Un 31% más
Argentina, obligada a pagar más caro el gas tras la expropiación de YPF
ElMundo.es
La factura por la expropiación de YPF a Repsol le empieza a salir cara a Argentina. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está pagando más dinero por la compra de gas importado. En concreto, un 31% más que el precio que le ofrecía anteriormente la petrolera española quien, tras la nacionalización, ha cancelado el contrato de suministro.
Ahora, el Ejecutivo lo adquirirá al grupo italiano ENI, la británica British Petroleum y la brasileña Petrobras. Otros pedidos hechos a las compañías Excelerate y Morgan Stanley han quedado en suspenso a la espera de que mejoren la oferta, según publica el diario 'Clarín'.
La filial de la empresa dirigida por Antonio Brufau iba a suministrar a Argentina 10 barcos cargados con gas natural licuado (GNL) durante el invierno austral para completar las necesidades energéticas del país. El precio pactado con la petrolera española era de 13,50 dólares por millón de BTU (abreviatura de la una unidad de energía inglesa, British Thermal Unit)
Pero ahora la operación ha sido cancelada por Repsol lo que ha obligado al Gobierno argentino a mover ficha. Los nuevos contratos suscritos se elevan hasta 17,70 dólares por millón de BTU. O sea, precios un 31,1% más onerosos.
El cuadro de situación empeora si se comparan estos valores con el gas natural que Argentina compra a Bolivia. Allí el precio es de 12 dólares, con lo cual el GNL comprado a los sustitutos de Repsol resulta un 41% más caro. Y, según el periódico contrario a Kirchner, las importaciones de GNL se incrementaron en sólo cinco años de 8 a 81 cargas anuales, y ya representan más del 20% de la demanda interna.
El interventor de YPF y ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, acusó este domingo al grupo español del problema. "Repsol incumplió con la provisión de los buques acordados para perjudicar a la Argentina, haciendo que deba pagar más de lo previsto", indicó el ministro de Planificación Federal, a través de un comunicado.
"Las compras de GNL se acordaron a principios de año, una parte con Repsol, a un promedio de 13dólares el millón de BTU mientras que Brasil y Chile cerraron compras por 17 dólares", se justificó. 

 Repsol lanza su ofensiva legal contra Argentina tras la expropiación de YPF 

Los servicios jurídicos de Repsol se preparan para poner en marcha su ofensiva legal en contra Argentina tras la aprobación formal por parte del Congreso del país de la ley que declara YPF de utilidad pública y expropia el 51% de sus acciones, informaron fuentes próximas a la compañía.
Una vez aprobada la norma, Repsol denunciará a Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Washington, en la que evocará el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y España.
En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal. Argentina, con 49 reclamaciones, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instuticiones internacionales.
El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.
Para Repsol, el justiprecio por su 57% de YPF asciende a 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros), si bien el Gobierno argentino ha sugerido que no pagará esta cifra esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda de la petrolera argentina, sus costes ambientales o el flujo de dividendos ya pagado.
Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamaciones. En el primero se ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.
Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar "todas las acciones legales a su alcance", lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en EEUU y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.

Accionistas minoritarios

Los accionistas minoritarios de YPF pueden denunciar el cambio de propiedad, en el que han pasado de ser inversores de una empresa privada a una empresa pública, así como las dificultades que esta nueva circunstancia genera a la cotización de las acciones en Nueva York.
También pueden evocar la obligación de OPA o los peligros que el nuevo entorno genera para la propia financiación de la compañía, ya que algunas cláusulas de financiamiento provocan la aceleración en los vencimientos con anticipaciones.
Al margen de la ley de expropiación, los servicios jurídicos de Repsol también deben responder al decreto de ocupación urgente de las instalaciones de YPF, que se aplicó inmediatamente después del anuncio de la expropiación y que sirvió para echar a los directivos españoles de la sede de la petrolera en Buenos Aires.
El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó que este decreto se promulgaba sobre una ley de la época del dictador Videla, mientras que Suárez de Lezo advirtió de que su aplicación suponía una toma de control automática de YPF.

FUENTE:Publicado en www.elmundo.es