Por: Aldo Norberto Bonaveri
A veces por desconocimiento, otras por superficialidad de análisis, o en ocasiones debido a confusiones sobre la naturaleza de los actores, se efectúan comparaciones imprecisas, aun cuando la similitud de la referencia induzca a ello.
Esta situación acontece en consideración diferentes asuntos, pero para el caso, la introducción es apropiada para observar las diferencias que existen entre cooperativas con empresas estatales y lucrativas; las que en muchos ámbitos cohabitan dos de ellas, cuando no los tres. Cabe expresar que no es el propósito extenderme más allá de los aspectos básicos de los elementos a discurrir, al tiempo de limitarme a ejemplos elocuentes.
Privadas
Desde el pequeño cuentapropista hasta las grandes compañías multinacionales, pasando por comerciantes, prestadores de servicios y profesionales con ejercicio liberal de la profesión el objetivo supremo es obtener rentabilidad; mientras más elemental es el emprendimiento, más rápido necesita lograr utilidades para seguir funcionando. Si bien el anhelo general es alcanzar esa condición cuanto antes, muchas veces las empresas organizadas difieren momentáneamente el propósito, especialmente en casos puntuales por razones estratégicas.
Es frecuente observar como el marketing sobre determinados productos exige previamente destinar recursos para posicionarlos; incluso existen no pocos paradigmas de grandes empresas, que de ex profeso operaron por un tiempo a pérdida, eliminando así a la competencia para luego resarcirse fijando las condiciones pretendidas.
Un poco antes o un tanto después, lo concreto es que la actividad privada cualquiera sea su tamaño debe ser rentable, para ello es menester que sea eficiente y asuma riesgos; para ser sustentables es insoslayable la reinversión y, está muy claro que si los gastos exceden o, la facturación no es acorde a la estructura su persistencia se torna inviable; en cuyo caso el dueño, los socios o la propia empresa asumen las consecuencias.
En las empresas los dividendos se distribuyen y el control se ejerce consecuentemente con el capital aportado. Las decisiones cotidianas son tomadas por los gerentes, en tanto las fundamentales por el directorio, cuya gravitación también está íntimamente ligada a la tenencia de acciones.
Estatales
Las empresas públicas propiedad del Estado, (nacional, provincial o municipal) pueden ser totalmente estatales o mixtas con mayoría estatal, o que ejerza su dirección y gerenciamiento.
Teóricamente se constituyen para mejorar el bienestar de la sociedad, aunque en la práctica muchas veces su creación responde a cuestiones políticas (que no vienen al caso analizar). La dirección, el control y el poder de decisión están a cargo de los funcionarios designados a tal fin, o según su magnitud, por el ministerio o repartición que por ley u ordenanza corresponda.
Si existieran utilidades son capitalizables. Esta posibilidad en nuestro país contempla muy pocas excepciones, (otrora YPF y Aerolíneas Argentinas). La historia es pródiga en materia de ineficiencia del Estado como empresario. Si desconocer que hay servicios que no sólo deben evaluarse por el resultado económico, (tal es el caso del ferrocarril que además de haber cumplido un gran rol social, constituyó en su momento un pilar fundamental para el crecimiento del país), justo en decir que abundan los casos de desmanejos e incompetencia, sin soslayar que en oportunidades ha sido caldo de cultivo para la corrupción.
Hipotéticamente los quebrantos deben ser asumidos por el Estado, lo que en la práctica significa que somos los argentinos quienes tenemos que hacernos cargo. Cunden las muestras donde la ineptitud se financió con nuevos impuestos y, el país debió resignar crecimiento y el desarrollo que por potencial deberíamos revelar. Si bien son innumerables los episodios que así lo demuestran, me voy a limitar a referirme a dos ejemplos.
