Interrogantes sobre las consecuencias de las denuncias que formuló Boudou
En su defensa, el vicepresidente adjudicó la comisión de posibles delitos a varias personas. La gran duda es por qué no fue a la Justicia.
LaVozPor Horacio Aizpeolea (Corresponsalía)
Buenos Aires. El descargo con forma de catarsis del vicepresidente Amado Boudou respecto al llamado “Caso Ciccone” desparramó denuncias inquietantes, pero arrojó cero novedades sobre la causa judicial que investiga el posible tráfico de influencias en el proceso de quiebra de la imprenta Ciccone.
Boudou lució enojado en su exposición. También, por momentos se mostró solemne, en otros habló con un tono canchero como si estuviera en una charla de café y no en el Senado de la Nación. El vicepresidente dijo el jueves pasado cosas muy graves, que merecerían tener un correlato en acciones concretas que avalen aquella gravedad. Qué es si no grave, hablar de “brutal ataque a las instituciones”.
Acusación a Rafecas. “Agencia de noticias”. Esta definición usó Boudou para desacreditar al juez Daniel Rafecas, a cargo del caso Ciccone, a quien acusó de filtrar a la prensa el allanamiento ocurrido el miércoles en una propiedad que el vicepresidente alquila en Puerto Madero. ¿En qué acción se traducirá la dureza con que se refirió al magistrado? Ayer había versiones que indicaban que el equipo jurídico de Boudou estaba trabajando sobre la recusación de Rafecas que ocurriría el lunes, aunque ninguna voz oficial lo confirmó.
De haber recusación, ¿se la acompañará con otra presentación ante el Consejo de la Magistratura contra Rafecas? ¿También habrá alguna acción judicial-administrativa contra el fiscal Carlos Rívolo, otro de los acusados de participar en el “cachivache mediático” denunciado por Boudou? El grueso párrafo en el que advirtió “voy a seguir con este entramado mafioso dentro de la Justicia” promete más novedades al respecto. ¿Las habrá realmente o fue una frase tribunera?
Acusación a Gabbi. El vicepresidente también salpicó (y no con agua bendita) al titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi. Contó que Gabbi le ofreció dinero de parte del empresario Antonio Tabanelli, dueño de la empresa Boldt, para que éste no lo destruyera. Esto habría ocurrido en marzo de 2011. ¿Este grave episodio, de ser cierto, no merecería otro curso de acción para que no quede en el terreno fangoso de la chicana indemostrable? Ayer, en la página web de la Bolsa de Comercio no figuraba nada respecto a la grave imputación hecha contra su presidente por uno de los poderes de la Nación.
Boudou también dijo que estaban ofreciendo tres millones de pesos para recompensar a quien consiga una foto suya con Alejandro Vandenbroele, actual dueño de Ciccone. ¿Quién ofreció el dinero? ¿Este incidente fue denunciado en el marco de la causa?
Acusación a Righi. Otra denuncia pesada incluyó al estudio de abogados García, Labat, Musso y Righi. Este buffet se conoce como “el estudio Righi”, por haber sido fundado por el Procurador de la Nación, Esteban Righi.
Boudou dijo que gente de ese estudio lo fue a ver en tres oportunidades para ofrecerle contactos con los jueces federales. Delito a demostrar: tráfico de influencias. ¿Hará algo al respecto Boudou?
Acusación a Boldt. Pero hubo más. El Vicepresidente calificó de “mafioso mayor” a Antonio Tabanelli, dueño de Boldt. Y dijo que esta empresa dedicada a los juegos de azar y a las impresiones gráficas, es beneficiada discrecionalmente por los gobiernos bonaerense y santafesino. Daniel Scioli, el ex vicepresidente de Néstor Kirchner, quedó así también envuelto en la conjura de las mafias.
Finalmente, los insultos a Héctor Magnetto y a los diarios Clarín, La Nación y Perfil, no sorprendieron: Boudou, durante la campaña electoral pasada, usó un discurso de barricada contra los medios, a diferencia de Cristina Fernández cuya campaña consistió en actos de gobiernos y un discurso basado en la gestión.
Acusación a Boudou. La primera consecuencia judicial de las denuncias del vicepresidente será, según lo que se confirmó hasta el momento, una presentación de los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido contra el propio Boudou. Lo acusarán de incumplimiento de deberes de funcionario público, por no haber ido a la Justicia oportunamente ante la constatación de los hechos que denunció el viernes desde el Senado.
FUENTE:Publicado en www.lavoz.com.ar
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