La Legislatura Chaqueña pide al Congreso la derogación de la Ley Antiterrorista
DiarioNorte
“La Ley Antiterrorista tiene efectos nefastos sobre las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos” aseguró Carlos Martínez, autor de las iniciativas que dieron origen a la Resolución de la Legislatura “existen hoy mas de cuatro mil procesados por hechos relacionados directamente con actividades sindicales o reclamos sociales y no nos cabe duda que el objetivo de esta norma es profundizar la criminalización de las legítimas manifestaciones delas demandas de la sociedad civil cuando al poder de turno le resulten inconvenientes”.
“En coincidencia con numerosas ONGs, Movimientos Sociales, Partidos Políticos, Asociaciones Civiles e independientes hemos manifestado en numerosas oportunidades que el texto de la Ley 26.734 violenta derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional -y amparadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos- así como vulnera los principios del Estado Democrático” expresó Martínez.
La Ley cuestionada modifica el Código Penal elevando al doble las penas mínimas y máximas para cualquier delito “cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
“Esto es lo que eminencias del derecho como Eugenio Zaffaroni y Eduardo Barcesat describen como “tipo penal abierto”, esto es, la amplitud de estos conceptos es tal que permite considerar como “acto terrorista” a las formas que normalmente se utilizan para criminalizar la protesta social ya que en ningún momento explica la norma qué es “terrorismo” ni que organismo decide en que casos se aplica esta calificación”.
Martínez recordó que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los Estados miembros de la OEA “asegurar que la tipificación de los delitos relacionados con el terrorismo sea precisa y sin ambigüedades, consignada en un lenguaje que defina estrictamente las acciones punibles, que establezca claramente la conducta criminalizada, determinando sus elementos y los factores que la distingan del comportamiento que no constituye un delito penal o quesea punible de otra manera”.
El legislador recordó que la iniciativa surgió de la preocupación planteada por las mas de 30 organizaciones civiles, ambientalistas, de derechos humanos, partidos políticos y movimientos sociales que integran la Asamblea Popular del Chaco y agradeció la presencia de Dafne Zamudio (Programa de Asistencia alas Víctimas del Terrorismo de Estado) y Renzo Osuna (HIJOS), y la carta de apoyo de Edwin Tissembaum (Premio de Derechos Humanos “Amanda Mayor de Piérola”). Asimismo, destacó el apoyo y aportes de los legisladores de la Alianza Frente de Todos, Frente Grande y Partido de la Concertación.
Fuente:Publicado en www.diarionorte.com
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