Paros, marchas y movilizaciones: síntomas de que "algo se agota" en el modelo K
El "tironeo" por salarios y los recientes desencuentros entre Gobierno y gremios estatales es sólo la cara visible de un problema más de fondo. Y está vinculado con las dificultades para seguir con un sistema que muestra al "Estado empleador" como protagonista. Síntomas del "cansancio"
iProfesional.com
Por Juan Manuel Barca- Fernando Gutierrez
Los desencuentros entre el Gobierno y los sindicatos estatales, los tironeos por los aumentos de salarios y la polémica respecto de si los docentes tienen vacaciones de 90 días o sólo de 45 son, a esta altura, apenas la punta del iceberg.
El verdadero problema que en estos días está empezando a descubrirse es ese iceberg propiamente dicho.
Es decir, las dificultades para sostener un modelo de política laboral que se ha apuntalado a partir de la creación permanente de puestos de trabajo en el Estado.
Hay una larga lista de indicadores que ponen en evidencia esa creciente dependencia del empleo público.
Una estimación de Gastón Rossi, economista jefe del estudio LCG, da cuenta de que, desde 2009, la velocidad de creación de puestos de trabajo estatales triplica a la de los privados.
En tanto, un trabajo de Eric Ritondale, de la consultora Econviews, señala que en plena recuperación económica -tras la recesión de 2009- en el sector público se tomó más personal que en las actividades de la industria y la construcción en forma conjunta.
Su diagnóstico es que la tasa de desocupación -uno de los mayores logros exhibidos por el Gobierno- podría ser el doble de la actual, de no haber sido por la fuerte participación del Estado en el rol de empleador.
Para los analistas, este hecho no deja de sorprender, por tratarse justamente de un período de alto crecimiento y con una política oficial que explícitamente apuntó a la industrialización.
Pero esa contradicción no es lo peor, sino que el peso del empleo público empieza a parecerse al de la época previa a las privatizaciones.
"Ahora no se observa una gran creación de trabajo privado, sino que la aparición de nuevos puestos es igual a la destrucción de los viejos. Es la misma gente que va rotando de empleo, y muy pocos nuevos que reemplazan a los que se van del sistema", es el diagnóstico de Gabriel Caamaño Gómez, economista de la consultora Ledesma.
Son varias las investigaciones privadas que dan cuenta de que -aun en pleno crecimiento a "tasas chinas"- el grueso de las nuevas posiciones se ha generado en el sector público.
Una de ellas es la de la consultora de Orlando Ferreres, que revela que en el sector privado formal se crearon entre 2008 y 2010 apenas 60.000 puestos. En ese mismo lapso el sector público incorporó a 300.000 personas.
Existe otro indicador clave para medir la dimensión estatal en la gestión K: mientras la población del país crece a un ritmo de 1% anual, el empleo público lo hace al 5%, de acuerdo con una investigación de Jorge Colina, economista jefe de la Fundación Idesa.
Por lo pronto, existe consenso entre los analistas de que este modelo de creación de puestos de trabajo -que en todos estos años ha tenido al "Estado empleador" como protagonista- está cerca de su punto de agotamiento.
"Cada vez se va a hacer más difícil financiar esta masa salarial. Especialmente para las provincias con problemas fiscales. Y será inexorable que se detengan las contrataciones nuevas", afirma Colina.
Y agrega: "Este año seguirán creciendo, aunque a una tasa mucho menor porque ya no hay fondos para solventarlo. Ya en 2013 es probable que no se pueda ingresar más gente a la nómina estatal".
"Cansancio" y agotamiento
Las señales de agotamiento, tanto a nivel del Gobierno nacional como de las autoridades provinciales, se vienen sucediendo desde finales del año pasado.
Una serie de leyes jurisdiccionales, decretos presidenciales y resoluciones ministeriales -con impacto directo sobre los salarios, condiciones laborales y derechos adquiridos por los gremios estatales- dan cuenta de ello.
En Santa Cruz, el gobernador del Frente para la Victoria, Daniel Peralta, intentó aprobar leyes de emergencia económica y de reforma previsional. Sin embargo, la oposición lanzada a las calles -que sumó a todo el arco de sindicatos del sector público- desencadenó un resultado contraproducente.
