Agenda laboral: tres temas marcarán nuevas reglas entre empresas y empleados 

 Las negociaciones laborales entre la UIA y la CGT se encuentran en un marco de tensión. Es por ello que no hubo, hasta ahora, grandes avances y, frente a ello, el Gobierno propicia la "moderación" entre las partes. Para reducir la conflictividad sindical deberán solucionar algunas cuestiones clave

Por Sebastian Albornos
  

Mientras el Gobierno intenta que reine la "moderación" en las negociaciones laborales entre empresarios y sindicatos, lo cierto es que, hasta ahora, se ha visto un evidente grado de tensión.
Sin embargo, según se desprende de los recientes discursos de líderes gremiales y empresariales, podría comenzar a haber un acercamiento.
De hecho, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, aseguró que está dispuesto "a hablar de todo, para demostrar que somos capaces de sentarnos a analizar cómo sigue la película. Hablar en forma transparente, para debatir sobre cómo seguimos creciendo".

Y destacó: "El desafío es resolver las tensiones que genera el crecimiento económico".
Incluso, se espera que este martes participe de un panel -en el marco de una conferencia que organizó la UIA- junto al líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, para debatir acerca de la forma de compatibilizar la distribución del ingreso, mercados e inversiones.
Así las cosas, hoy existen  tres temas clave que indudablemente podrían cambiar las reglas en las relaciones laborales entre empresas y empleados, en caso de que ambas partes lograran un acuerdo, y que demandan una solución.
Ellos son: el reparto de las ganancias de las empresas entre los trabajadores, una nueva Ley de Riesgos de Trabajo, que incluya la reparación total de los accidentes laborales y que excluya la doble vía, y la modificación al actual régimen de tercerización.
Reparto de ganancias empresarias entre los empleados
La idea de repartir parte de las utilidades de las empresas entre los asalariados nació en un momento en el que la relación entre el Gobierno y la CGT era más estrecha.

Así, el impulsor de esta iniciativa, el asesor legal de la central obrera y diputado oficialista Héctor Recalde, propone que las empresas repartan, obligatoriamente, un 10% de sus utilidades netas anuales entre sus empleados.

Tras conocerse la propuesta, en  un comienzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmaba al respecto: "Vemos que las empresas tienen unos balances formidables que les permiten distribuir dividendos. Hay algunos empresarios que no quieren hacerlo, pero ya lo lograremos".

Luego, dejó entrever en un discurso que la propuesta podría avanzar pero con ciertas reformas.

Sin embargo, de cara a las elecciones, el proyecto fue quedando relegado y esto se hizo evidente cuando la primera mandataria manifestó: "La convención colectiva es un método muy idóneo, para poder discutir el tema de distribución de ganancias, por una razón muy sencilla: una ley es algo general, lo general no puede ser aplicado a todo el mundo y a todas las actividades económicas".

Ahora, la central obrera busca relanzar el proyecto una vez que se realice el recambio de legisladores en el Congreso.

Durante la jornada del lunes, el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi aseguró, sobre el tema: "Lo importante es que la gestión de la empresa tiene que ser muy seria. Siempre, cuando hay ganancias, hay un reparto hacia los trabajadores".
Y agregó: "Lo que no debe haber es una reducción de la libertad y la autonomía de la empresa".

Casi al mismo tiempo, el diputado nacional y secretario general del gremio de los canillitas, Omar Plaini, cuestionó la oposición que mostraron las seis principales cámaras empresarias, a las que pidió que "digan en qué no están de acuerdo" con la iniciativa.

"Fuimos siempre socios en las pérdidas. Ahora, cuando al sector empresarial le va bien, los trabajadores no participan", comentó el también integrante de la mesa directiva de la CGT en declaraciones televisivas.

Luego, agregó que la central obrera posee una "agenda" de temas y, entre ellos, "la prioridad" es la participación de los dependientes en las utilidades empresariales.

"Éste es un proyecto que está sujeto a modificaciones, para lograr la mayor cantidad de consenso", había puntualizado oportunamente Recalde a iProfesional.com.

Así, la diferencia sustancial con la propuesta de la CGT consiste en que el reparto de utilidades pasa a depender de los resultados de las negociaciones paritarias entre las compañías y los sindicatos, mientras que, en la iniciativa de Recalde, se busca obligar a las firmas a distribuir ganancias entre el personal, tal cual lo prevé el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

Nueva Ley sobre Accidentes de Trabajo
Si hay una problemática que se reclama a gritos desde el empresariado es la de darle un nuevo marco a la Ley de Riesgos de Trabajo (LTR) y al papel de las aseguradoras (conocidas como ART).

