La misteriosa huida de Juan Boudou del River View
Por Guillermo Cherashny
INFORMADOR PUBLICO
Ayer, Amado Boudou y su abogado, Eduardo Durañona, denunciaron ante la justicia al estudio del Procurador General Esteban Righi, hoy a cargo de su esposa y de la del Ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. El núcleo de la denuncia contra Righi sería el supuesto tráfico de influencias, que fuentes del estudio García Labat, Musso y Righi se empeñan en negar. Según esta versión, letrados de ese estudio le habrían ofrecido al vicepresidente sus servicios para solucionar las causas penales que éste tenía pendientes y que llegaron en algún momento a 20, lo que no encuadra en ninguna figura penal. Estos servicios se los habrían cotizado en U$S 300.000, cifra que Boudou podría llegar a alegar que estaba destinada al soborno de jueces. La hipótesis sobre este episodio que hoy parece más probable es que el vice, en un gesto de soberbia, despreció el ofrecimiento porque se sentía seguro debido a sus contactos con el socio de Eugenio Zaffaroni, Jacobo Grossman. Lo cierto es Boudou está haciendo una descripción de la Justicia Federal muy similar a la realizada 16 años atrás por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, cuando rompió lanzas con el menemismo denunciando una supuesta mafia judicial, que él simbolizó con la célebre servilleta de Carlos Corach conteniendo los nombres de los jueces incondicionales del gobierno. La servilleta del 2012 es, sin duda, bastante más escandalosa y la encabeza Norberto Oyarbide, aunque también hacen méritos Julián Ercolini y Ariel Lijo. Rafecas, tal vez pensando en el futuro, está tratando de no convertirse en otro Oyarbide. En esta línea lo acompaña el fiscal de la causa Ciccone, Carlos Rívolo, que también está comprometido a descubrir cómo un grupo de amigos de Boudou se quedó con la empresa impresora de billetes, a la cual el gobierno contrataba mediante el Banco Central. Aquél también acusó a Héctor Magnetto y Rafecas de formar parte de una mafia imaginaria para perjudicarlo a él y a la voluntad popular expresada en octubre del año pasado. Pero se trata de una denuncia sin sustento porque, por ejemplo, el Grupo Clarín presentó un pedido de juicio política a Rafecas, hecho que le resta seriedad a la denuncia. Se olvida también el vice que, si hay un sector que se benefició con la corrupción judicial, fue justamente el que él integra, al punto que se vienen dictando en los últimos años una serie de sobreseimientos inaceptables que beneficiaron, entre otros, al matrimonio Kirchner y a Julio de Vido.
El piso que no se allanó
En medios judiciales trascendió una interesante interpretación de los intensos ataques de Boudou contra la Justicia. Éste estaría tratando de instalar una guerra política contra los jueces ante la inminencia de nuevas revelaciones en su contra. La misma fuente señala que, mientras se realizaba el allanamiento judicial del departamento propiedad de Boudou en el piso 17 del edificio River View, otro departamento ubicado dos pisos más arriba estaba habitado por Juan Boudou, hermano del vice. (ver Los hermanos Boudou)
Horas después de que terminara el allanamiento, el hermano Juan habría organizado una rápida mudanza, llevándose las computadoras y distinto tipo de documentación que en algunos casos tendría vinculación con los negocios de Amado. A éste le preocuparía entonces de sobremanera que la lupa judicial caiga sobre su familia y así se explicaría su empeño en mostrarse víctima de una persecución judicial. En las últimas horas, se habría iniciado una investigación sobre la sociedad propietaria del departamento del piso 19 y, obviamente, sobre los negocios de Juan Boudou, que suele residir en los EEUU.
* Ver también: Los hermanos Boudou
FUENTE:Publicado en www.informadorpublico.com