Lejos de convertirse en un caso testigo para otras provincias con problemas fiscales, el "experimento fallido" desató una crisis política -al punto que los funcionarios de La Cámpora se vieron forzados a anunciar su renuncia del gabinete- y puso en estado de alerta al grueso de los empleados públicos, que preparan nuevas medidas de fuerza para hoy, en reclamo de un aumento salarial del 35% y el retiro de dichas iniciativas del Parlamento.
¿Qué incluían las polémicas medidas impulsadas por el gobernador?
En Río Negro, por ejemplo, el Gobierno del Frente para la Victoria tuvo que pasar a disponibilidad 20.000 dependientes del sector público para enfrentar el rojo fiscal con una ley que, en los hechos, pone en duda la permanencia laboral de trabajadores de planta permanente.
La ofensiva para retocar el aparato estatal no concluyó allí.
La intervención quirúrgica de la Presidenta no impidió que, a comienzos del año, saliera publicado un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que puso bajo revisión los sueldos de más de 300.000 empleados públicos.
Y esto que fuera presentado como un intento por "reordenar" las cuentas cayó como un baldazo de agua fría en los gremios, que interpretaron la decisión lisa y llanamente como la de "una reducción salarial, más propia de los años '90, cuando por medio de leyes o decretos se modificaban convenios y acuerdos colectivos a la baja".
La señal de descontento provino de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que iniciaron medidas de fuerza y -tras dos meses de conciliación obligatoria- consiguieron que las autoridades restituyeran la semana pasada los bonos de fin de año.
El otro foco importante de conflictividad tuvo como epicentro a la propia AFIP.
A fines del año pasado, su titular, Ricardo Echegaray, implementó una resolución por la cual se modificaba la jornada laboral fijada por Convenio Colectivo y pasaban a unificarse los horarios de atención, de 10 a 18 horas en todas las dependencias del país.
La medida fue respondida rápidamente con un paro en DGI y en Aduana, donde los sindicatos salieron a rechazar la "extensión de las horas de trabajo" y denunciaron el recorte de derechos adquiridos en 2003.
Desde entonces las protestas se suceden en varias provincias y la semana pasada el gremio de la AFIP convocó a un paro y a movilizaciones.
La agenda de reclamos
En este escenario agitado, el inicio de las paritarias estatales y las intenciones de las autoridades de moderar los reclamos vinieron a echar más leña al fuego.
Esta semana comenzaron las negociaciones en Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad de empleados, y el Gobierno de Daniel Scioli ofreció un aumento del 17,5% a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La propuesta dista de las pretensiones de los sindicatos que rechazaron el incremento por considerarlo "insuficiente".
La UPCN, el gremio de mayor representación a nivel nacional, que cultiva una postura moderada, pide un aumento de entre el 18% y 20% para marzo, y una cláusula gatillo para continuar la discusión en julio, a la espera de la paritaria nacional.
En tanto, ATE exige un 35%, petición que acompañó este miércoles con un paro nacional.
"Con lo que pasó en docentes, la Presidenta ratificó que no hay más discusión y que el techo es del 18%. Hay una bajada de línea para los gobernadores. No vamos a poder zafar porque todos dependemos de la Nación", reconoció a iProfesional.com, el titular de la seccional bonaerense de UPCN, Carlos Quintana.
Así, el "techo" salarial delineado por Scioli parece dar cuenta de una pauta que, de hecho, se está replicando en otras gobernaciones del interior.
En efecto, UPCN y ATE dieron el visto bueno a la propuesta del Gobierno de Santa Fe, que consiste en una suba del 18% en marzo y de un 3% en julio, más una suma fija por única vez de $600, a pagarse este mes.
En Río Negro, la negociación fue aún más desventajosa para los estatales y dividió a los sindicatos. UPCN aceptó un 13% de incremento para marzo, a cambio del blanqueo de las sumas no remunerativas y la promesa de discutir el beneficio por zona desfavorable en julio.
Por su parte, ATE repudió el acuerdo por considerarlo una "baja salarial", en contraste con el fuerte aumento que se autoasignaron los funcionarios de la provincia.
