Por Carlos Tórtora
El apuro del Gobierno nacional por la conseguir la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que hoy podría convertirse en ley, tiene relación directa con los efectos políticos de las restricciones de caja que ya está sufriendo el oficialismo y a las cuales no está acostumbrado. No por nada Mercedes Marcó del Pont reconoció ayer ante las comisiones de presupuesto, hacienda y economía del Senado que la entidad a su cargo, con la reforma, podría realizar adelantos transitorios al Gobierno nacional de hasta una cantidad equivalente al 12 por ciento de la base monetaria. El correlato político de estos números ya se vive en Buenos Aires, donde los intendentes temen una merma cercana a los $ 2000 millones, debido a la quita de los fondos educativos que eran girados por el Gobierno nacional ($ 900 millones) y al impacto que tendrá el cambio en los índices para calcular los giros que realiza la provincia. Ahora, la preocupación de la cúpula del cristinismo es que, si no se subsanan rápidamente las serias dificultades financieras de los barones del conurbano, empiecen fuertes turbulencias. Éstos, en términos generales, están defraudados por la actitud pasiva de Daniel Scioli, que no los defendió ante la Casa Rosada, tratando al menos de impedir que se hicieran efectivos los últimos recortes que están paralizando en muchos casos las obras públicas comprometidas y hasta pagos de sueldos en algunos casos. La secuencia siguió con que, en los últimos días, varios intendentes de la tercera sección electoral llegaron al despacho de Gabriel Mariotto para pedir auxilio, visto que el gobernador no hacía lobby por ellos. Dos meses atrás, esta situación habría sido un regalo del cielo para el vicegobernador, que sueña desde diciembre pasado con tener bajo su batuta política a los grandes recaudadores de votos del Frente para la Victoria. Pero ahora, para Mariotto valen también las generales de la ley, porque habría intentado que Julio de Vido y Hernán Lorenzino den marcha atrás con algunos recortes estrellándose contra la cruel realidad: los recortes son inevitables al menos por ahora.
Con obras paralizadas y escasez de caja, algunos intendentes empiezan a preocuparse por los resultados de las elecciones del 2013, en las que estará para ellos en juego conservar las mayorías en sus consejos deliberantes. Si el ajuste llegó para quedarse, la vieja guardia de alcaldes que respondió a Eduardo Duhalde para luego migrar a Néstor Kirchner está en peligro. “Con problemas de caja, estamos a tiro de La Cámpora o Sabatella, porque acostumbramos a la gente a la abundancia y ahora nadie se banca el ajuste”, definió un veterano intendente de la primera sección. En otras palabras, que un ajuste prolongado podría favorecer el avance de los ultracristinistas y de sectores opositores.
Hilando más fino, ya algunos operadores del PJ bonaerense están pensando en que, si el oxígeno monetario no llega rápido, lo mejor sería buscar acuerdos con De Narváez y el PRO, para mechar en las listas de estos candidatos a concejales de los intendentes y conservar así estos la mayoría.
En fin, algo parecido a una traición, vistas las cosas desde Olivos.
Moyanistas y antimoyanistas, más cerca
El otro espacio donde la caída de los indicadores económicos golpea los planes del Gobierno es la CGT. La caída de la actividad y del consumo se está sintiendo en la baja de la recaudación sindical, sobre todo de los gremios industriales (en plásticos, por ejemplo, alcanzaría al 30 por ciento en lo que va del año). Y esto podría prolongarse con el aumento de despidos y suspensiones. El malestar que se va así extendiendo le quita margen de maniobra, por ejemplo, a Antonio Caló, el metalúrgico que CFK habría elegido para que reemplace a Hugo Moyano en junio próximo. Con la designación de Beatriz Korenfeld al frente de la Administración de Programas Especiales (APE), la Presidente afianzó su control sobre una de las principales cajas del sindicalismo, lo que desagradó por igual a moyanistas y pro-oficialistas. Ahora, el líder camionero se ve favorecido por las pérdidas que a los gremios les produce una economía que se enfría. Esto haría que no sólo Gerónimo Momo Venegas y Luis Barrionuevo sino los mismos gordos lo estén empujando a Moyano para que confronte con el Gobierno de acá a junio. La salida política de esta jugada sería un acuerdo para que el camionero acepte un sucesor que no esté avalado ni condicionado desde Olivos. De este modo, el sindicalismo terminaría convirtiendo la ofensiva cristinista contra el moyanismo en una renovación pactada sin mayor participación del Gobierno.
Ésta sería, en definitiva, una victoria política para Moyano y un serio problema para CFK, que lo que menos necesita es un jefe de la CGT con aires de independencia y con aquél apoyándolo por detrás.
Ante este ajuste, los intendentes de la primera y la tercera sección electoral le propusieron a Scioli varias alternativas: crear un impuesto por el uso del espacio aéreo para las empresas de telefonía celular y otro al combustible, no mayor al 0,025% por litro, que se impondría a las estaciones de servicios. También pidieron una mayor participación en otros tributos que ya cobra la provincia, como el que se grava a los Ingresos Brutos, a los automotores, a las embarcaciones y a los bienes inmuebles.
FUENTE:Publicado en www.informadorpublico.com
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