Si bien es cierto que en época de crisis económica parece que salen a la luz más casos de corrupción política, ya desde mediados del siglo XX con Victor T. Le Vine y la nueva prensa-denuncia, se comenzó a mediatizar y a poner el foco en las avariciosas tendencias de algunos representantes políticos. Con ese fin se consideró importante saber identificar una actividad corrupta, medirla y penalizarla, como también sugiere Weber en La ética protestante y el espíritu capitalista. En este sentido, en 1995 aparece el Índice de la Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, el cual ha sido, en palabras del profesor de la Universidad de Colgate, Michael Johnston, “la herramienta más extensamente utilizada, y en muchos aspectos, el esfuerzo más ambicioso para medir y comparar el nivel percibido de la corrupción”.
Este índice ha contado desde su creación con una amplia legitimidad y popularidad, tanto a nivel académico como entre organismos de distinta índole. El IPC (o CPI, por sus siglas en inglés) ha sido constituido, al menos hasta hace unos años, como una especie de ‘encuesta de encuestas’ donde las preguntas hacia diferentes ciudadanos de más de 170 países estaban sobre todo orientadas hacia la percepción del ‘problema’, o de su ‘omnipresencia’, ‘nivel’ y ‘número de casos’.
Sin embargo, la percepción que los ciudadanos puedan tener de la corrupción puede resultar en gran medida determinada por diversos factores coyunturales, como el interés de los medios de comunicación de masas, las políticas públicas que promueven la visualización del problema, o la cultura democrática y sensibilidad de los ciudadanos. Así, y tras grandes casos de corrupción destapados en el llamado ‘mundo desarrollado’, en los últimos años ha ido ganando presencia y prestigio en el ámbito de las ciencias sociales un nuevo índice que intenta medir la ‘corrupción de guante blanco’ –tal y como la denomina el catedrático de la LSE, Jason Hickel. Es decir, toda aquella corrupción que se relaciona con paraísos fiscales, fraude, fundaciones de partidos, entre muchos otros.
¿Un Índice ‘bueno’ contra los ‘malos’?
El índice propuesto por Tax Justice Network, llamado Financial Secrecy Index, tiene como uno de sus puntos centrales el estudio de las distintas normativas y leyes que un estado posee a cerca de los distintos sistemas de registros bancarios y sus datos, el secreto bancario, la eficiencia de la Administración Tributaria, así como el origen y destino de las utilidades de una empresa y transparencia en la propiedad de las mismas (tanto públicas como privadas), entre otros.
De este modo resulta una clasificación que poco o nada tiene que ver con los típicosresultados del IPC, donde en los últimos puestos suelen aparecer estados africanos, y en los primeros, estados europeos. Para Tax Justice Network, estados como Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos y Japón son 10 de los Estados con leyes más ineficientes o inexistentes en relación al desvío de capitales, financiación electoral y fraude fiscal que promueven la opacidad en el mundo de las finanzas, el sistema de lobbys y la propiedad empresarial.
Es decir, son estados cuya legislación –especialmente en materia tributaria– funcionan más bien como ‘cómplices’ del PODER (en mayúsculas) ecónomico-financiero, tanto nacional como internacional, convirtiendo a estos estados en paraísos fiscales o en cómplices de los mismos. Éste es el caso del Reino Unido (puesto 21); las particularidades legislativas en materia financiera y tributaria de la City de Londres la convierten en la actualidad en uno de los ejes centrales para la existencia y el ‘buen funcionamiento’ de los paraísos fiscales alrededor del mundo –éstos son, islas a lo largo de los cinco continentes, en los que la reina Isabel II tiene todavía soberanía titular.
Pero esto no es sólo cosa de británicos, en la eurozona se sitúan 14 de los 100 paraísos fiscales que existen en la actualidad, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), y el Consejo fiscal de la Cámara de Cuentas de Francia. Entre ellos se encuentran, además de los ya nombrados, Letonia, Malta, Mónaco, Andorra, Irlanda o Liechtenstein como los destinos más concurridos donde empresas y multimillonarios buscan ‘mejores condiciones’. Pero sus mejores condiciones se traducen en peores condiciones para el resto de la ciudadanía, ya que éste sistema le cuesta a la UE más de un billón de euros anuales.
¿Quiénes son los más perjudicados por estos mecanismos perversos?
No obstante, los países más ricos no son los más perjudicados por esa ‘re-facturación’ –falsificación de algunos documentos y facturas para que sus ganancias aparezcan en paraísos fiscales en los que no pagan o pagan muchos menos impuestos–, sino como suele pasar, lo son los países en vías de desarrollo.
La Convención de la ONU contra la Corrupción de 2009 concluyó que la corrupción les cuesta entre 20 y 40 mil millones de dólares anuales a los países en desarrollo. Sin embargo, según Tax Justice Network, esa cantidad sólo constituye el 3% del total de los flujos ilícitos que abandonan estos países. Es más, sólo en 2013 más 1 billón de dólares se fugaron de países en desarrollo y terminaron ‘refacturados’ en paraísos fiscales. Todo esto, acompañado por lo general de la máxima confidencialidad por parte de bancos, agencias de negocios y abogados.
Los paraísos fiscales no sólo ofrecen numerosas facilidades a empresas que no desean facturar en el lugar donde se realizó la actividad económica, sino que también, y a través de distintos bancos, ofrecen estas condiciones a grandes fortunas, quebrantando el principio de ‘no taxation without representation’, dificultando la redistribución de la riqueza, y contribuyendo a que ciertos Estados se vean casi obligados a depender de la ayuda extranjera y de préstamos en lugar de hacerlo de sus ingresos por impuestos.
Se puede afirmar que la ‘corrupción de guante blanco’ es uno de los ejemplos más evidentes, por sus dimensiones y efectos, de una corrupción que funciona en red dentro del nuevo contexto global; grandes fortunas y transnacionales, que aún a expensas de emplear a los trabajadores y utilizar las infraestructura de un Estado, no declaran sus beneficios al mismo, influyendo muy negativamente en la financiación de proyectos sociales en los países de donde se realizó la actividad económica. Aunque como en otros casos, este tipo de mecanismos vinculados al sector privado, caen en el vacío legal o, se benefician de una Legislación Penal Internacional que en materia de corrupción es muy escasa y una Política Criminal que sólo funciona a escala estatal.
FUENTE: Publicado en Unitedexplanations.org
http://www.unitedexplanations.org/2014/09/17/la-corrupcion-de-guante-blanco-y-el-nuevo-indice-del-que-escucharas-hablar/
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