El conflicto por la suba en las remuneraciones también comenzó a sentirse en la Justicia y la Salud. Los gremios del sector participaron ayer de los paros realizados en la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país.
La Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), afiliado a la CTA, exige desde diciembre la reimplantación de la Ley Porcentual, que les permite cobrar -de acuerdo con el cargo que tengan- "un porcentaje que se desprende del salario del Ministro de la Corte".
"En los últimos años, se duplicó la estructura y los departamentos en la provincia de Buenos Aires, pero el presupuesto judicial se redujo al 4% del gasto provincial", afirmó a este medio Hugo Blanco, el titular de la AJB.
En tanto, los judiciales del Chaco piden un incremento del 30%, pero las autoridades sólo les pueden ofrecer un 7% más una suma fija de 150 pesos.
En Córdoba, uno de los gremios que nuclea a empleados de hospitales públicos ya lleva cinco meses de paro.
Presagio de choques
¿Qué tan grave es la situación para las arcas estatales?
Rossi, de LCG, estima que el gasto salarial, que al inicio de la gestión de Cristina Kirchner significaba un 9,6% del PBI, ahora llegó a un 11,6%.
En términos de participación en el costo total, la variación no parece significativa. Pero cuando se pone la lupa sobre el presupuesto de los gobiernos provinciales, se observa que los salarios estatales representan nada menos que un 52% del total.
Además, los niveles de ingreso de los trabajadores públicos están por encima del promedio nacional: según datos del Indec, hacia finales del año pasado el salario promedio del sector privado era de $5.194, contra un sueldo de $5.846 de los públicos. Es decir, un 12% más alto.
Los sindicatos estatales temen ser la "variable de ajuste" en un año complicado.
Y la Presidenta, con su reiteración sobre el privilegio que tienen los empleados públicos por su estabilidad laboral, parece confirmar esas sospechas.
FUENTE:Publicado en www.iprofesional.com
iProfesional.com
Por Juan Manuel Barca- Fernando Gutierrez
Los desencuentros entre el Gobierno y los sindicatos estatales, los tironeos por los aumentos de salarios y la polémica respecto de si los docentes tienen vacaciones de 90 días o sólo de 45 son, a esta altura, apenas la punta del iceberg.
El verdadero problema que en estos días está empezando a descubrirse es ese iceberg propiamente dicho.
Es decir, las dificultades para sostener un modelo de política laboral que se ha apuntalado a partir de la creación permanente de puestos de trabajo en el Estado.
Hay una larga lista de indicadores que ponen en evidencia esa creciente dependencia del empleo público.
Una estimación de Gastón Rossi, economista jefe del estudio LCG, da cuenta de que, desde 2009, la velocidad de creación de puestos de trabajo estatales triplica a la de los privados.
En tanto, un trabajo de Eric Ritondale, de la consultora Econviews, señala que en plena recuperación económica -tras la recesión de 2009- en el sector público se tomó más personal que en las actividades de la industria y la construcción en forma conjunta.
Su diagnóstico es que la tasa de desocupación -uno de los mayores logros exhibidos por el Gobierno- podría ser el doble de la actual, de no haber sido por la fuerte participación del Estado en el rol de empleador.
Para los analistas, este hecho no deja de sorprender, por tratarse justamente de un período de alto crecimiento y con una política oficial que explícitamente apuntó a la industrialización.
Pero esa contradicción no es lo peor, sino que el peso del empleo público empieza a parecerse al de la época previa a las privatizaciones.
"Ahora no se observa una gran creación de trabajo privado, sino que la aparición de nuevos puestos es igual a la destrucción de los viejos. Es la misma gente que va rotando de empleo, y muy pocos nuevos que reemplazan a los que se van del sistema", es el diagnóstico de Gabriel Caamaño Gómez, economista de la consultora Ledesma.
Son varias las investigaciones privadas que dan cuenta de que -aun en pleno crecimiento a "tasas chinas"- el grueso de las nuevas posiciones se ha generado en el sector público.
Una de ellas es la de la consultora de Orlando Ferreres, que revela que en el sector privado formal se crearon entre 2008 y 2010 apenas 60.000 puestos. En ese mismo lapso el sector público incorporó a 300.000 personas.
