¡CUANDO ME ENTRÉS A FALLAR…!

Está comprobado que en economía se puede hacer cualquier cosa, salvo no pagar las consecuencias.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

La gran cosecha que registrará un récord en Estados Unidos repercute insoslayablemente en el precio de los granos; las bajas operadas en los mercados granarios internacionales así lo expresan para el disponible y, lo acentúan para el futuro.

La depresión operada es una consecuencia lógica, máxime tratándose de la primera potencia agrícola del planeta, con todo lo que ello implica. Sabido es que los mercados de cereales y oleaginosas, (siempre sensibles a diferentes factores), invariablemente acusan el impacto tanto cuando se ocasionan alzas o bajas en la producción global.

Si se interpreta correctamente ésta lógica, también debería comprenderse que el negocio rural se diferencia sustancialmente de cualquier otro. La imprevisibilidad es muy superior a las demás actividades productivas, justamente por la incidencia que tienen en los rendimientos el comportamiento de los componentes climáticos. En virtud de ello, es errático considerar el resultado de un ejercicio, como significativo de la rentabilidad o pérdida de la explotación, especialmente cuando el evaluado es un año atípico con relación al promedio, nunca menor a un lustro.

Todas las ramas de la agricultura y en menor medida la pecuaria, tienen implícito riesgos que no por difíciles de cuantificar se deben relativizar. Dicha premisa requiere que el productor la tenga presente al proyectar la implantación de los cultivos o, programe una inversión relativa a su explotación. No obstante no es el único que debe velar por los desenlaces potenciales que puedan ocurrir.

En los países con alta participación de la producción agropecuaria en el PBI, es menester tener en cuenta las probabilidades de contingencias climáticas, e inclusive seguir con atención las estadísticas sobre fluctuaciones de mercados. Si bien tomar estar previsiones resulta importante para cualquier estado moderno, ello se torna imprescindible para aquellos donde los gobiernos que intervienen en la economía.

Cuando se establecen regulaciones, (sin entrar a discutir filosóficamente al respecto); como mínimo corresponde a los responsables de implementarlas, tener en claro como contrarrestar los efectos negativos cuando se modifique el contexto que dio lugar a las medidas. Por no tomarse estas precauciones, lo ocurrido en Argentina en los últimos años, deja en claro cuan pernicioso resulta para el sector productivo, al mismo tiempo de generar en la economía un problema mayúsculo.

Cabe recordar, que entre otros componentes, la crisis desatada en 2001 en gran parte estuvo influida por dos factores: el empecinamiento de Menen primero y De la Rúa después, por mantener la ficticia convertibilidad y, un ciclo de bajos precios agropecuarios internacionales, basta señalar que la soja llegó al piso de u$sn145 la TT.

Tras la asunción de Eduardo Duhalde, se dio por finalizada la vigencia de la paridad cambiaria, determinación que si bien causó algún cimbronazo por la pesificación asimétrica, era una medida indispensable; en tanto la gran bendición provenía del sector externo, en 2002 el valor de nuestros productos de intercambio comenzaba a remontar la cuesta decididamente; sumado a ello, el tipo de cambio favorecía las exportaciones. Ante la modificación del escenario e invocando la difícil situación heredada, el Gobierno determina retenciones a los granos del 10%. Si bien la dirigencia rural, siempre objetó dicha gabela, en la ocasión no opuso resistencia, en el fondo se trataba de una alícuota moderada, la que fue entendida como un aporte que el sector debía asumir en un momento crucial del país.

La llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003, confirmando al ministro de Economía que había timoneado el proceso de transición, hizo que el primer tramo de la gestión del santacruceño transcurriera con la recuperación de las cuentas públicas, motorizada en gran parte por el crecimiento de la producción. Más en noviembre del 2005 el presidente dispone el alejamiento de Roberto Lavagna del Palacio de Hacienda y, desde allí en más, es el propio primer mandatario quien asume el manejo de todas las botoneras de la economía. Así es como en diferentes oportunidades procede a elevar las alícuotas por derechos de exportación.

La siguiente tabla indica los niveles alcanzados por los últimos incrementos de las retenciones durante la gestión de Néstor Kirchner, el último de ellos en noviembre de 2007, a pocos días de que su esposa Cristina Fernández asumiera su primer mandato.

