UNA LEY PARA FRENAR LA EXTRANJERIZACIÓN

Punto por punto, el proyecto de ley del Ejecutivo para frenar la compra de tierras argentinas por extranjeros 

iProfesional.com accedió a la iniciativa que Cristina Kirchner enviará al Congreso. El Ejecutivo busca limitar la incursión de capital foráneo sobre recursos clave del país. ¿Qué sucederá con los derechos ya adquiridos? Puntos más salientes y los casos paradigmáticos que generaron fuertes polémicas

Por Patricio Eleisegui

Tras meses y meses de discutir y polemizar sobre la necesidad de establecer algún tipo de control oficial a la compra de tierras por parte de extranjeros, el Gobierno decidió avanzar en esa dirección, y ya se encuentra en el Congreso un proyecto de ley que contempla una serie de restricciones para la venta de tierras a inversores del exterior.

La iniciativa en cuestión, tal como lo adelantó la mandataria, no sólo no afectará los derechos ya adquiridos sino que, además, promete no avanzar con la estatización de determinadas porciones de territorio.
iProfesional.com pudo acceder al proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo.
Un aspecto controvertido es que fija en un 20% el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional por parte de extranjeros.
Este condicionante, aun sin profundizar en el resto de los puntos del proyecto, deja la puerta abierta a la polémica.
Sucede que el 7% de las áreas más productivas de la Argentina -esto es 17 millones de hectáreas- ya se encuentra bajo dominio foráneo.
De modo tal que, una vez convertido en ley -si es que no sufre modificaciones- se estará avalando la posibilidad de que el capital externo aumente hasta en un 13% su control sobre el territorio nacional.
La propuesta normativa, bautizada con el nombre de "Proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales", expresa que las tierras pertenecientes a un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación. Y su cómputo se determinará por la Autoridad de Aplicación.
En paralelo, el texto postula la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia, que tendrá la facultad de requerir a las dependencias provinciales la información necesaria para que se dé cumplimiento.
El marco establece la realización de un relevamiento catastral y de dominio cuya finalidad será la de determinar la propiedad de las tierras. Y tomará como punto de partida la situación al 10 de enero de 2010.
Además, se creará el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que será presidido por el Ministerio de Justicia y conformado por funcionarios del Ministerio de Agricultura, de Defensa, del Interior y de la Secretaría de medio Ambiente.
En el mensaje que acompaña el proyecto de ley se deja expresa constancia que el nuevo marco impulsado "en ningún modo resulta una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables".
Por otro lado, destaca que el objetivo es que "los recursos vitales sigan en órbita y en competencia Nacional, sin que eso signifique desalentar la inversión extranjera".
Una de las voces que más se hizo oír en todo este tiempo fue la del diputado nacional de la UCR por el Chaco, Pablo Orsolini quien, al ser consultado por este medio, se mostró a favor de la iniciativa oficial.
"Aunque aún faltan discutir detalles, todo el arco político se muestra satisfecho con el anuncio. Una ley para frenar la ‘extranjerización' es un anhelo histórico", afirmó a iProfesional.com.
"Es un primer avance para cortar con la concentración. Además de proteger nuestra soberanía, disminuirá la expulsión de productores agrarios del interior del país. Esto es, chacareros que se ven obligados a instalarse en las ciudades porque alguien se queda con sus tierras", agregó.

A continuación, algunos de los puntos más salientes del proyecto del Ejecutivo:

Punto por punto
En cuanto a los apartados de mayor relevancia dentro del proyecto, el artículo 3 establece:

El mencionado punto explica que "quedarán incluidas":

• Personas jurídicas vinculadas o controladas por una sociedad o cooperativa extranjera, de conformidad con las limitaciones previstas en esta ley, en un porcentaje mayor al 25%. O que tengan los votos necesarios para formar voluntad social mayoritaria, independientemente del porcentaje accionario.
• Personas jurídicas extranjeras que participen en más de un 25% del capital de otra sociedad.
• Personas físicas o jurídicas extranjeras que, sin acreditar formalmente calidad de socios, actúan en una sociedad como si lo fueran.
• Sociedades que hayan emitido obligaciones negociables o debentures, y que esto le permita a su tenedor aumentar su tenencia accionaria en un porcentaje mayor al 25%, y se trate de personas físicas o jurídicas extranjeras.

Por otro lado, el proyecto de ley detalla que cuando se transfiere una propiedad -bajo la forma de un fideicomiso u otro mecanismo- a personas físicas o jurídicas foráneas, el porcentaje no podrá ser mayor al autorizado en la nueva ley.