Existe otro indicador clave para medir la dimensión estatal en la gestión K: mientras la población del país crece a un ritmo de 1% anual, el empleo público lo hace al 5%, de acuerdo con una investigación de Jorge Colina, economista jefe de la Fundación Idesa.
Por lo pronto, existe consenso entre los analistas de que este modelo de creación de puestos de trabajo -que en todos estos años ha tenido al "Estado empleador" como protagonista- está cerca de su punto de agotamiento.
"Cada vez se va a hacer más difícil financiar esta masa salarial. Especialmente para las provincias con problemas fiscales. Y será inexorable que se detengan las contrataciones nuevas", afirma Colina.
Y agrega: "Este año seguirán creciendo, aunque a una tasa mucho menor porque ya no hay fondos para solventarlo. Ya en 2013 es probable que no se pueda ingresar más gente a la nómina estatal".
"Cansancio" y agotamiento
Las señales de agotamiento, tanto a nivel del Gobierno nacional como de las autoridades provinciales, se vienen sucediendo desde finales del año pasado.
Una serie de leyes jurisdiccionales, decretos presidenciales y resoluciones ministeriales -con impacto directo sobre los salarios, condiciones laborales y derechos adquiridos por los gremios estatales- dan cuenta de ello.
En Santa Cruz, el gobernador del Frente para la Victoria, Daniel Peralta, intentó aprobar leyes de emergencia económica y de reforma previsional. Sin embargo, la oposición lanzada a las calles -que sumó a todo el arco de sindicatos del sector público- desencadenó un resultado contraproducente.
Lejos de convertirse en un caso testigo para otras provincias con problemas fiscales, el "experimento fallido" desató una crisis política -al punto que los funcionarios de La Cámpora se vieron forzados a anunciar su renuncia del gabinete- y puso en estado de alerta al grueso de los empleados públicos, que preparan nuevas medidas de fuerza para hoy, en reclamo de un aumento salarial del 35% y el retiro de dichas iniciativas del Parlamento.
¿Qué incluían las polémicas medidas impulsadas por el gobernador?
• Suspensión de paritarias.
• Recortes en los aguinaldos.
• Descuentos en las jubilaciones (reducciones de hasta el 40%).
• Elevación de la edad para jubilarse (54 a 65 en hombres y 50 a 60 en mujeres).
• La eliminación de la movilidad.
El problema de la gran masa de dinero que se requiere para cubrir el sueldo de la nómina de empleados del Estado no se limita a la provincia de Los Kirchner.• Recortes en los aguinaldos.
• Descuentos en las jubilaciones (reducciones de hasta el 40%).
• Elevación de la edad para jubilarse (54 a 65 en hombres y 50 a 60 en mujeres).
• La eliminación de la movilidad.
En Río Negro, por ejemplo, el Gobierno del Frente para la Victoria tuvo que pasar a disponibilidad 20.000 dependientes del sector público para enfrentar el rojo fiscal con una ley que, en los hechos, pone en duda la permanencia laboral de trabajadores de planta permanente.
La ofensiva para retocar el aparato estatal no concluyó allí.
La intervención quirúrgica de la Presidenta no impidió que, a comienzos del año, saliera publicado un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que puso bajo revisión los sueldos de más de 300.000 empleados públicos.
Y esto que fuera presentado como un intento por "reordenar" las cuentas cayó como un baldazo de agua fría en los gremios, que interpretaron la decisión lisa y llanamente como la de "una reducción salarial, más propia de los años '90, cuando por medio de leyes o decretos se modificaban convenios y acuerdos colectivos a la baja".
La señal de descontento provino de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que iniciaron medidas de fuerza y -tras dos meses de conciliación obligatoria- consiguieron que las autoridades restituyeran la semana pasada los bonos de fin de año.
El otro foco importante de conflictividad tuvo como epicentro a la propia AFIP.
A fines del año pasado, su titular, Ricardo Echegaray, implementó una resolución por la cual se modificaba la jornada laboral fijada por Convenio Colectivo y pasaban a unificarse los horarios de atención, de 10 a 18 horas en todas las dependencias del país.
