La tardía reacción de Cristina





Por Damián Glanz
TN

Tarde, pero reaccionó. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner resolvió laintervención de la empresa TBA que opera las líneas Mitre y Sarmiento del Ferrocarril.51 muertos y una semana después, el Ejecutivo adoptó una medida que, en realidad, debía haber encarado hace muchos años.

Los argumentos del ministro de Planificación, Julio De Vido, incriminan al propio Gobierno. La intervención administrativa, técnica y operativa fue anunciada para “garantizar el funcionamiento y la seguridad de los pasajeros”. ¿Acaso descubrió el Gobierno que había fallas operativas y riesgos para los ciudadanos a las 8:32 del pasado miércoles?

Primero fueron los trabajadores de TBA, esos que se exponen todos los días a la disyuntiva entre habilitar la salida de un tren o ser sancionados por la compañía en caso de que resuelvan impedir la utilización de una unidad, habida cuenta del paupérrimo estado en que se encuentran.

En 2005, los mecánicos de las líneas Sarmiento y Mitre comenzaron a exigir repuestos para acondicionar las unidades. Recibieron suspensiones y la orden de obtener esos componentes de los mismos trenes que fueron quedando lentamente inutilizados. El proceso de desguace que comenzó en los 90, nunca terminó.

Hubo tres informes de la Auditoría General de la Nación, el último de 2008 -habrá un cuarto por estas horas-, donde se le comunicó al Ejecutivo sobre las fallas y carencias, y se exigieron cambios que nunca se hicieron.

La Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2005 y luego en 2010, se quejó en dos documentos sobre las condiciones “inaceptables” en que el público es obligado a viajar. “Condiciones inaceptables” para los que consiguen subirse a un vagón: los informes ponían el acento en la escasa o nula accesibilidad del servicio para los usuarios con dificultades motrices.

La Comisión Nacional Reguladora del Transporte, alma máter del descontrol estatal -ahora convocada para asistir a la intervención-, le aplicó dos multas en 2010 y 2011 a la concesionaria debido al “sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión a la luz de la grave y generalizada falta de mantenimiento”. Las multas por casi 2 millones de pesos fueron apeladas por TBA y aún no las pagó.

¿No son todos esos los argumentos que ahora utiliza este mismo Gobierno para justificar la intervención que, a la luz de la nueva promesa, garantizará la seguridad y el servicio para los usuarios?

Una medida incómoda pero eficaz hubiese sido, hace tiempo, sacar de circulación las unidades que carecen del material adecuado para su funcionamiento. Se hubiese restringido el servicio, pero se habría evitado que los pasajeros utilicen trenes inseguros.

Ahora, tarde, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, le pide paciencia a la gente, porque, seguramente, se restringirán servicios en algunos horarios. “No los vamos a poder llevar a todos”, anunció. ¿Alguien podría negarse a canjear “paciencia” por vida?

La respuesta política del Gobierno contradice a la reacción inicial, que suponíala inacción hasta la resolución judicial de la causa que instruye el juez Claudio Bonadío. La intervención “temporaria”, puede resultar acertada siempre y cuando se modifique la lógica de gestión que primó hasta hoy: desoir las advertencias y privilegiar la provisión de un servicio cuyo único mérito era ser barato. Esa lógica que indica no tomar decisiones para eludir los costos políticos de las medidas incómodas.

Recién después de las elecciones de octubre la Presidenta autorizó la desarticulación del esquema de subsidios. Desde ahora habrá quienes paguen más, porque se reducirá la ayuda del Estado, pero prometen invertir ese ahorro fiscal en infraestructura. Nuevamente: ¿esa decisión, anterior a la tragedia de Once, no está basada en el mismo diagnóstico que ahora motiva la intervención? El servicio deficiente y un sistema de subsidios descontrolados no da para más.

Hasta la jefa de Estado reconoce el descontrol y la ineficiencia de su gestión frente al sistema de transporte: “Esa bendita tarjeta de SUBE que me ha costado tres años poder montar para poder controlar exactamente qué es lo que pasa en cada uno de los subsidios, y comenzar con una etapa nueva donde se subsidie al usuario y no a las empresas. Pero todo cuesta, porque todas son trabas, todos son palos en la rueda por donde vayas, son muchos los intereses”.

En Rosario, admitió la Presidenta que no sabe “exactamente” cuál es el destino de los millones que aporta el Estado y que hay “intereses” (¿personales? ¿empresarios? ¿privados? ¿de algún funcionario?) que dificultan la acción.

La intervención de TBA no será eficiente sin el oportuno control del Estado, la inversión adecuada de los recursos públicos y la denuncia e investigación judicial de esos “intereses” que “ponen palos en la rueda”.

Tampoco servirá de nada la intervención si no son removidos los “palos en la rueda” propios, esos que representan la desidia y la complicidad de los funcionarios que han sido los responsables del sistema de Transporte en la última década.

Porque los “palos en la rueda” no solamente dificultan la gestión. También matan, señora Presidenta.

FUENTE:Publicado en www.tn.com.ar