En 1991, el tándem Carlos Menen – Domingo Felipe Cavallo (presidente de la Nación y Ministro de Economía respectivamente) dispusieron entre otras privatizaciones la de ENTEL. Cabe consignar que la medida en cuestión fue aceptada por la sociedad como una necesidad, habida cuenta que el servicio era deficiente, anacrónico y deficitario. Pero del mismo modo corresponde mencionar que previamente a entregar la empresa a Telecom y Telefónica de Argentina, producto de lo acordado, en el furor de la convertibilidad, el Gobierno implementó un incremento del servicio superior al 600%. Semejante tarifazo (en dólares pues regía el 1 a 1) amerita dos interpretaciones ¿Irresponsabilidad extrema? o ¿Escandaloso negociado?.
Si la tarifa concedida era la que correspondía para la explotación del servicio, teniendo en cuenta inversiones y una lógica rentabilidad, evidencia la negligencia e ineptitud de haber precipitado la destrucción de la empresa estatal, pues semejante retraso es inadmisible. Con esas condiciones seguramente ENTEL habría sido superavitaria y, no hubiera tenido mayores inconvenientes en asociarse con una empresa de primera línea internacional que aportara capital y tecnología.
Quienes vivimos aquel momento sabemos lo que significó el impacto, como de la noche a la mañana los usuarios debimos afrontar costos inopinados.
Recientemente, se conoció que las grandes empresas distribuidoras de energía le deben al Gobierno una suma cercana a los $ 8.000 millones (mil millones de dólares al cambio oficial); la mora viene de lejos, pero muestra un abultamiento exponencial en los últimos meses (En abril de 2012 la deuda por el mismo concepto era de $ 360 millones). El monto en cuestión significa un 10% de los subsidios destinados a la energía durante el año pasado.
Segmentando la deuda hasta enero pasado se advierte que EDENOR debía $ 2269 millones, EDESUR, $ 1656 millones, EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) $ 1429 millones, seguidos por EDEMSA (Mendoza), DPEC (Corrientes), EDELAP (La Plata), Electricidad de Catamarca, la cooperativa de Comodoro Rivadavia y EDELAR (La Rioja).
¿Cómo se entiende semejante realidad? ¿Por qué el Gobierno acepta esta situación? La explicación está dada en el pronunciado retraso tarifario impuesto desde Gobierno, ello conlleva imposibilidad de las distribuidoras de atender con sus ingresos los costos operativos. El ministro De Vido amagó con sacarles la concesión, no obstante no toma medidas porqué sabe que son insolventes, técnicamente inviables y, en consecuencia resultaría un problema mayor aún si dejaran de prestar el servicio.
En definitiva se ha llegado a una situación límite consecuencia de una absurda política de subsidios, que cada vez se hace más insostenible; un problema que viene de lejos, pero nunca abordado y, que ahora se presenta escabroso, pues si bien el reajuste en función de costos es inobjetable, la actualización significaría un golpe sensible especialmente en el interior, máxime teniendo en cuenta que masivamente la gente estimulado por los bajos precios aumentó desproporcionadamente el consumo. En síntesis un problema grave.
Cooperativas
En el plano de la democracia interna, se expresa con un voto para cada asociado, sin discriminación al capital suscripto, el que a su vez está estipulado en función de los servicios recibidos. Ello trae aparejado a que el capital sea variable, concordante con las prestaciones y la suma o resta de ingresos o egreso de socios, garantizándole a estos el reintegro de sus acciones en caso de retiro.
El objetivo de las empresas solidarias es brindar servicios y/o productos a sus asociados sin fines de lucro. El ideal de las cooperativas es operar al costo real, contemplando tanto las erogaciones corrientes, como las amortizaciones en el lapso correspondiente. En consecuencia las cooperativas no registran ganancias, cuando se generan excedentes, (que generalmente son exiguos habida cuenta lo antes expresado). Se capitalizan o en su defecto se distribuye entre los asociados proporcionalmente.
En virtud de lo expresado, va de suyo que las cooperativas deben necesariamente propender al equilibrio económico. Factor que no solamente deben procurar los dirigentes, sino también le corresponde a los socios preservar. Nefasto sería para las comunidades donde operan cualquier tipo de des financiación, en razón de lo que significan y las implicancias colectivas.
RESUMEN COMPARATIVO
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