La medida fue respondida rápidamente con un paro en DGI y en Aduana, donde los sindicatos salieron a rechazar la "extensión de las horas de trabajo" y denunciaron el recorte de derechos adquiridos en 2003.
Desde entonces las protestas se suceden en varias provincias y la semana pasada el gremio de la AFIP convocó a un paro y a movilizaciones.
La agenda de reclamos
En este escenario agitado, el inicio de las paritarias estatales y las intenciones de las autoridades de moderar los reclamos vinieron a echar más leña al fuego.
Esta semana comenzaron las negociaciones en Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad de empleados, y el Gobierno de Daniel Scioli ofreció un aumento del 17,5% a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La propuesta dista de las pretensiones de los sindicatos que rechazaron el incremento por considerarlo "insuficiente".
La UPCN, el gremio de mayor representación a nivel nacional, que cultiva una postura moderada, pide un aumento de entre el 18% y 20% para marzo, y una cláusula gatillo para continuar la discusión en julio, a la espera de la paritaria nacional.
En tanto, ATE exige un 35%, petición que acompañó este miércoles con un paro nacional.
"Con lo que pasó en docentes, la Presidenta ratificó que no hay más discusión y que el techo es del 18%. Hay una bajada de línea para los gobernadores. No vamos a poder zafar porque todos dependemos de la Nación", reconoció a iProfesional.com, el titular de la seccional bonaerense de UPCN, Carlos Quintana.
Así, el "techo" salarial delineado por Scioli parece dar cuenta de una pauta que, de hecho, se está replicando en otras gobernaciones del interior.
En efecto, UPCN y ATE dieron el visto bueno a la propuesta del Gobierno de Santa Fe, que consiste en una suba del 18% en marzo y de un 3% en julio, más una suma fija por única vez de $600, a pagarse este mes.
En Río Negro, la negociación fue aún más desventajosa para los estatales y dividió a los sindicatos. UPCN aceptó un 13% de incremento para marzo, a cambio del blanqueo de las sumas no remunerativas y la promesa de discutir el beneficio por zona desfavorable en julio.
Por su parte, ATE repudió el acuerdo por considerarlo una "baja salarial", en contraste con el fuerte aumento que se autoasignaron los funcionarios de la provincia.
El conflicto por la suba en las remuneraciones también comenzó a sentirse en la Justicia y la Salud. Los gremios del sector participaron ayer de los paros realizados en la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país.
La Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), afiliado a la CTA, exige desde diciembre la reimplantación de la Ley Porcentual, que les permite cobrar -de acuerdo con el cargo que tengan- "un porcentaje que se desprende del salario del Ministro de la Corte".
"En los últimos años, se duplicó la estructura y los departamentos en la provincia de Buenos Aires, pero el presupuesto judicial se redujo al 4% del gasto provincial", afirmó a este medio Hugo Blanco, el titular de la AJB.
En tanto, los judiciales del Chaco piden un incremento del 30%, pero las autoridades sólo les pueden ofrecer un 7% más una suma fija de 150 pesos.
En Córdoba, uno de los gremios que nuclea a empleados de hospitales públicos ya lleva cinco meses de paro.
Presagio de choques
¿Qué tan grave es la situación para las arcas estatales?
Rossi, de LCG, estima que el gasto salarial, que al inicio de la gestión de Cristina Kirchner significaba un 9,6% del PBI, ahora llegó a un 11,6%.
En términos de participación en el costo total, la variación no parece significativa. Pero cuando se pone la lupa sobre el presupuesto de los gobiernos provinciales, se observa que los salarios estatales representan nada menos que un 52% del total.
Además, los niveles de ingreso de los trabajadores públicos están por encima del promedio nacional: según datos del Indec, hacia finales del año pasado el salario promedio del sector privado era de $5.194, contra un sueldo de $5.846 de los públicos. Es decir, un 12% más alto.
Los sindicatos estatales temen ser la "variable de ajuste" en un año complicado.
Y la Presidenta, con su reiteración sobre el privilegio que tienen los empleados públicos por su estabilidad laboral, parece confirmar esas sospechas.
FUENTE:Publicado en www.iprofesional.com
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