Por Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”
Francisco de QuevedoMás allá del episodio concreto de Ciccone –reitero que sólo puede haber sido autorizado o compartido por don Néstor (q.e.p.d.), primero, y por doña Cristina, después, dado que en este gobierno nadie siquiera saluda si no tiene permiso previo- lo real es que todo nos está poniendo en primera plana en todos los diarios del mundo, y no precisamente con crónicas a favor.
Como siempre digo: “con una Justicia independiente, seria y rápida, en la Argentina todo será posible; sin ella, nada lo será”.
Veamos, entonces, que agrega el nuevo affaire Ciccone a la imagen que presentamos al mundo como sociedad, que debiera ser el mayor atractivo para las imprescindibles inversiones, propias y ajenas, para que el país pueda desarrollar todo su potencial, dar trabajo genuino, reducir la inflación por ampliación de la oferta, mejorar la educación por la demanda de graduados en carreras duras, sacar de la pobreza a sectores sumergidos, agregar valor a nuestras exportaciones y miles de etcéteras.
Un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –don Eugenio Zaffaroni- quedó expuesto como propietario de varios inmuebles en los cuales se ejercía la prostitución; al descubrirse el hecho, no renunció ni dió explicaciones. El resto de los ministros no encontró en el hecho óbice alguno para que ese Juez continuara ejerciendo su alta función.
El Presidente de la misma Corte, don Ricardo Lorenzetti, manifestó, públicamente, haber pautado con el Poder Ejecutivo distintas “políticas” para llevar adelante las causas llamadas de lesa humanidad; esos acuerdos implicaron terminar con los principios de legalidad, de ley previa al hecho del proceso, de inocencia, y vulneraron irremediablemente al derecho de defensa. Tampoco sus pares consideraron esa actitud como un agravio a sus investiduras.
Los jueces federales penales de la Capital Federal, que tienen a su cargo la investigación de los delitos (corrupción en todas sus formas) que cometen los funcionarios públicos, paralizan sine die esas causas, y nunca encuentran culpables de esos hechos. Los fiscales, que deben impulsar esas causas, reciben órdenes de la Procuración para actuar con lentitud o, simplemente, para no hacer nada.
Uno de esos jueces, en particular, que tiene a su cargo varios juzgados –me refiero, obviamente, a don Norberto Oyarbide- no solamente fue asiduo concurrente de prostíbulos homosexuales sino que, con la complicidad de la Policía Federal, protegió esos negocios, hasta que todo estalló en una pelea con el gerente de uno de esos antros, quien difundió un video en el que el Juez aparecía en actitudes poco dignas y, además, escribió un libro relatando los pormenores del episodio; este siniestro personaje se da el lujo de exhibirse con un anillo de un cuarto de millón de dólares, adquirido con fondos que no puede explicar. Cuando don Oyarbide fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo impuso su mayoría para eximirlo de toda culpa. Entre otras causas no menos escandalosas, el Juez devolvió favores sobreseyendo, sin trámite alguno, a los propios Kirchner en las denuncias por enriquecimiento ilícito. Los fiscales, seguramente por sugerencia del entonces Procurador General de la Nación, don Esteban Righi, se abstuvieron de apelar esos sobreseimientos.
Los Kirchner, sus ministros y parientes, compraron a precio vil y sin oferta pública, tierras en uno de los más importantes paraísos turísticos de la Argentina, el Calafate. Para investigar ese escándalo, fue designada la Fiscal en el lugar, también compradora de tierras de ese modo, y sobrina de los Kirchner.
El Vicepresidente de la República, don Amado Boudou, quedó involucrado en episodios de, al menos, tráfico de influencias y, para cubrir sus actos, no dudó en mentir públicamente. Al quedar en descubierto, atacó ferozmente al Juez de la causa, don Daniel Rafecas, defendido por sus pares y sus colegas de los claustros universitarios, al mencionado don Righi (acusando al estudio del que era titular hasta el momento de la asunción de su cargo de intentos de cohecho para “aceitar” la relación con los jueces federales) y a Adelmo Gabbi, Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Ya que don Righi mantuviera abierto su estudio mientras se desempeñaba como Procurador General de la Nación resultaba, como mínimo, poco ético pero que, además, sus socios (entre otros, su propia mujer) ejerciera de la defensa de los funcionarios acusados de corrupción por los mismos fiscales que él comandaba se transforma en un verdadero escándalo moral. Recuerdo que, cuando el Dr. Marco Aurelio Risolía dejó la Presidencia de la Corte Suprema, se negó a reintegrarse a la actividad privada por considerar que ello resultaría inmoral, pero esa era otra Argentina.
El ahora despedido Procurador debe añadir a sus malolientes laureles haber sido partícipe necesario de los Kirchner en la tarea de demoler, uno a uno, los distintos organismos de control de la gestión, en especial la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a la cual vació de contenido y facultades.
El Juez Daniel Rafecas, defendido por sus pares y por sus colegas en los claustros universitarios, a cargo de la causa en la que figura el Vicepresidente de la República como imputado, fue denunciado por un íntimo amigo, abogado vinculado a otros sospechados en la misma causa, por intercambiar mensajes electrónicos, sugiriendo conductas o informando medidas procesales.
El Vicepresidente fue denunciado por legisladores de la oposición y por distintos particulares por actos incompatibles con la función pública y por enriquecimiento ilícito; obviamente, no renunció ni pidió licencia. La causa recayó en el Juzgado Federal a cargo de uno de los jueces más sospechados de parcialidad a favor del Gobierno.
Ante la renuncia del Procurador General, la Presidente propuso –y el Senado designará, utilizando las mayorías oficialistas o compradas- como sucesor a don Daniel Reposo, íntimo colaborador de don Boudou en la Anses, en el Ministerio de Economía y en la Sigen, boxeador amateur y colega en los rings empresarios de don Patotín Moreno. Doña Cristina reproduce, así, el episodio de las tierras de Calafate, poniendo como acusador en jefe a un dependiente del acusado, y sospechado de cómplice de éste en la compra directa de autos para el Ministerio de Economía.
Como se ve, cristi-kirchnerismo explícito. El problema es que, como lo vemos nosotros mismos y gracias a la denostada globalización, estos detalles se conocen en todas las capitales del mundo, y en todas las redacciones. Pagaría por acompañar a la señora de Kirchner a la Cumbre de Cartagena del próximo fin de semana, sólo para ver cómo la mirarán los pocos colegas –varios han justificado su ausencia- con los que se encontrará. Mientras tanto, dejará a cargo de la Presidencia a Guita-rrita Boudou. ¿Los argentinos nos merecemos esto?; me temo que sí.
También hubiera pagado, hace unos días, para ver cómo leyó la Presidente la noticia proveniente de Brasil, que informaba que la señora Dilma Rousseff, después de haber echado nada menos que a siete ministros acusados de corrupción, alcanzaba el 77% de aprobación de su gestión, y era recibida por Obama durante tres horas.
Los que creemos que, con muy poco, Argentina podría evitar su triste destino, estamos llorando por una República cada vez más perdida, en un proceso que, de no revertirse a tiempo, concluirá con la desaparición jurídica del país. Mientras tanto, quienes nos contemplan desde lo alto de sus fortunas mal habidas o quienes han debido sufrir, por demasiado tiempo, la prepotencia y la mala educación de los argentinos, se ríen a carcajadas.
Bs.As., 11 Abr 12
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