La fractura de la CGT, indispensable para el cristinismo

By Carlos Tórtora

INFORMADORPUBLICO

A falta de otra alternativa mejor, los operadores sindicales de la Casa Rosada apuntan a que se concrete la fractura de la CGT, probablemente impulsada por un grupo de sindicatos independientes con la UOCRA, UOM y SMATA a la cabeza. Se trataría de un triunfo táctico para CFK, que debilitaría al moyanismo, cuyo control de los gremios del transporte sigue siendo un as en la manga. El sindicalismo tiene, por otra parte, una larga práctica en dividirse en blandos y duros. En 1968 fue la primera gran fractura, cuando la CGT de los Argentinos, liderada por el gráfico Raimundo Ongaro y combativa del gobierno militar, se enfrentó a la CGT Azopardo, de posición más dialoguista y con el metalúrgico Augusto Timoteo Vandor como figura principal. Durante el último proceso militar, le tocó a la CGT Brasil, con el cervecero Saúl Ubaldini como estandarte, asumir las posturas más duras contra la dialoguista CGT Azopardo, impulsada por Jorge Triaca y Armando Cavalieri. A Carlos Menem también le tocaron dos CGT en el ‘89: Ubaldini pasó a conducir la CGT Azopardo, mientras que Güerino Andreoni quedó a cargo de la CGT San Martín. Finalmente, en el 2000 la CGT oficial pasó a estar controlada por Rodolfo Daer, del gremio de la Alimentación, mientras que Hugo Moyano se puso al frente de la CGT paralela. La división se prolongó hasta 2004, cuando la central obrera se unificó bajo un triunvirato integrado por Moyano, José Luis Lingeri y Susana Rueda, de Sanidad. A esta lista podría sumarse que Luis Barrionuevo proclamó hace dos años el nacimiento de la CGT Azul y Blanca para oponerse a Moyano, al que ahora apoya decididamente. El contexto actual es distinto a los anteriores, porque aunque lo abandonen la mayor parte de los gremios grandes, Moyano tendría poder propio suficiente como para gravitar mucho más que Ubaldini, que representaba al modesto sindicato de cerveceros. En materia de discusiones salariales, la probable fractura sindical le sería de escasa utilidad al gobierno. Los gremios docentes nacionales y bonaerenses ya van por aumentos del orden del 30%, lo que convierte al 18% de tope soñado por el gobierno en un simple recuerdo. Por otra parte, la fractura de la CGT difícilmente haría que los números de las paritarias se moderen y hasta puede ocurrir lo contrario. Es obvio además que una CGT dialoguista no podría ir contra los intereses de sus afiliados reclamando menos porcentajes que la CGT combativa y moyanista.
Ubaldini II
Con los números de la economía cada vez más complicados, la división sindical le permitiría al gobierno aflojar la presión por los fondos de las obras sociales adeudados a los gremios, así como el reclamo por el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, dando además la imagen de que las grandes corporaciones sindicales se encuadran con la presidente. Pero sobre todo, convertirlo a Moyano en una versión aggiornada de Ubaldini sería para Cristina un triunfo político. En otras palabras, la sociedad -y sobre todo el peronismo- recibirían el mensaje de que el líder camionero pagó su rebelión con la pérdida del control del sindicalismo en su conjunto. Para la forma de ejercer el poder del cristinismo, este mensaje no sólo es necesario, es indispensable. Daniel Scioli y Sergio Massa encabezan la lista de destinatarios. La derrota del moyanismo, aunque sea parcial, le permitiría entonces a Cristina retomar la senda triunfal iniciada el pasado 23 de octubre. Un gran triunfo oficialista en las elecciones legislativas del año que viene podría provocar un colapso opositor aún mayor que el actual, barriendo con las resistencias a la reforma constitucional y la eternización de CFK en el poder. Pero el 2013 está muy lejos para un gobierno que profundiza el ajuste con cuentagotas para que el drenaje de votos sea también pequeño. Ésta es la traducción política de la sintonía fina, que esta semana llevó a que unos 72.000 usuarios, de los cuales 50.000 residen en barrios cerrados de todo el país y el resto son vecinos de los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Hurlingham, Ituzaingó, San Fernando, San Isidro, Vicente López y Tigre, deban decidir si renuncian a los subsidios en las tarifas de servicios públicos. Se trata de apenas 228 millones de pesos anuales y rebela la extrema prevención de la Casa Rosada ante la posibilidad de que aparezcan en escena los cacerolazos de una clase media agobiada por la inflación y los aumentos de las prepagas y los colegios privados.
Más optimista es el gobierno en relación a la tensión empresaria por el freno a las importaciones impuesto por Guillermo Moreno. Habría una media promesa oficial de que en el segundo trimestre se flexibilizarían las medidas que están privando de insumos necesarios a una larga lista de industrias.
FUENTE:Publicado por www.informadorpublico