ESPAÑA: Pros y contras de la reforma laboral

Por José Antonio Herce

ElEconomista.es

La dualidad no se va a resolver prohibiéndola, sino equiparando la indemnización de todos los contratos.

Ayer el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. Una reforma pro empleo, pro pymes y autónomos, pro flexibilidad, pro derechos (formación), contra dualidad y contra fraude, economía sumergida y absentismo. ¿Qué más?

Para acabar con la dualidad basta con equiparar el coste de despido y otras condiciones del contrato temporal y del contrato indefinido. Pero si esa equiparación es al alza, además se acaba con el empleo. Para crear empleo hay que lograr que cada trabajador le reporte al empresario un poco más de lo que le cuesta por todos los conceptos, incluidos los costes de capital, amortizaciones, etc. y que la empresa pueda vender lo producido y financiar sus operaciones. Las reformas estructurales no crean empleo a corto plazo, pero evitan que la tasa de paro estructural sea elevada cuando las condiciones de demanda y crédito no son las adecuadas.

El Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo tiene algunos elementos interesantes o novedosos, pero muchos aspectos que aborda siguen siendo los habituales y acabarán siendo más o menos efectivos en función del desarrollo que se les dé en el futuro.

Lo nuevo concierne a la creación del contrato indefinido estable para autónomos que empleen a trabajadores y pymes de menos de 50 asalariados. La estabilidad viene garantizada por las jugosas bonificaciones para la empresa que conlleva esta figura contractual, al menos hasta el tercer año, y el trabajador se beneficia de la compatibilidad de su salario con el 25 por ciento de la prestación por desempleo que estaba cobrando antes de ser contratado. Otra novedad consiste en que los parados verán condicionadas sus prestaciones al desempeño de servicios comunitarios.

Entre las modificaciones más relevantes que se puedan contar (de hacer recuento), pesar y medir, figuran la cuenta de formación personal, la mejor objetivación de las causas económicas del despido procedente, la vuelta a la prohibición de encadenar contratos temporales y, especialmente, la reducción de la indemnización por despido improcedente de los 45 días (o más) por año a 33 días y dos años de tope. Hay más medidas, claro, pero, en mi opinión, todavía no se pueden contar, pesar ni medir.

Queríamos reducir el número de contratos, aunque no fuese a uno sólo, pero ahora tenemos uno nuevo, trufado de incentivos que puede desplazar a los anteriores con resultados netos todavía por establecer. Una de sus condiciones más interesantes es la de compatibilidad con la prestación de desempleo. Creo que esta condición sería mucho más efectiva pegada al contrato indefinido estable (todo es muy estable en esta reforma).

La dualidad no se va a resolver prohibiéndola al nivel que se hace, sino, como decía antes,equiparando los costes de despido entre los distintos tipos de contrato, y el paso de los 45 a los 33 días en los nuevos contratos indefinidos estables (los que se firmen a partir de la entrada en vigor, no se olvide) no hará toda la mella que se necesita en este grave problema. Esta equiparación es la forma de crear un contrato único de facto y no sería preciso uniformar los existentes jurídicamente.

La formación en la empresa y el centro educativo al estilo alemán es claramente la vía, pero los sueldos de los aprendices alemanes son bastante inferiores al salario mínimo porque la remuneración en especie -una formación profesional sin parangón en el mundo- es fabulosa. Nuestras empresas carecen de estructura para hacerse cargo de este modelo, que tampoco es barato.

El Gobierno hace bien en mostrarse pro business al anunciar la mejora de lacolaboración público-privada en la orientación e intermediación laboral de los trabajadores. Pero algo de esto ya se ha planteado anteriormente y faltará ver cómo se instrumenta. Si esto no ha funcionado hasta ahora es porque los Servicios Públicos de Empleo autonómicos carecen de recursos o no pueden (o no quieren) movilizar los que tienen de las políticas activas de empleo o porque las agencias de colocación no quieren cobrar a éxito. La experiencia del Work Programme del Reino Unido demuestra que hay cientos de private providers en todo el mundo dispuestos a hacerlo con bastante éxito, por cierto.

FUENTE:Publicado en www.eleconomista.es