Ese ¿juez? es el mismo que se vio involucrado en el
affaire de los prostíbulos homosexuales, donde fue filmado, y en un duelo a
sopapos en un restaurant con el dueño de Spartacus. Tuvo a su cargo –por
supuesto, sin consecuencias- causas tan resonantes como el enriquecimiento
ilícito de los Kirchner y varios de sus ministros y secretarios (entre ellos, el
propio Liuzzi, que lo llamó para que detuviera los allanamientos), la “mafia de
los medicamentos”, “Sueños Compartidos” robados por Hebe de Bonafini y los
Shocklender, las irregularidades en la ANSES, el canje de bonos intermediado por
una financiera afín al poder, y terminó exhibiendo un anillo de US$ 250 mil y,
al resultar obvio que carecía de dinero “blanco” para comprarlo, adujo haberlo
¿alquilado? por US$ 7.500 mensuales, que tampoco estaba en condiciones de pagar
con su salario.
El Gobierno cerró nuevamente filas en el Consejo de la
Magistratura para evitar un rápido enjuiciamiento y la suspensión de Oyarbide,
quien es poseedor del record absoluto en materia de pedidos de juicio político.
La razón para la actual y costosa protección del Gobierno al más notorio de los
jueces corruptos radica en que, cuando fue sorprendido en flagrantes delitos,
empezó a hablar de más, dando a entender que, en ningún caso, caería solo.
Olivos entró en pánico, pese a convivir desde hace años con todas las bandas
mafiosas de espías que se tiran, recíprocamente, carpetas y cadáveres.
Otra vez, la reforma del Código Penal volvió a la
primera página, ahora por las críticas de Zaffaroni a Massa, que se opone
frontalmente a ella. Sigo creyendo que, detrás de esa polémica, fogoneada por el
propio Gobierno, éste hará pasar sin ruido el proyecto de unificación de los
códigos Civil y Comercial, muchísimo más grave para nuestra sociedad. Zaffaroni
es el mismo que, durante el Proceso, rechazó habeas corpus de detenidos y, ya en
democracia, evadió confesamente impuestos y se convirtió en dueño de varios
inmuebles en los que sus inquilinos ejercían el proxenetismo y la
prostitución.
Parece que nos hemos acostumbrado a vivir en esta
ciénaga inmunda, donde la familia presidencial roba a manos llenas, y lava su
dinero a través de los Báez, los Ezkenazi, los Cristóbal López, los Ferreyra
(Electroingeniería), los Spolsky, los Cirigliano y tantos otros, y enriquece a
los Jaime, a los Boudou, a los Zannini, a los secretarios privados, a los
transportadores de bolsos y hasta a los jardineros; donde la propia Presidente
va, inexplicadamente, a visitar sus cuentas oscuras en las Seychelles o a
cambiar, en Angola, billetes de € 500 por diamantes; donde se secuestran
ingentes fondos en valijas de Antonini Wilson y nadie los reclama; donde se
montan “embajadas paralelas” para cobrar coimas en negocios de exportación;
donde los dineros escamoteados terminan matando a cincuenta y dos personas en
Once; donde se queman sospechosamente archivos en Barracas y, un mes después,
nadie pregunta y nadie se acuerda de los nueve heroicos bomberos fallecidos;
donde se condena a morir de hambre y sed a los habitantes de provincias con
mandatarios eternos y obscenamente ricos; donde los organismos de derechos
humanos se transforman en pseudo empresas que estafan y trafican con dinero
público.
Por si toda esa inmundicia no bastara, una patota sindical que
realizaba un piquete, molió a palos a un discapacitado que pretendió atravesarlo
para llevar a mujer embarazada al médico, le robó cuanto tenía y terminó
tirándolo desde un puente. El hecho muestra el nivel de agresividad y de
violencia que ha alcanzado la sociedad, y las crónicas periodísticas chorrean
diariamente la sangre de muchos compatriotas. El Gobierno, al mejor estilo del
Pajarico Chiquitico, sigue arrojando
leña al fuego, financiando a las barras bravas y a organizaciones como Tupac
Amaru o los Miles, de D’Elía, e incrementando la fractura y, sobre todo, negando
el problema, aún cuando haya sido la causa del paro de colectivos –otro gremio
K- del viernes que perjudicó, como siempre, a los más humildes, que no
conseguían regresar a sus casas bajo la intensa lluvia.