Entre los aspectos más importantes de la normativa se destaca, por ejemplo, el artículo 7, que puntualiza: "Se establece en un 20% el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos regulados...".
El apartado 8 detalla que "en ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el 30% del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad extranjera sobre tierras rurales".
En tanto, el punto 9 expresa:

Por su parte, el artículo 11 del texto establece que los propietarios de tierras, personas físicas o jurídicas, que invistan la condición de extranjeros deberán, dentro del plazo de 180 días -contados desde la entrada en vigencia del nuevo marco-, "proceder a la denuncia de dicha titularidad ante la Autoridad de Aplicación".
El apartado 12 fija que "para la adquisición de un inmueble rural ubicado en zona de seguridad (fronteras) por una persona comprendida en esta ley, se requerirá el consentimiento previo del Ministerio del Interior".
Otros puntos relevantes:

Intentos reiterados por regularLos intentos por imponer restricciones a la compra de tierras y recursos estratégicos locales por parte de extranjeros ha venido transformándose, desde un tiempo a esta parte, en una constante.
El hecho de que estén en manos de propietarios foráneos más de 17 millones de hectáreas ubicadas en las mejores zonas del país -y que haya otras 13 millones que hoy se ofrecen a la venta- ha motorizado una oleada de iniciativas para frenar este avance por parte de funcionarios de las distintas provincias.
La preocupación en las filas políticas, tal como diera cuenta iProfesional.com hace un año atrás, radica en que el capital extranjero ya controla una superficie similar a la de todo el Uruguay, según datos aportados por Federación Agraria (Lea: Buscan frenar avalancha de extranjeros, tras "adueñarse" de recursos clave del país).
Las sucesivas denuncias de compra de extensas superficies que, en muchos casos, incluyen recursos estratégicos tales como el agua, minerales, madera y atractivos turísticos, ya venían suscitando fuertes polémicas.
Es que, tal como diera cuenta este medio, se llegaron a vender vastas extensiones de tierras con pueblos adentro (ver nota: La mitad de la riqueza agraria va camino a ser extranjera y hasta se venden campos con pueblos adentro).
También, otro punto de controversia es el precio. En la Patagonia, específicamente en la península de Valdez, empresarios británicos se hicieron de una considerable cantidad de hectáreas a menos del valor de la cuota de un gimnasio (Vea: Insólito: En zonas clave de la Patagonia las tierras se venden a precios más bajos que la cuota de un gimnasio).
Ejemplos concretosLos casos citados van más allá de algunos muy renombrados, como el de Douglas Tompkins, que posee 350.000 hectáreas en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y  Tierra del Fuego.
Su interés pasa por las reservas acuíferas y las superficies dotadas de riquezas naturales.
También está el caso del empresario Benetton que, junto con sus hermanos, son poseedores de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia.
En todas las operaciones, los movimientos de estos inversores comprenden la compra de grandes superficies para el aprovechamiento actual o la futuro de recursos específicos.
El agua, por ejemplo, aparece como el principal "objeto de deseo" para el magnate Joe Lewis, que ostenta 18.000 hectáreas en Río Negro, habiéndose asegurado con la compra el control del acceso al Lago Escondido.
Tompkins, en Corrientes, hizo foco en los Esteros del Iberá. Es ahí donde se encuentra el Acuífero Guaraní, considerado uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta, con un caudal capaz de abastecer a la población mundial de 6.000 millones de habitantes, por varias décadas.
La siguiente infografía permite apreciar los casos más paradigmáticos de esta avanzada extranjera en el país:

En Misiones, la explotación de la madera impulsa el interés comercial de la chilena Alto Paraná, que ya tiene bajo su dominio unas 172.000 hectáreas de selva.
En tanto, asegurarse la disponibilidad de minerales como el uranio y el oro resulta prioritario para corporaciones como GCN Combustibles, que desde hace ya varios años controla 700.000 hectáreas en Fiambalá, Catamarca.
En la provincia de Buenos Aires, por citar un ejemplo, el grupo italiano Paoletti acumula 13.000 hectáreas distribuidas en sus estancias El Cóndor, La Pepita, Santa Rita, San Marcos, San Luis y San Andrés, ubicadas en los partidos de Coronel Suárez y Coronel Pringles.
Por estos días, inversores anónimos cerraron la compra de 200.000 hectáreas protegidas en la provincia de La Rioja por la módica suma de 1 millón de dólares. Lo insólito del caso es que fueron compradas a través de Internet. 

Fuente:www.iProfesional.com