desoír una sentencia, se hizo en Ecuador y se hace en Bolivia, con sendas huelgas policiales realizadas por incrementos salariales, y en Argentina se califica como golpista y destituyente inclusive a la pretensión gremial de evitar que se cobren impuestos al salario.
Sin embargo, la alianza construida alrededor del papagayo caribeño logró, suspendiendo la participación de Paraguay en el Mercosur, que Venezuela ingresara a ese pseudo mercado común, que ni siquiera llegó a ser una mera unión aduanera; hasta ahora, el Congreso paraguayo evitaba autorizarlo, y se optó por este canallesco subterfugio para sortear el inconveniente.
De todas maneras, el proceso de integración que Sarney y Alfonsín iniciaron ya estaba muerto, sobre todo por los límites comerciales impuestos por la Argentina, las devaluaciones monetarias sorpresivas de Brasil, los enclaves de Manaus y de Ushuaia, y los naturales reclamos de los dos países menores respecto a ambas potencias regionales. Ahora, con la plena incorporación de la República Bolivariana de Venezuela, el 31 de julio nacerá el Truchosur.
No puede calificarse de otro modo a un conglomerado de países que dicen custodiar los valores democráticos para excluir a Paraguay, mientras no solamente se los viola sistemáticamente aquí y, ahora, aceptan integrar a uno en el que, ayer mismo, se impuso una multa impagable a un canal de televisión por el solo hecho de ser opositor al chavismo.
Volviendo a la Argentina, la semana que terminó nos deparó algunas novedades que complicaron, aún más, el confuso panorama político y económico nacional. El primer episodio destacable consistió -¿cuándo no?- en el prolongado discurso que perpetró la señora Presidente por la abusada cadena nacional el martes.
La perla –entre muchas otras- del mismo fue el relato de la sorprendida reacción de los líderes del G-20 cuando doña Cristina les contó que aquí, mientras todos los países luchan denodadamente para sostener la economía de la eurozona, los gremios obtienen aumentos del 20%. ¿Imagina que reina sobre cuarenta millones de imbéciles, capaces de creer ese cuento?
Porque esos líderes saben, con detalle, que nuestra inflación anual supera, en un proceso creciente, el 25% y que, por ello, los sindicatos deben aceptar que el salario de sus afiliados disminuya en términos reales. Saben, también, que el 40% de la población activa trabaja aquí “en negro” y que, después de nueve años de inédito crecimiento, casi un 30% de nuestros conciudadanos viven por debajo del límite de pobreza, por más que el Indec delire sobre esa realidad.
Lo sustantivo del discurso, sin embargo, fue la cerrada negativa a considerar los reclamos que la negada inflación justifica, en empresarios y en trabajadores; los primeros, porque no se les permite ajustar sus resultados de acuerdo a los efectos reales, y los segundos, porque deben resignar su capacidad de consumo, y todos en beneficio de un Estado elefanteásico, incompetente y corrupto.
El acto de Moyano, magro en términos cuantitativos, fue significativo porque es la primera vez que algún gremio, en especial uno tan poderoso, se para en franca oposición al Gobierno desde hace nueve años. Como estuve presente, debo confesar que el aporte de las diferentes izquierdas fue significativo, más allá de lo idéntico de los reclamos, con lo cual la cantidad real de asistentes aportada por los aliados de don Hugo Camión fue sensiblemente menor, generando los recelos del caso. Sin embargo, sigo pensando que, con prescindencia a la permanencia de Moyano en la CGT de Azopardo, el escenario gremial se complicará aún más con tres, cuatro o cinco centrales de trabajadores distintas, ya que sus caciques deberán esforzarse en la competencia, y será la Casa Rosada la que pague las consecuencias de esa atomización.
El viernes, más allá de la pelea con Moyano y Scioli, nos enteramos que la Provincia de Buenos Aires pagará el medio aguinaldo en tres cuotas –¡con este nivel de inflación!- y que los gremios estatales ya anunciaron paros, que la mayor planta de aceitunas del país tuvo que cerrar las puertas, y que el mayor frigorífico de La Pampa, siguiendo el camino trazado por los inversores brasileños en esa industria, ha despedido e indemnizado a todo su personal. El principal yacimiento productor de gas y petróleo de la Argentina continúa paralizado por un salvaje sector gremial al que nadie parece ser capaz de ponerle el cascabel, y las distribuidoras eléctricas están al borde de la cesación de pagos, con la consecuente falta de inversiones en mantenimiento. Mientras tanto, la inflación continúa a ritmo creciente, se siguen fugando capitales, la inseguridad destruye la vida cotidiana, y el país se ha transformado en un paraíso para el narcotráfico. Aerolíneas Argentinas sigue perdiendo dos millones de dólares diarios, y nadie se digna dar una explicación ni, menos, exhibir un balance o una simple cuenta de gastos. Y Ciccone continúa imprimiendo billetes sin que podamos saber, siquiera, a quien pertenece la empresa, lo mismo que sucede con la compañía que maneja la cacareada tarjeta Sube.
Que la Argentina es un curioso país no hay quien lo dude. Pero el escenario macro no está mal y no se parece, ni de cerca, al 2001. Sin embargo, la señora Presidente debería dignarse aclarar a sus súbditos si piensa cambiar el rumbo o persistir en él. Lo único cierto es que no podemos continuar a la deriva y viviendo en este generalizado desorden otros tres años; tal vez, sea por eso que a doña Cristina le preocupe tanto lo sucedido en Asunción.
Bs.As., 1 Jul 12
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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