La expropiación sólo puede tener un final desafortunado

CRONISTA.COM La presidente Fernández está aplicando tácticas equivocadas en un mal momento. La Argentina tiene profundos problemas fiscales y su acceso a los mercados de capitales internacionales es nulo. Lo que se viene es una drástica reducción de la inversión extranjera

JOHN GAPPER

A veces la estrategia más obvia y tentadora es la más estúpida. Eso se aplica a la decisión de la Argentina de expropiar la participación mayoritaria de YPF que pertenecía al grupo energético español Repsol.
Es obvia porque los países latinoamericanos a menudo nacionalizan activos de compañías extranjeras; Bolivia lo hizo con Standard Oil allá por 1937. Es tentadora para la presidente Cristina Fernández porque el crudo es caro, la confianza en su errático gobierno es baja y Repsol es un blanco fácil.
Pero es estúpida porque Fernández aplica tácticas equivocadas. El mejor momento para estrujar a las compañías extranjeras surge cuando la difícil tarea de invertir y explorar ha terminado y la petrolera estatal puede cosechar los beneficios. Y no, cuando el país tiene profundos problemas fiscales, ningún acceso a los mercados de capitales internacionales y se avecinan desafíos de inversión. 
Resolver los problemas energéticos de la Argentina sería difícil para cualquier empresa, ni hablar para “la compañía peor manejada en la historia del mundo”, tal como el profesor Francisco Monaldi de la escuela de negocios venezolana IESA, describe a YPF antes de que fuera privatizada en 1992. El grupo se las arregló perder dinero, un logro perverso para una petrolera.
YPF sin duda está en mejores condiciones después de 13 años, muchos de ellos siendo propiedad de Repsol. Pero junto con el gobierno argentino ahora debe desarrollar su enorme descubrimiento de shale gas en Vaca Muerta y no cuenta con ningún importante grupo petrolero occidental que les brinde capital, tecnología ni a quien echar la culpa.
Muchos están tan escandalizados con el golpe de Fernández como cuando ella inventó la idea de expropiar los recursos minerales. Antonio Brufau, presidente de Repsol, advirtió ayer que “esos actos sin duda recibirán un castigo”, mientras que Felipe Calderón, el presidente de México, afirmó que “nadie en su sano juicio va a invertir en un país que expropia inversiones”.
El problema, como bien sabe Argentina, es que probablemente las declaraciones sean falsas. Las probabilidades de que el país latinoamericano sea castigado, en contraposición al daño que se hizo a si mismo, son pocas (lo peor que le podría pasar es recibir un fallo financiero adverso por parte de un panel de arbitraje internacional).
Éste es el mayor acto de nacionalismo de recursos de los últimos años, pero hubo una ola de intervenciones entre 2003 y 2008. En Rusia, Yukos fue expropiada y Gazprom tomó una participación mayoritaria del proyecto de gas Sakhalin II, quitándoselo a Royal Dutch Shell. En América latina, los contratos internacionales han sido violados por Argentina, Bolivia y Ecuador, y Venezuela tomó el control del cinturón petrolero del Orinoco.
El G-7 también ha cambiado contratos por fuerza mayor. El Reino Unido lo hizo con el impuesto sobre el petróleo del Mar del Norte en 2005 y la provincia Alberta de Canadá en 2009 elevó el porcentaje que se queda de los ingresos provenientes de las arenas bituminosas. Eso no es tan malo como expropiar, pero implica un cambio de reglas tiempo después de haberse realizado la perforación de los pozos.
Los gobiernos sellan acuerdos con las compañías petroleras cuando el precio del crudo está bajo y el costo de exploración se encuentra elevado; y luego los hacen pedazos cuando el trabajo costoso ya está hecho y sube el rendimiento. “Se supone que esos acuerdos se extienden por treinta años, pero raramente sucede”, comentó Louis Wells, profesor de Harvard que asesora como experto en petróleo en casos de arbitraje.
En el largo plazo, también tienden a librarse de ellos, después de pagar la indemnización. ExxonMobil y ConocoPhillips resistieron a la intervención venezolana en el cinturón del Orinoco, pero otros grupos como Total, BP y Chevron accedieron a sus deseos. Eni, la compañía italiana, exigió compensación pero en 2010 volvió a firmar un acuerdo con la estatal PdVSA.
El problema de Argentina es que su propia expropiación es extrema, fue hecha en un mal momento y difícilmente solucione la principal queja de Fernández: que Repsol no estaba invirtiendo lo suficiente en el país. Ella quería que el grupo español dejara de tomar el 90% de las ganancias en forma de dividendos y que reinvierta el dinero en producción petrolera.
Ese razonamiento no tiene en cuenta algunos hechos importantes. Uno es que los yacimientos argentinos fueron descubiertos en 1907 y, tal como sucede con los campos de Estados Unidos y otros países, se están quedando lentamente sin crudo.
Una compañía puede mejorar sus técnicas de extracción, como estuvo haciendo YPF, pero no puede alterar el tiempo y la geología.
Desde que Néstor Kirchner asumió en 2003, la Argentina también se convirtió en un lugar poco atractivo para invertir en petróleo. Los precios locales de los combustibles estaban controlados y el precio mayorista que le pagaba a YPF era inferior al nivel global, un incentivo para que Repsol invirtiera en lugares más prometedores y menos intervenidos como Brasil.
Echando a Repsol, la Argentina no resuelve ninguno de los problemas que se autogeneró y reduce las probabilidades de que llegue inversión donde ahora es necesario (Vaca Muerta podría ser la tercera reserva mundial de shale gas en el mundo). Eso requiere de capital y tecnología, y la Argentina actualmente carece de ambos.
En el largo plazo, Argentina conseguirá un grupo extranjero que cubra el vacío que acaba de crear. Pero el precio que cualquier multinacional exigirá por compensar el riesgo político será elevado.
Si un país se da el gusto de aplicar el nacionalismo de recursos, debería al menos actuar racionalmente. Fernández no lo está haciendo. 

FUENTE:Publicado en www.cronista.com