En la ocasión, el entonces ministro de Economía Miguel Peirano al pretender justificar la exacción expresó: “Las medidas que toma el gobierno no tienen ningún tipo de limitación para el desarrollo del campo, sino todo lo contrario” - “Todas las decisiones que el gobierno adopta logran el objetivo general para mantener la rentabilidad del sector agrícola”. - “El gobierno ha aplicado políticas consistentes que permitieron que el sector agrícola haya tenido un desenvolvimiento muy positivo en estos últimos años”, para rematar con una verdadera “tomada de pelo”: “Es fundamental el crecimiento del agro y por eso se adoptan estas medidas”.

Claro estaba que pese a los quiméricos enunciados, nuevamente el campo era utilizado para solucionar los problemas de la economía primero y, corregir el derroche de las finanzas públicas; al respecto resulta apropiado recordar que en ese mismo ejercicio, se había verificado un aumento desmesurado del gasto público superior al 40%, en comparación con el año anterior.

Ya instalada en el poder Cristina Fernández se dictó la Resolución 125, por la cual se implementaba un sistema de retenciones móviles, hito que generó la gran resistencia agropecuaria, con un conflicto que aún no ha cerrado sus heridas. Aquella arremetida contra el sector productivo, resultó frenada en el Senado de la Nación, con el mentado voto “No positivo” del entonces vicepresidente de la Nación, Julio César Cleto Cobos.

Los pretextos argüidos por la presidente y sus adláteres se centraban en la necesidad de “desacoplar los precios internacionales a la economía doméstica” y en “la renta extraordinaria” que ostentaba el productor agrícola. Para ese tiempo la soja rondaba los u$s 600 la TT lo que significaba un 300% más de aquel escuálido piso antes mencionado de u$s 145 la TT. Sin duda se transitaba una instancias con valores de la producción agraria nunca antes imaginado.

Si nos retrotraemos a esa fecha y al escenario vigente, seguramente habría muchos argentinos que convalidarían la imposición al agro, no me refiero al esquema de “la 125”, pero si al instaurado en noviembre del 2007 (tabla). No obstante, por las razones apuntadas al principio de la presente, de cualquier consideración concienzuda, se impone evaluar pormenorizadamente causas, consecuencias y efectos

Sin pretender aquí opinar sobre la razonabilidad de aplicar derechos de exportación, ni en qué circunstancias o en cuales mercaderías; por persuasión puedo acotar que es difícil de poder justificar alícuotas superiores al 20%. En tal sentido, siempre resulta indefectible tener presente que estás se aplican sobre el valor del producto en condiciones cámara (sano, seco, limpio, etc.) en el puerto de embarque; vale decir que el agricultor debió poner la tierra o alquilarla, efectuar la siembra y labores previas, adquirir los insumos, cuidados del cultivo, cosecharla, transportarla a destino y asumir los gastos de comercialización.

Partiendo de la hipótesis de convalidar la tesis de la renta extraordinaria, constituye un gran error contar con dichos recursos para enfrentar gastos corrientes. Hacerlo, tal como sucedió en el país, generando una gran dependencia de ellos, provoca grandes complicaciones y la necesidad de contar con más disponibilidad, precisamente cuando menos se puede recaudar.

Diferente habría sido si esos recursos excepcionales se hubieron destinados a obras vitales de infraestructura, que tanto necesita el país y, que son una gran asignatura pendiente. En estos años de crecimiento y viento a favor de la economía, prácticamente no se construyeron autopistas, nuevas rutas, e inclusive, gran parte de la red caminera existente se encuentra en estado deplorable. ¿Cuántos kilómetros se podrían haber construido, con parte de la friolera ingresada a las arcas en concepto de retenciones?

No necesita mayor explicación aclarar que un cambio de contexto en una estrategia como la apuntada, no traería aparejado mayores inconvenientes, habida cuenta que al desaparecer las condiciones de excepcionalidad, se procedería a posponer el proyecto hasta tanto retornaran situaciones favorables. En tal caso se detendría un desarrollo, que en la práctica no se ha iniciado.

En lugar de destinarse ese aluvión de dólares a un fondo específico como el citado, el Gobierno utilizó esos recursos para acumular poder, ejerciéndolo arbitrariamente vía manejo discriminado de la chequera.

En siete años de gobierno, Cristina Fernández acrecentó irresponsable y descontroladamente el gasto público, infló sin escrúpulos la barrumbada de fondos en propaganda vanagloriando la ufanada “década ganada”, instalando un cronograma de absurdos subsidios, los que incluyeron a la mayoría de los que no lo necesitaban, pero que ahora no se pueden corregir sin provocar un caos, habida cuenta de los valores desvirtuados en muchos de los indicadores de la economía. (Salarios, consumo arraigado, etc.)