Lo mismo sucede con el narcotráfico, del cual altísimos
funcionarios son cómplices, por acción u omisión, y para “luchar” contra el cual se ha puesto a personas
que se contradicen y que, por lo demás, ignoran cómo hacerlo, como es el caso
del sacerdote al que han designado titular de la SEDRONAR. La monumental
cantidad de dinero generado por este comercio convierte en cómplices o
vulnerables a políticos, jueces y policías, que constituyen el entramado de
impunidad en que estas actividades se desarrollan, como lo prueba la
financiación de los traficantes de efedrina a la campaña presidencial de doña
Cristina.
El tema, con certeza, estará resaltado en la agenda del
almuerzo que mañana compartirán la Presidente y SS Francisco en Roma. El Papa no
puede permitir que su propio rancho se incendie, más cuanto está enfrentando la
resistencia de la Iglesia a aceptar y digerir los enormes cambios que está
intentando en su estructura y en su imagen. Como dije la semana pasada, el
clero, que cuenta con el más eficiente servicio de inteligencia del mundo, sobre
todo porque la información va desde abajo hacia arriba, está muy preocupado por
ese enfrentamiento social, que sólo resulta comparable a aquélla que dividió a
peronistas y antis en los 50’s, o a los terroristas y militares en los 70’s, y
que puede transformarse, a corto plazo, en un súbito baño de
sangre.
Mañana el Gobierno enfrentará una pesada disyuntiva:
deberá anunciar el índice de inflación (el nuevo IPCNU). Si vuelve a mentir
–como hizo don Néstor (q.e.p.d.) desde enero de 2007, y continuó su viuda-, todo
el andamiaje que lentamente está construyendo para recomponer su imagen frente a
los mercados voluntarios de crédito se derrumbará y se disipará la ilusión de
que entren los dólares frescos que necesita como el aire para el segundo
semestre. Si, por el contrario, reconoce la cifra que dio a conocer esta semana
el Congreso, que elaboran las distintas consultoras privadas antes perseguidas
por el exportado Patotín, tendrá un
problemón con los gremios, ya que nadie estará dispuesto a aceptar los límites
de incremento de salarios que doña Cristina pretende imponer, y el conflicto se
profundizará.
Los maestros, que parecen dispuestos a cargar con la
condena social que ya está produciendo una huelga que ya lleva ocho días, que ha
dejado sin clases a casi cuatro millones de chicos y que amenazan con prolongar
hasta el infinito, son nada más que la muestra más grande de lo que sucederá con
el resto de los sindicatos en lo inmediato.
Los ancianos se han transformado en las primeras
víctimas del salvaje ajuste que está encarando el Gobierno, aterrado por el
deterioro profundo de la economía, que vive ya una estanflación. El aumento
otorgado a los jubilados, 11,7% que cobrarán a partir de fin de mes, ya ha sido
tragado por el incremento en los precios que se ha registrado desde diciembre, y
con él deberán vivir hasta que, recién en septiembre, reciban otro. Desde otro
ángulo, la deuda que el Estado ha adquirido con los pasivos, causa de los
cientos de miles de juicios iniciados, ya alcanza la friolera de US$ 7.500
millones, y será una carga imposible de soportar para quien suceda a doña
Cristina.
Nuestro país, la Argentina, necesita imperiosamente una
profunda refundación moral, que sólo podrán encabezar gobernantes probos; si no
lo hace, si no encara esa difícil transformación, dejará de ser viable como
entidad jurídico-política, es decir, desaparecerá de la faz de la tierra como
nación independiente, y sus pedazos engrosarán el territorio de todos nuestros
vecinos.
No soy ingenuo, y creo que en casi todos los países hay
corrupción, pero nos hemos convertido, por insignificantes y decadentes, en una
sociedad en la cual el mundo ve reflejado lo peor de la civilización. Por eso,
nadie moverá un dedo para defender nuestra integridad cuando llegue el momento
final.
Bs.As., 16 Mar 14 Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Facebook: Enrique Guillermo Avogadro
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