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Julián A. de Diego Director del Posgrado en
Conducción de Recursos Humanos U.C.A.Nosotros nos guiamos por la evolución de la góndola” pregonan los dirigentes sindicales, al momento de parametrizar la inflación, para determinar un valor autónomo que permita exteriorizar el porcentaje de incremento de los salarios de la negociación colectiva. Para medir algo, es imprescindible contar con un componente objetivo -surgido de una fórmula de cálculo- que permita la comparación entre dos o más datos, y que se compadezca con la realidad a través de información constatable y comprobable. En general, la información transformada en números puede admitir una variable de error razonable, y también puede tener una cuota de subjetividad. Esta búsqueda se produce en medio de importantes contactos entre el Gobierno Nacional y los sindicatos más representativos como SMATA de Ricardo Pignanelli, la UOM de Antonio Caló, la UOCRA de Gerardo Martínez y Empleados de Comercio de Armando Cavalieri, para que adhieran en forma segmentada al 18% propuesto como techo de cualquier acuerdo convencional. Con ello se busca una señal positiva de adhesión por parte de los gremios más poderosos desde el punto de vista de su influencia sobre el resto, y en relación con la importancia de la entidad en la industria, los servicios y las actividades líderes.
Un destacado gobernador provincial refirió que cada provincia tiene las herramientas para establecer con bastante precisión la evolución de la inflación. Uno de los casos es Mendoza, que tienen un índice sobre la evolución de una serie de productos en los supermercados que tiene ya reconocimiento regional y nacional. Los dirigentes gremiales tradicionales hacen generalmente dos consultas a consultoras diversas. La CTA por ejemplo ha generado todos los años, al momento de discutir el Salario Mínimo Vital y Móvil una canasta familiar que el año 2011 alcanzaba los $3900 y que tiene un proceso de seguimiento de cinco años. Algunos sindicatos claves de la dirigencia disidente como oficialista consultas a asesores empresarios, y para evitar informes tendenciosos confrontan entre dos o más determinaciones, y analizan las bases de análisis de las mediciones.
La justicia laboral, que no puede ni debe recurrir a mecanismos indexatorios, basados en fórmulas de actualización monetaria, fija intereses que son en gran parte compensatorios, porque suple el curso de la inflación. Además están los intereses punitorios originados en el pago fuera de término. El primero representó un 25% durante el 2011, cuando la inflación reconocida en forma general alcanzó aproximadamente entre el 22 y el 23%.
Nadie tuvo ni tiene en cuenta -y esto ocurre en las paritarias desde el año 2003 en adelante-, las determinaciones del Indec, en ninguna de sus valoraciones. O dicho en otros términos, si los tuvieron en cuenta, los valores del Indec han quedado muy rezagados, y no podrían conformar hoy ni siquiera un piso lejano. Las evidencias son palmarias. El Indec tiene un IPC que no llega al 200% en toda la “Era K”, contra una inflación del IPC promedio de mediciones de las universidades públicas y privadas del 350% y aumentos de salarios por vía de los convenios colectivos acordados entre los sindicatos y las entidades empresarias que promedian el 450%, llegando a topes de más del 600%. En el año 2002 un operario oficial de SMATA necesitaba entre 14 y 16 salarios para comprar un auto pequeño de tres puertas. Hoy, el mismo trabajador puede adquirirlo HOY con 8 salarios. Es sin dudas una evidencia de que el salario real del personal convencionado se vio incrementado en forma real a niveles tales que puede confirmar la política oficial de que se ha producido claramente un desplazamiento de ingresos en beneficio de aquellos que se encuentran representados por sindicatos que discuten abiertamente su paquete de compensaciones. Quiénes perdieron: los no convencionados ni representados por sindicatos como los profesionales terciarios o universitarios, o los mandos medios y superiores, según se valore o aprecien los diversas actividades, industrias, o servicios.
Para concluir, al Poder Ejecutivo le quedan dos caminos. Buscar un medio de parametrización de la inflación que resulte confiable frente a los interlocutores, en cuyo caso, habría que contar con la consigna de que la inflación está en franco descenso. Una salida alternativa fue, y hoy vuelve a ser la elaboración oficial de una canasta familiar convencional. No la prevenida para el nivel de indigencia, ni para el nivel de pobreza, sino una canasta oficial del INDEC para ‘el trabajador medio convencional‘, como en algún momento existió el índice del peón industrial de la Capital Federal. Resulta claro también, que muchos de los parámetros privados están teñidos de ciertas subjetividades y pueden despertar suspicacias. Con ello, es muy difícil guiarse por determinaciones privadas, por más serios que sean sus referentes, cuando a cada uno lo puede impulsar un interés sectorial, sea economicista, político partidista, o inclusive, personalista. La información sobre el curso de los guarismos de enero de 2012 no son muy alentadores una vez realizadas las primeras encuestas de precios.
Es por eso que el Gobierno ha echado mano a la segunda alternativa que es la que se está explorando en este momento, y es simple y llanamente partir de la premisa de que la batalla contra la inflación está ganada de hecho, y por ende, un aumento superior al 18% pondría en peligro la estrategia general. Es por ello que se aceleran las gestiones con los gremios más representativos para afianzar este parámetro. Los sindicatos saben que el sacrificio que asumen es relativo, ya que si los precios se llegan a disparar, nadie cumplirá con los compromisos originales por razones de imprevisión o de fuerza mayor. El futuro se definirá en los próximos meses.
FUENTE:Publicado en www.cronista.com
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