Los planes sociales crecieron en forma inusitada; de la observación de la ejecución presupuestaria, se advierte que desde la llegada al poder la actual presidente, éstos se multiplicaron ocho veces. Cabe consignar que lo erogado por ese concepto en 2008 fueron $ 15.200 millones, en tanto lo asignado para 2014 son $ 120.000 millones. En todo ese tiempo se contabilizan $ 370.000 millones. Pese la gigantesca sangría de recursos insuflados a tal fin, el corolario evidencia la ineficiente performance; así lo revela el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica: el 27,5% de los argentinos vive en situación de pobreza y el 5,5% de indigencia.

Para el año en curso el déficit fiscal previsto arriba a $ 200.000 millones, al tiempo que la emisión calculada ronda los $ 150.000 millones. Los efectos desbastadores de una inflación que se perfila para cerrar el año entre el 37 y el 40%, no se neutralizan con planes. En contraposición, los indicios de retracción en el consumo son axiomáticos. Las ventas en supermercados bajaron 4,2% en cotejo con el año pasado.

El auto denominado "modelo productivo de inclusión social" hace agua; desde el año pasado se aceleró el proceso de cierre de empresas y, con ello proliferaron suspensiones y despidos. En la industria de la carne han bajado sus persianas 137 frigoríficos, con la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo; en el sector de la construcción las cesantías pasaron la barrera de los 20.000 operarios.

Los expertos advierten para el último trimestre del año un descenso en el nivel de actividad, lo que vendrá aparejado con una alta emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. La ecuación explica que la política fiscal implementada es rebatible, puesto que el progresivo déficit ($ 130.000 millones) debe ser financiado con mayor emisión; lo que a la postre se traduciría en un rojo financiero de $ 200.000 millones.

Con Decreto de Necesidad y Urgencia mediante, el Gobierno determinó una ampliación del presupuesto por $ 199.045 millones. La variante significa un incremento del 22,5% en relación con el gasto total autorizado en la ley de Presupuesto 2014. El monto añadido, se cubre fundamentalmente por emisiones de deuda por $ 150.622, presuntas utilidades del Banco Central $ 28.900 millones, y 32.679 millones por hipotéticas mayor recaudación tributaria.

Las proyecciones apuntan a una merma de las exportaciones totales del 9% en comparación con 2013. Las agrícolas descenderían 8,6%, las industriales 11,6% y las de combustibles y energía 9,9%. Simultáneamente también se prevé 8% en caída de las importaciones; la única excepción es el de las energéticas que siguen creciendo. En síntesis el superávit de la balanza comercial de u$s 8.000 millones del 2013, se reduciría a u$s 6.3000 en 2014

Para el venidero año el campo dejaría de ingresar alrededor de u$s 5.500 millones con relación al corriente, producto del retroceso del precio internacionales de los granos; a su vez las arcas del Estado se verán menguadas de unos u$s 1.500 millones por menor percepción en materia de retenciones.

Como se desprende de los antecedentes consignados, el Gobierno se encuentra ante un problema mayúsculo para llegar a la finalización del mandato; el dispendio incurrido en estos años está pasando inexorablemente su factura y, para colmo el campo, sector que financió vía inicua presión tributaria los excesos populistas, no sólo no resiste un mayor gravamen, sino que necesita la eliminación de los derechos de exportación en trigo, maíz, girasol y carne, como así una reducción en soja.

La caída de los precios internacionales, el aumento de los costos internos, la falta de competitividad del tipo de cambio, constituyen una combinación nefasta que devora la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, de las economías regionales y lecheras.

Con la situación imperante, seguramente la producción nacional se verá considerablemente afectada, no solamente caerá descenderá la superficie a sembrar, sino que además el uso de tecnología experimentará alguna regresión, con lo que los rendimientos no estarán acorde con el potencial. Las estimaciones previas hacen presagiar una reducción de 2.000.000 del área agrícola, con lo cual sería improbable alcanzar una cosecha total de cereales y oleaginosas de 100.000.000 de TT.

Las derivaciones negativas no sólo perturbarán las finanzas de los productores, consecuentemente los efectos repercutirán en todo el interior, frenando las actividades conexas que se desarrollan al compás del agro.

Está visto que en economía se puede hacer cualquier cosa, salvo no pagar las consecuencias. En Balcarce 50 sólo queda a murmurar…. ¡CUANDRO ME ENTRÉS A FALLAR!

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