La propia Presidenta llegó a afirmar que, si no se llegara a un acuerdo con las aseguradoras para sancionar una nueva ley, el Estado podría "intervenir".

En su oportunidad, consultado por este medio, Recalde anticipó que ya "hay proyectos avanzados" al respecto y aseguró: "Estamos esperando una decisión del Ejecutivo en algunos temas específicos que son los que impidieron que haya avances".

En la actualidad, existen dos cuestiones clave pendientes de resolución, que mantienen en vilo a todos los hombres de negocios y que, de alguna manera, se espera que se regularicen mediante la sanción de un nuevo marco:

Una de ellas tiene que ver con la doble vía. Ésta consiste en que el empleado pueda ser resarcido por la ART y, a su vez, si el monto pagado no cubriera sus necesidades, que éste tenga la puerta abierta para iniciar a la compañía una demanda civil para reclamar un monto adicional.

La otra cuestión está vinculada con los accidentes in itínere. Es decir, si el empresario debe hacerse cargo, o no, de los accidentes que pudiera sufrir el empleado en su camino al trabajo.

Durante el 2012 ingresaron más de 100 expedientes por mes a los juzgados laborales de la Capital Federal y, en su mayoría, los dependientes buscaban ser resarcidos por completo debido a accidentes laborales.

Para bajar la litigiosidad, en noviembre de 2009, el Ejecutivo intentó paliar la situación y, mediante el decreto 1694/09, optó por establecer nuevos pisos indemnizatorios a los efectos del cálculo de la reparación por infortunios en ocasión del trabajo.

Sin embargo, la medida no resultó suficiente para poner un freno a los reclamos, como así tampoco lo hizo el seguro de responsabilidad civil.

Al respecto, el abogado e integrante de la mesa directiva de la UIA, Daniel Funes de Rioja, sostuvo: "El decreto aumentó los pisos de las prestaciones y el costo de los seguros, pero la responsabilidad civil no está cubierta".

El problema es que los juicios crecen año a año, por lo que la solución es hacerle alguna reforma estructural a la ley, particularmente, en los artículos que fueron cuestionados por la Corte Suprema.

El director ejecutivo de la central fabril, Martín Etechegoyen, consideró que el Gobierno "debe procurar una resolución al vacío ocasionado por el fallo de la Corte Suprema que dejó inviable el artículo de la ley que impedía a los trabajadores hacer juicio contra las empresas".

"En 2011 la masa de juicios llegará a 60.000 por valor de u$s6.500 millones. Una de las medidas debe ser reducir la informalidad", enfatizó.
Tercerización
El actual régimen de tercerización es otra de las cuestiones que preocupan al Ejecutivo.

La misma presidenta Cristina Kirchner sostuvo, en su momento, que las empresas tercerizadas que desencadenaron el conocido episodio de violencia sindical en el Ferrocarril Roca, son una "rémora" de la "flexibilización laboral" de la década del `90.

En este contexto, Recalde junto a Julio Piumatto, actual titular del Sindicato de empleados judiciales, presentaron en el Congreso un proyecto que, según afirman los expertos, podría dar punto final a la tercerización tal como se la concibe en el presente.

Esto es así dado que apunta a responsabilizar "solidariamente" a la empresa principal por los empleados que están en la nómina de firmas subcontratadas y que prestan servicios para la primera, por todo tipo de prestación, sea ésta esencial o no a la actividad principal de la firma.

De convertirse en ley la iniciativa, la contratista podría enfrentar litigios de todo tipo, por cuestiones de la relación de empleo -propiamente dicha- como así también por aquellos vinculados con accidentes laborales, de trabajadores que se desempeñan en áreas de limpieza, seguridad, transporte, mensajería, call centers, consultoría y todo tipo de tareas que la firma subcontrata. Si bien este proyecto perderá estado parlamentario, no se descarta que se vuelva a presentar y avanzar en un Congreso favorable al oficialismo.
Otros puntos
Si bien el reparto de utilidades, la nueva ley de riesgos y la modificación al régimen de tercerización son los temas centrales en los cuales la UIA y la CGT deberán ponerse de acuerdo, existen otros proyectos con intereses encontrados.
Es el caso de la iniciativa que propone incrementar las multas en caso de empleo en negro o registración deficiente, el proyecto sobre la prohibición de trabajar desde las 13 del sábado hasta las cero horas del lunes y la propuesta parlamentaria para eliminar las sumas no remunerativas.
 Fuente:www.iProfesional.com